Virginia Aparicio lleva más de dos décadas siguiendo algo que normalmente no podemos ver. Es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y del CONICET, y buena parte de su carrera estuvo dedicada a rastrear qué ocurre con los plaguicidas una vez que abandonan el campo.
En 2020 esa pregunta pasó a formar parte de SPRINT, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que reunió a centros de investigación de diez países europeos, al INTA argentino y a la FAO. La idea era ambiciosa: buscar residuos de más de 200 plaguicidas en personas, animales, alimentos, agua, suelo y hasta en el polvo de las casas. El propio INTA presentó públicamente el proyecto y a Aparicio como una de sus responsables en Argentina.
Lo que encontraron después abrió un conflicto que todavía no terminó.
El glifosato apareció incluso dentro del cuerpo humano
Durante 2021, el equipo argentino trabajó con 73 voluntarios del sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre productores convencionales y agroecológicos, habitantes de zonas rurales y consumidores sin relación directa con tareas agrícolas. Además de sangre, orina y materia fecal, se analizaron alimentos, polvo doméstico, agua, suelo y muestras animales.
Uno de los resultados más llamativos terminó publicado en 2026 en Environment International. El glifosato apareció en el 86% de las muestras de orina correspondientes al sitio argentino, frente al 35% de las europeas. En materia fecal, fue detectado en el 100% de las muestras argentinas analizadas, frente al 71% en Europa.
Eso no significa que “el 86% de los argentinos tenga glifosato”: el estudio analizó un grupo reducido y localizado, por lo que no puede extrapolarse a toda la población del país. Tampoco detectar el compuesto demuestra, por sí mismo, que haya provocado una enfermedad.
Pero el experimento sí mostró hasta dónde puede extenderse la exposición. Los análisis argentinos encontraron mezclas de plaguicidas en diferentes matrices humanas y ambientales, incluso en personas que no trabajaban directamente aplicándolos. El propio artículo científico concluyó que la exposición al glifosato estaba ampliamente distribuida y que analizar materia fecal revelaba una presencia mayor de la que mostraban únicamente los análisis de orina.
Entonces llegó una orden: los resultados no se presentaban
El siguiente paso debía ser mucho menos espectacular que el análisis de laboratorio: devolver los resultados a los participantes. Pero esa reunión nunca ocurrió.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostiene que en junio de 2023 el INTA impidió la difusión de las mediciones realizadas sobre los 73 participantes. El 7 de diciembre de ese mismo año, todavía durante la administración anterior, el organismo decidió retirarse institucionalmente del proyecto SPRINT.
El dato temporal importa. El conflicto por la comunicación de los resultados no comenzó con el actual Gobierno. Lo que ocurrió después es que la disputa siguió escalando.
Según Aparicio, a finales de 2024 comenzaron nuevas consultas internas y en 2025 fue citada en un sumario administrativo relacionado con su participación en el proyecto. La investigadora y su defensa cuestionan las imputaciones y sostienen que SPRINT había atravesado previamente los mecanismos institucionales del propio INTA.
Ahora podría enfrentarse a la sanción más grave
En septiembre de 2026, el caso dio un nuevo giro. Aparicio asegura que el expediente propone su exoneración, la sanción disciplinaria más grave dentro de la administración pública. Organizaciones como APDH y RAP-AL también alertaron públicamente sobre esa posibilidad.
La científica afirmó además que conoció la decisión de avanzar con esa sanción de manera extraoficial. Hasta el momento, no aparece publicada una resolución definitiva del INTA que haga efectiva su exoneración, por lo que el procedimiento continúa siendo objeto de disputa.
Aparicio sostiene que detrás del expediente existe un intento de disciplinar investigaciones sobre plaguicidas. Esa es su interpretación y la de las organizaciones que la respaldan; no una conclusión establecida por el estudio científico. El INTA, por su parte, no ha publicado hasta ahora una explicación pública detallada que permita contrastar punto por punto esas acusaciones.
Así, una investigación que comenzó preguntándose qué ocurre con los químicos después de fumigar un cultivo terminó abriendo otra pregunta completamente diferente. Esta vez no está dentro de una muestra de sangre o de suelo: qué ocurre cuando los resultados de una investigación científica chocan con la institución que originalmente ayudó a producirlos.
