La tasa de fecundidad en América Latina ha experimentado un descenso histórico. En la década de 1950, las mujeres tenían un promedio de 5,8 hijos durante su vida. En 2024, este número se ha reducido a 1,8, marcando una caída sin precedentes en la región. Países como Chile y Costa Rica destacan por reducciones notables del 91% y 70%, respectivamente.
Este cambio no solo refleja un patrón regional, sino también una transformación en las edades reproductivas. Las mujeres han retrasado la maternidad; mientras que en el año 2000 la mayoría tenía hijos a los 21 años, en 2024 la edad promedio es de 24 años. Para 2050, se espera que esta cifra alcance los 28 años. Estas tendencias subrayan un cambio cultural y económico que afecta la estructura demográfica de los países latinoamericanos.
Un envejecimiento acelerado plantea nuevos desafíos
El envejecimiento de la población es otro fenómeno clave en la transformación de América Latina. Según la Cepal, la edad promedio de los habitantes ha pasado de 18 años en los años cincuenta a 31 años en 2024. Esta evolución presenta desafíos significativos para los gobiernos, particularmente en términos de salud y servicios de cuidado a largo plazo.
La Cepal enfatiza que este envejecimiento afecta múltiples aspectos de la política pública, desde el diseño de los sistemas de pensiones hasta la infraestructura sanitaria. Los países deberán adaptarse a una realidad donde la proporción de adultos mayores seguirá aumentando, exigiendo recursos y planificación a largo plazo para garantizar el bienestar de esta creciente población.
Proyecciones revisadas y el impacto de la pandemia
En el año 2000, la Cepal proyectaba que América Latina y el Caribe alcanzarían los 689 millones de habitantes en 2024. Sin embargo, la cifra real es de 663 millones, un 3,8% menos. Este ajuste refleja el impacto combinado de la caída en la fecundidad y el aumento de la mortalidad, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Estos cambios demográficos no solo desafían las proyecciones pasadas, sino que también obligan a los gobiernos a repensar sus estrategias a futuro. Con menos nacimientos y una población más envejecida, las políticas públicas deberán evolucionar para abordar estas tendencias y garantizar un desarrollo sostenible en toda la región.
