Foto: Victor R. Caivano / AP Images.

La Presidencia de México reveló cuántas intervenciones de comunicaciones fueron realizadas por las autoridades a lo largo de 2016 gracias a una solicitud de la Cámara de Diputados. Durante los últimos años se han ido realizando cada vez más intervenciones, pasando de docenas a cientos de casos en poco tiempo.

El estado del espionaje gubernamental y la vigilancia ciudadana en México ha ido de mal en peor durante la última década, como diferentes estudios y organizaciones sin fines de lucro han plasmado en sus últimos informes. Uno de ellos es el de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (mejor conocida simplemente como R3D), que en su más reciente informe publicó los datos de casos de espionaje que llevó a cabo el gobierno entre 2013 y 2015.

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Entre esos años se llevaron a cabo 3182 solicitudes de autorización judicial para realizar una intervención de comunicaciones privadas, y la enorme mayoría de estas fueron aprobadas por el juez de turno. En el caso de 2013, de 872 solicitudes solamente fueron negadas 54; en 2014, de 1165 solicitudes solamente negaron 52; y por último en 2015, de 1144 solicitudes la justicia negó 62. Eso significa que solo un 5.28% de las solicitudes fueron rechazadas entre esos años.

En 2016, la tendencia no ha sido diferente. La oficina del presidente Enrique Peña Nieto se ha visto obligado a dar los datos oficiales de casos de espionaje que llevó a cabo sobre los ciudadanos mexicanos en el año: un total de 819 intervenciones de comunicaciones privadas.

Foto: Christian Palma / AP Images.

Siendo más específica, la presidencia anunció que el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) realizó 732 solicitudes de intervención y la justicia le aprobó 720, mientras que la Policía Federal realizó 123 solicitudes y le fueron autorizadas 99. No obstante, tomando en cuenta que no se conocen los datos de otros entes gubernamentales no podemos estar seguros de que estas fueron todas las solicitudes de intervenciones de telecomunicaciones que se llevaron a cabo a lo largo del año.

La Presidencia de la República aseguró total transparencia ante la solicitud de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), y que todas las intervenciones aprobadas por un juez se realizaron al investigar posibles “amenazas y riesgos”. De hecho, una de las intervenciones habría sido de una llamada entre Joaquín Guzmán Loera, el criminal mejor conocido como “El Chapo”, y la actriz mexicana Kate del Castillo.

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Sin embargo, desde R3D nos recuerdan que “únicamente en un 8.73% de las averiguaciones en las que se utilizó alguna medida de vigilancia entre los años 2013 y 2015 se ha ejercido acción penal”. Dicho de otro modo, la gran mayoría de estas intervenciones podría haber quedado en nada. La privacidad de ese 91.17% de personas fue vulnerada para al final no haber sido acusados de ningún delito.

La vigilancia ciudadana es un tema delicado para muchos legisladores y la encuentran en un área moral gris. Y es que aunque es cierto que intervenir una llamada podría ayudar a prevenir un crimen, en la mayoría de los casos en México esa intervención parece quedar en nada. De cualquier forma, cada vez son más los casos de llamadas “pinchadas” y comunicaciones intervenidas por las autoridades en la nación, y si la tendencia continúa podemos esperar muchas más en 2017.

[vía Respuestas de la Presidencia a la Cámara de Diputados / Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de México / Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) / Aristegui Noticias / El País]

Esta es la Gaceta Parlamentaria donde la presidencia respondió las preguntas de la Cámara de Diputados en relación al espionaje:

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