El calendario para el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas parecía definido. Sin embargo, en las últimas semanas, la presión de las eléctricas, los vaivenes del mercado energético y el contexto europeo han devuelto el debate al primer plano. El Gobierno se mantiene firme, pero la negociación —aunque no formal— parece inevitable. La planta de Almaraz marca el primer punto de inflexión de una partida que apenas comienza.
Un intercambio que reabre la partida
Una carta enviada por Iberdrola y Endesa solicitaba reabrir el debate sobre el calendario de cierre nuclear, previsto entre 2027 y 2035. Según las compañías, prolongar la vida útil de ciertas plantas reduciría el coste de la electricidad para los consumidores. El Ministerio para la Transición Ecológica respondió dejando la puerta entreabierta, pero fijando tres condiciones innegociables: sin sobrecostes para la ciudadanía, con garantía de suministro y cumpliendo todos los estándares de seguridad nuclear.
Aunque no se trata aún de una negociación formal, el gesto bastó para encender las alarmas políticas y mediáticas. Naturgy y EDP no firmaron la carta, lo que deja en solitario a las dos grandes eléctricas en esta cruzada por la continuidad nuclear.
Almaraz como termómetro del conflicto
La central de Almaraz, en Cáceres, se perfila como el primer campo de batalla. Su primer reactor debería cerrar en 2027, el segundo en 2028. Pero sus propietarias aún no han acordado las inversiones necesarias para prolongar su vida útil. La reunión clave prevista para junio se pospuso, y todo apunta a que no habrá movimientos hasta septiembre, cuando podría presentarse una propuesta renovada.
Endesa ya ha deslizado su intención de negociar una rebaja fiscal, especialmente de tasas autonómicas y del coste de desmantelamiento que gestiona Enresa. El Gobierno, sin embargo, lo rechaza: cualquier reducción impositiva que repercuta en los ciudadanos queda fuera del marco aceptable.
El Congreso, Europa y las sombras del futuro
El Partido Popular prepara una proposición de ley para ampliar la vida útil del parque nuclear, con el apoyo de varios gobiernos autonómicos. Incluso formaciones como Junts o ERC podrían mostrar flexibilidad, lo que añade presión parlamentaria al Ejecutivo. Pero Pedro Sánchez ya zanjó en mayo: si las eléctricas quieren seguir operando, que lo paguen ellas.
Mientras tanto, Europa lanza señales contradictorias: la energía nuclear no es considerada renovable por la legislación actual, pero sí forma parte de la “taxonomía verde” desde 2022, lo que permite financiarla como sostenible.
Renovables, tensión e incertidumbre
El Ministerio ha reforzado su apuesta por un sistema 100% renovable con un nuevo Real Decreto que potencia el almacenamiento y electrificación. No menciona la energía nuclear, pero deja claro hacia dónde se dirige la política energética española.
Por ahora, la situación se resume en una tensa espera. El verano traerá calor… y decisiones clave. Almaraz podría marcar el inicio de una prórroga que nadie se atreve aún a confirmar, pero que muchos ya están negociando entre líneas.
Fuente: Xataka.
