Esta semana, se espera que el Congreso vote un proyecto de ley que actualizaría poderes clave de vigilancia federal. La legislación ha sido empaquetada según sus sus proponentes como un proyecto de ley de reforma, pero los defensores de la privacidad dicen que en realidad ampliaría enormemente las capacidades de espionaje del gobierno.
HR 7888, o el Reformar la Ley de Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, renovaría poderes clave de vigilancia de los que disfruta la comunidad de inteligencia estadounidense, ampliamente conocida como Sección 702. La Sección 702 fue creada en 2008 como parte de la Ley de Enmiendas de FISA, que le dio al gobierno la autoridad legal para llevar a cabo una vigilancia sin orden judicial de los estadounidenses que se comunican con personas fuera del país. La ley permite la comunidad de inteligencia estadounidense (la mayoría en particular la NSA) llevar a cabo una “vigilancia selectiva” de personas fuera de los EE.UU. con la “asistencia obligatoria de proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas », cuando una tribunal gubernamental lo considere necesario por razones de seguridad nacional.
Si bien el gobierno ha dicho que esta actividad de vigilancia está dirigida exclusivamente a no estadounidenses, la ley ha Permitió repetidamente que las comunicaciones de grandes cantidades de estadounidenses quedaran atrapadas en la red del gobierno.. Como el Centro Brennan, una organización legal sin fines de lucro, lo ha puesto previamente, La Sección 702 se ha convertido en una herramienta de “espionaje doméstico” que se utiliza para “realizar cientos de miles de búsquedas por puerta trasera sin orden judicial”. para las comunicaciones privadas de los estadounidenses cada año”.
En el pasado, el gobierno ha realizado gran parte de su espionaje aprovechando los flujos de información de proveedores de comunicaciones en línea. Ahora, sin embargo, la nueva actualización ampliaría enormemente la capacidad del gobierno para delegar a las empresas estadounidenses el espionaje de las comunicaciones. El lenguaje dentro del proyecto de ley hace que sea difícil entender qué tipo de organizaciones estarían obligadas a espiar para el gobierno y cuáles estarían exento.
“La definición es increíblemente amplia”, dijo a Gizmodo Kia Hamadanchy, asesora superior de política federal de la ACLU. en diciembre, eso fue tremendamente problemático”. La nueva versión, que se lanzó esta semana, ahora exime a “ciertos negocios, como hoteles, por Por ejemplo”, dice. Sin embargo, el mismo hecho de que estas excepciones sean necesarias parecería hablar de la naturaleza excesivamente amplia de la alcance legal del proyecto.
En un escrito Acerca de la versión más reciente de la legislación, el experto jurídico Marc Zwillinger describe el amplio alcance de la ley propuesta:
La nueva enmienda, a pesar de estas exclusiones, aún permitiría al gobierno obligar a la asistencia de una amplia gama de entidades y entidades adicionales. personas que realizan vigilancia según FISA 702. La amplitud de la nueva definición es obvia por el hecho de que los redactores se sintieron obligados a excluir lugares comunes como centros para personas mayores, hoteles y cafeterías. Sin embargo, para estas excepciones específicas, el alcance de la nueva definición cubralos, y decenas de empresas que no recibieron una exención específica permanecerán dentro de su ámbito.
E incluso con estas excepciones específicas, la definición incluiría, por ejemplo, a los propietarios y operadores de instalaciones en las que se utilizaban los equipos domésticos para almacenar o transportar datos, como centros de datos y edificios propiedad de propietarios comerciales, que simplemente tienen acceso a equipos de comunicaciones en su espacio físico . También podría incluir a otras personas con acceso a dichas instalaciones y equipos, incluido el personal de entrega, los contratistas de limpieza y los proveedores de servicios públicos.
En otras palabras, el gobierno podría delegar una cantidad desconocida del sector privado para que actúe como su propio activo de inteligencia personal. . De hecho, Hamadanchy da algunos ejemplos de empresas que potencialmente podrían entrar en esta categoría y son numerosos: “Propietarios comerciales, tiendas de comestibles, peluquerías, ferreterías, centros de gimnasio» o, como él dice, «cualquiera con conexión WiFi».
Aún así, sigue sin estar claro qué, exactamente, se les pediría a estas empresas que hicieran, una vez que estuvieran involucradas en dicho trabajo de espionaje. En el caso de los propietarios comerciales, por ejemplo, no parece claro qué papel podría desempeñar el propietario de un negocio si se le pide que vigile un objetivo. para el gobierno. Dicho esto, es fácil especular. Mi suposición es que acudirían al “propietario” y luego tocarían a la red WiFi de ese edificio”, ofreció Hamadanchy.
Si todo esto no le parece un poco horripilante, probablemente debería. “Este es un proyecto de ley malo”, dijo Hamadanchy. No deberíamos hacer un mal proyecto de ley. Deberíamos tomarnos el tiempo para hacerlo bien”. Hamadanchy dijo que las reglas del Senado podrían permitir que el proceso político se prolongara hasta el domingo y que esperaba que pudiera haber un esfuerzo para despojarle de su políticas más controvertidas.
Sin embargo, la administración Biden ha presionado intensamente para que se apruebe el proyecto de ley. El miércoles, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan emitió una declaración afirmando que la nueva legislación garantizaría “que el gobierno de Estados Unidos tenga las herramientas para proteger nuestra seguridad nacional, al tiempo que mejora dramáticamente la protección de Privacidad y libertades civiles». Posteriormente, pidió al Senado que «enviara rápidamente el proyecto de ley al escritorio del Presidente».
