En varios rincones de Latinoamérica se percibe un fenómeno tan sutil como alarmante: mientras aumentan las denuncias de abusos hacia niñas, niños y adolescentes, la atención pública parece moverse hacia otro lado. La sociedad observa, muchas veces en silencio, cómo quienes han sido señalados por crímenes recuperan legitimidad y visibilidad, mientras las víctimas quedan relegadas, invisibles, y en ocasiones, hasta sospechadas.
Una narrativa que borra a las víctimas y exalta a los ofensores
En el centro de esta transformación cultural, figuras públicas acusadas de violencia sexual reaparecen en los medios como si sus antecedentes no existieran. Algunas incluso se presentan como víctimas de una supuesta “cancelación”, logrando revertir el foco de atención y empatía hacia sí mismas. Esta estrategia diluye la gravedad de los hechos y desplaza a las verdaderas víctimas del relato social.
Los discursos mediáticos colaboran con esta inversión simbólica al insistir en el mito de las falsas denuncias. Se las exhibe como frecuentes, cuando en realidad representan una minoría ínfima frente a la magnitud de los casos comprobados. Así, la narrativa termina reforzando a los ofensores y debilitando la credibilidad de quienes buscan justicia, profundizando un clima de descreimiento generalizado.
Mitos que perpetúan la impunidad y desalientan la denuncia
Estudios internacionales han advertido que esta dinámica no es exclusiva de una región. En distintos países, los medios suelen resaltar la trayectoria o el arrepentimiento del agresor, mientras invisibilizan a las víctimas. Este enfoque, lejos de ser inocuo, erosiona la confianza en el sistema y perpetúa la impunidad: desalienta nuevas denuncias y dificulta que las víctimas accedan a reparación y justicia.
En Latinoamérica, los datos revelan un panorama estremecedor: siete de cada diez víctimas de violencia sexual son menores de edad y ocho de cada diez abusos ocurren en entornos familiares o cercanos. Sin embargo, la mayoría nunca llega a ser denunciada. Este silencio forzado no es casual, sino el resultado de un entorno social que tiende a proteger al agresor y poner en duda a quien acusa.
El peligro de normalizar lo intolerable
Algunos debates han citado al investigador estadounidense David Finkelhor, quien propone incluir a ofensores en estrategias de prevención. Si bien sus aportes han sido relevantes, han sido también cuestionados por no abordar con suficiente profundidad las desigualdades de género y las estructuras de poder que sostienen la violencia. Esto evidencia la necesidad de que cualquier trabajo con ofensores se realice desde ámbitos de justicia, salud y educación, no desde la lógica mediática del espectáculo.
Lo que ocurre actualmente es más grave: crímenes que dejaron huellas imborrables se presentan como inexistentes o prescritos, y sus responsables son celebrados públicamente. Esta edulcoración simbólica borra a las víctimas, las hace parecer sospechosas y devuelve legitimidad al agresor, instalando una peligrosa pedagogía del silencio.
Una deuda con la infancia que no admite excusas
La consecuencia más devastadora de este desplazamiento narrativo es el mensaje que reciben las nuevas generaciones: que sus voces valen menos, que el daño puede ser negado y que el agresor puede ser admirado. Este aprendizaje de sumisión y silencio perpetúa la impunidad, erosiona la salud emocional colectiva y compromete el futuro de toda la sociedad.
Mientras las cifras de abusos siguen creciendo, el espacio público se centra en debates ficticios, en lugar de interpelar a la sociedad por su deuda con la infancia. No se amplifican suficientes voces de sobrevivientes ni se convoca a especialistas capaces de dimensionar las secuelas. Así, la violencia se vuelve paisaje, naturalizada, convertida en una pandemia invisible.
Romper con esta narrativa es urgente: es necesario devolver a niñas, niños y adolescentes el lugar central que merecen y construir una cultura basada en la memoria, la justicia y el cuidado, que no tolere la impunidad ni el olvido.
[Fuente: Infobae]
