La Ley CHIPS, aprobada en 2022 bajo la administración de Joe Biden, fue concebida como la gran apuesta de Estados Unidos para competir con Asia en la carrera de los microchips. Sin embargo, apenas tres años después, Donald Trump ha iniciado un proceso de desmantelamiento que reconfigura el tablero global. Los efectos trascienden lo político y ponen en jaque a la investigación y al futuro de la industria de los semiconductores.
Un programa multimillonario en entredicho
La Chips and Science Act preveía destinar 52.000 millones de dólares directamente a compañías de semiconductores para reforzar la producción y reducir la dependencia de Asia, especialmente de Taiwán. Pero el nuevo gobierno ha decidido redirigir al menos 2.000 millones hacia proyectos de extracción y procesado de minerales críticos, un sector dominado por China.
La medida tiene lógica estratégica, pero deja coja a la propia industria de chips, que depende de un flujo constante de investigación y de instalaciones de vanguardia para sostener su competitividad.
El salto de la inversión industrial en EEUU. La Ley de Reducción de la Inflación y la Chips Act, entre otras. Subvenciones multimillonarias del sector público al privado. Además de la desindustrialización de Europa a favor de EEUU. Magníficas jugadas de Biden, hay que decirlo. pic.twitter.com/PRX7M2Xvr4
— Geopolitiquero (@Realgeopolitica) January 31, 2024
El golpe a NATCAST y a la investigación
Uno de los movimientos más polémicos ha sido la incautación de 7.400 millones de dólares al Centro Nacional para el Avance de la Tecnología de Semiconductores (NATCAST), una organización sin ánimo de lucro creada bajo el paraguas de la Ley CHIPS.
NATCAST estaba al frente de proyectos clave como el Acelerador de Luz de Ultravioleta Extremo en Albany (Nueva York) y un centro de I+D en Tempe (Arizona). Ambos resultan esenciales porque la tecnología UVE es la que permite a la holandesa ASML fabricar los equipos de litografía más avanzados del planeta, imprescindibles para los chips de última generación.
El futuro de estas instalaciones queda ahora en el aire, con un riesgo claro de frenar avances tecnológicos que impactan en toda la cadena de suministro mundial.
Una disputa política con consecuencias globales
El discurso de Trump ha sido claro: considera que la Ley CHIPS fue un “regalo” a grandes corporaciones y un “fondo de sobornos” en manos de la administración Biden. Bajo esa narrativa, el desmantelamiento busca justificar la repatriación de la producción mediante aranceles a chips y productos farmacéuticos fabricados en el extranjero.
Múltiples inversiones se han activado en el sector manufacturero de EEUU luego de las leyes de Reducción de la Inflación (subsidios verdes) y la Ley de Chips y Ciencia.
Qué se puede aprender de estas nuevas políticas que rompen esquemas anteriores utilizados? pic.twitter.com/IE3B13nqJE
— Nathan Nadramija (@NNnadramija) July 27, 2023
Pero más allá de la política interna, el vacío de financiación en investigación golpeará a toda la industria global, dado que buena parte de las innovaciones nacidas en EEUU nutren a fabricantes de todo el mundo.
¿Y ahora qué?
La gran incógnita es hacia dónde se dirigirán los fondos incautados. El Departamento de Comercio aún no ha detallado cómo se utilizarán los 7.400 millones confiscados, y las dudas sobre el futuro de la I+D en semiconductores crecen.
Lo cierto es que EEUU se enfrenta a un dilema: proteger sus recursos estratégicos inmediatos o mantener el liderazgo tecnológico global. Un equilibrio complejo que marcará el pulso de la industria en los próximos años.
Fuente: Xataka.
