En la era de la inteligencia artificial y la competencia tecnológica global, los semiconductores no son simples componentes: son piezas clave de poder. La reciente decisión presidencial de levantar restricciones a dos gigantes tecnológicos para vender a China, bajo un esquema de cobro directo, reabre un debate sobre dónde termina la política comercial y dónde empieza —o se erosiona— la seguridad nacional.
Chips “viejos” con un papel decisivo
Donald Trump describió los H20 de Nvidia como obsoletos, pero su demanda en China contradice esa etiqueta. En 2024, Nvidia colocó un millón de unidades en ese mercado, cinco veces más que Huawei. Gracias a la interfaz CUDA, son esenciales para entrenar modelos de IA avanzados, como demostró la firma china DeepSeek con un sistema que rivaliza con OpenAI y Google a menor coste.
Hasta abril, Washington mantenía una línea dura: licencias restrictivas para impedir su exportación. Sin embargo, el cambio de rumbo, sin contrapartidas de Pekín, abre una brecha en una de las pocas áreas donde China sigue siendo vulnerable: el acceso a chips de alto rendimiento.
Vulnerabilidades estratégicas sin aprovechar
China ya cuenta con talento científico, datos, energía y un control del 70% de las tierras raras necesarias para equipos militares y digitales. Esa dependencia estadounidense podría haberse negociado como parte de un acuerdo más amplio. En su lugar, la decisión deja intactas carencias críticas como la escasez de imanes resistentes al calor para misiles y aviones de combate, justo cuando EE. UU. aumenta su presencia en el Indo-Pacífico.
Un patrón que trasciende la tecnología
El caso recuerda la gestión de TikTok: una prohibición avalada por la Corte Suprema que fue pospuesta y, en la práctica, ignorada. En ambos escenarios, la administración permitió transacciones con actores chinos que antes consideraba peligrosos, sin obtener beneficios estratégicos claros, pero con posibles ventajas políticas o financieras inmediatas.
Política fiscal y control discrecional
Con un déficit proyectado en 4,1 billones de dólares, el cobro del 15% a las tecnológicas puede presentarse como una medida recaudatoria. Sin embargo, la ley no especifica el destino de esos fondos, lo que deja abierta la posibilidad de usarlos para fines alejados de la seguridad nacional.
El mensaje que perciben aliados y rivales es inquietante: en el tablero global, la seguridad nacional de Estados Unidos puede ponerse a la venta si el precio satisface otros intereses más urgentes para la administración.
