Imagen: Carlos Zahumenszky / Gizmodo en Español

El gobierno de España pretende tomarnos por idiotas. Esta semana se filtró el borrador de un decreto ley que modificará la Ley de Propiedad Intelectual para seguir cobrando un canon por nuestro derecho a hacer copias privadas.

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Como ya nadie hace copias privadas, el nuevo canon digital contempla de alguna manera las descargas offline de fuentes como Netlfix y Spotify.

¿Canon digital? ¿No era ilegal?

El canon digital es un impuesto que se paga en numerosos países para compensar a los autores de contenidos con copyright por las supuestas copias que se hacen de sus trabajos en el ámbito privado.

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El problema es que el gobierno de España aplicó el canon de manera tan indiscriminada que acabaron pagando sobre todo los profesionales y la Administración Pública, que no usaban los soportes gravados para hacer copias privadas sino para almacenar otro tipo de contenido. De ahí que el Tribunal de Justicia europeo declarara ilegal el canon a la española.

Al suprimirse el famoso canon digital, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual (la SGAE y compañía) se quedaron descapitalizadas. Al parecer, el gobierno tiene mucho miedo a las presiones de estas entidades que velan por los autores, así que anda buscando la manera de recaudar el canon como sea. Esta vez, asegurándose de que queden excluidos de antemano profesionales y Administración Pública.

Del artículo 25:

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Quedarán exceptuadas del pago de la compensación:

  • Las Administraciones Públicas para uso profesional en el ejercicio exclusivo de su actividad.
  • Personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional del equipo.
  • Quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras.

Qué tienen que ver Netflix y Spotify en todo esto

El problema es que llevamos 14 años de legislaciones sobre la copia privada y hoy en día nadie hace ya copias privadas. ¿Quién hace una copia de un DVD o de un Blu-ray en la era de Netflix? El canon se pensó para usuarios que ahora son una minoría muy marginal. Los consumidores vemos películas y escuchamos música en streaming. ¿Cómo se justifica entonces un canon digital para seguir recaudando dinero para las entidades de gestión?

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Fácil, modificando la definición de copia privada para incluir también la reproducción “a partir de fuentes lícitas”. Con la nueva ley quedarían incluidas en la definición de copia privada las películas offline de Netflix, las listas descargadas de Spotify o las copias que tenemos de libros electrónicos comprados en la tienda Kindle de Amazon. Solucionado.

“A las entidades de gestión les interesa ensanchar como sea el concepto de copia privada”, explica Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en la Ley de Propiedad Intelectual y parte de Bufet Almeida. “Esto hace que puedan cobrar a consumidores finales por todo tipo de dispositivos”.

Cómo vamos a pagar el nuevo canon digital

El canon no lo pagaremos directamente los consumidores, sino “los fabricantes en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción, en tanto actúen como distribuidores comerciales”.

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Es decir, los vendedores de todo tipo de dispositivos capaces de reproducir contenido con copyright (móviles, tablets, discos duros externos...) tendrán que añadir al precio de estos dispositivos la tasa del futuro canon para que repercuta en nosotros, sin importar lo que vayamos a almacenar dentro.

Los comerciantes tendrán que llevar, por lo tanto, una triple contabilidad: la de su negocio, la de los impuestos y una nueva contabilidad que va a ser la de las entidades de gestión. Dejarán apartado un dinero por cada móvil que vendan y harán un ingreso cada mes para las entidades de gestión.

“Un auténtico despropósito”

Lo escandaloso del nuevo canon digital es que el gobierno pretenda sacarlo como decreto ley. El borrador habla del canon digital como una “urgente y extraordinaria necesidad”, una frase que no está puesta así por casualidad ya que el artículo 86.1 de la Constitución permite legislar sin el escrutinio del Parlamento en caso de necesidades urgentes y extraordinarias.

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“Es un despropósito que lo saquen como extraordinaria y urgente necesidad porque esto no es una inundación ni un terremoto, esto es una salida de tiesto importante para hurtar el asunto del debate público”, comenta Sánchez Almeida. Hecha la ley, hecha la trampa: con las modificaciones, una orden ministerial permitirá gravar sin ningún tipo de control toda clase de dispositivos con un nuevo canon digital.

“No me extrañaría que el PP propusiera el decreto y el PSOE mirase para otro lado”, dice Carlos Sánchez Almeida. “Pero me parecería una barbaridad que esto se aprobase por decreto ley”.