En un intento por modernizar la economía y atraer inversión extranjera, El Salvador apostó fuerte por el bitcoin en 2021. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, generó gran expectativa internacional y controversia local.
Sin embargo, tras más de tres años, el uso de la criptomoneda no ha sido adoptado por la mayoría de la población, y el gobierno ha decidido modificar su estatus legal. Esta decisión no solo responde a factores internos, sino también a compromisos con organismos financieros internacionales.
La reforma a la ley Bitcoin
El Congreso salvadoreño, controlado por el partido oficialista, aprobó recientemente una reforma a la Ley Bitcoin. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la palabra “moneda” en el texto legal, aunque se mantiene la referencia a que el bitcoin es de “curso legal”.
Sin embargo, la reforma introduce una diferencia clave: ya no será obligatorio aceptar pagos en bitcoin. Antes, cualquier negocio o persona debía recibirlo como forma de pago si el deudor lo ofrecía. Con la nueva normativa, su uso será totalmente opcional, lo que lo aleja de la definición tradicional de “moneda de curso legal”.
Este cambio responde en gran parte a la necesidad de cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual El Salvador acordó un préstamo de 1.400 millones de dólares en diciembre de 2024.
Un uso limitado en la población
Pese a la fuerte promoción del gobierno y los incentivos iniciales, como la entrega de 30 dólares en bitcoin a los ciudadanos a través de la billetera estatal Chivo, la criptomoneda nunca logró una adopción masiva.
Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), un 92% de los salvadoreños no utilizó bitcoin en sus transacciones en 2024. Muchos ciudadanos consideran su uso complicado y arriesgado, especialmente en un país donde la mayoría de la población está acostumbrada al dólar estadounidense.
«Lo intenté usar, pero me pareció muy difícil y terminé perdiendo dinero», comentó Juana Henríquez, enfermera de 55 años. Testimonios como el suyo reflejan el desinterés generalizado por la criptomoneda en la vida cotidiana.
Bitcoin City: una promesa inconclusa
Además de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, el gobierno de Bukele anunció en su momento la creación de Bitcoin City, una ciudad futurista que funcionaría como epicentro global para la minería y el comercio con criptomonedas. Este ambicioso proyecto fue presentado con grandes expectativas, pero hasta la fecha no ha pasado de ser una propuesta en el papel.
En el país, algunos lugares han atraído a comunidades de inversionistas en bitcoin, como la playa El Zonte o la ciudad de Berlín, pero su impacto sigue siendo limitado y se concentra en extranjeros interesados en la tecnología blockchain.
La posición del gobierno y las reservas de bitcoin
A pesar de la reforma legal, el gobierno de Bukele ha reiterado su apoyo al bitcoin. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que la modificación en la ley responde a una adaptación a la “coyuntura”, pero que la apuesta por la criptomoneda se mantiene.
El gobierno continúa comprando bitcoines y, según la Oficina Nacional Bitcoin, El Salvador posee 6.050 bitcoines, con un valor estimado de 634,8 millones de dólares.
No obstante, analistas como Rafael Lemus han advertido sobre la necesidad de mayor transparencia en la administración de estos fondos, ya que las compras de bitcoin se han realizado sin informes detallados y sin un mecanismo de auditoría pública.
Perspectivas futuras
El cambio en el estatus del bitcoin en El Salvador no significa su desaparición, sino una corrección en su aplicación. La criptomoneda seguirá circulando en el país, pero sin la obligatoriedad inicial.
Mientras tanto, el gobierno continúa apostando por el alza en el valor del bitcoin y espera que una posible reelección de Donald Trump en Estados Unidos impulse su cotización. Bukele ha evitado hacer declaraciones sobre la reforma, pero sigue promocionando la criptomoneda en sus redes sociales.
Aún es pronto para determinar si esta reforma representa el fin del experimento con el bitcoin en El Salvador o simplemente un ajuste estratégico. Lo que es claro es que, tras más de tres años, la criptomoneda no se ha convertido en el motor económico que el gobierno esperaba.
