En los Andes de Ecuador, un pequeño sapo negro con el vientre de color rojo anaranjado se convirtió en el protagonista de una disputa judicial poco común. Su nombre científico es Atelopus ignescens, aunque se lo conoce como sapo arlequín jambato. Durante años se lo dio por extinto en estado silvestre. Hoy tiene representación legal y logró, al menos por ahora, frenar las obras de una carretera.
«El sapo es mi cliente», resumió Gustavo Redín, vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), en declaraciones recogidas por National Geographic.
De miles de ejemplares a ninguno
El jambato fue alguna vez muy común en la región andina de Ecuador. Exploradores del siglo XIX y herpetólogos de la década de 1970 hablaban de esta especie «por cientos y miles», según el herpetólogo Juan Guayasamín, de la Universidad San Francisco de Quito. Pero apenas una década después, había desaparecido. El último registro conocido fue en 1988, y para los años 90 se lo consideraba extinto en estado silvestre.
Los científicos sospechan que detrás de esa caída hubo una combinación de períodos cálidos y secos y la llegada del hongo quitridio, Batrachochytrium dendrobatidis, que ataca la piel de los anfibios y alteró poblaciones enteras en todo el mundo. Los sapos arlequín del género Atelopus, que viven en Centro y Sudamérica, están entre los más golpeados.
El niño que lo encontró
En 2016, un niño de 12 años del valle de Angamarca, en la provincia de Cotopaxi, encontró un ejemplar. Fue una noticia extraordinaria: la especie seguía viva. Un relevamiento realizado entre 2021 y 2022 localizó 71 individuos en el valle, y organizaciones ambientalistas estiman que la población total podría estar entre 92 y 359 ejemplares. «El jambato se convirtió ahora en un símbolo de esperanza», señaló Guayasamín.
Una carretera necesaria, un hábitat único
El conflicto apareció cuando el gobierno provincial de Cotopaxi aprobó en 2024 la ampliación de la única vía de acceso al valle de Angamarca, que conecta a unas 7.000 personas con la costa. Las obras incluyen remoción de tierra y explosiones, y voluntarios advirtieron que los escombros caían hacia el río, en el único hábitat conocido de la especie.
Para la comunidad, el camino es imprescindible, entre otras cosas para trasladar emergencias a los centros de salud. «Desde una perspectiva técnica, territorial y de eficiencia de la inversión pública, no es razonable modificar el trazado», sostuvo Romeo Vichicela, presidente del gobierno parroquial de Angamarca.
Un sapo ante la justicia
En septiembre de 2024, CEDENMA y la organización Alianza Jambato pidieron a la justicia que detuviera las obras. En enero de 2026, un juez local las suspendió hasta que la provincia demostrara que no habría daño ambiental grave. En febrero, un tribunal superior otorgó una acción de protección a favor del sapo, ordenó frenar la construcción y pidió al gobierno nacional medidas para resguardarlo. El caso sigue abierto: una nueva instancia de apelación estaba prevista para el 12 de octubre.
El caso es posible gracias a una particularidad legal: desde 2008, la Constitución de Ecuador reconoce derechos a la naturaleza, algo que el país fue pionero en hacer. Desde entonces, otros países incorporaron ideas similares en sus leyes o sentencias. «Los derechos de la naturaleza buscan establecer un equilibrio entre los intereses humanos y los de la naturaleza», explicó el abogado Hugo Echeverría. El desafío, en Angamarca, es encontrar ese equilibrio entre un camino que la comunidad necesita y una especie que estuvo a punto de perderse para siempre.
