La pandemia de Covid-19 trajo consigo no solo una crisis sanitaria y económica global, sino también una ola de fraudes que aprovechó los programas de ayuda del gobierno. En Estados Unidos, cientos de casos han salido a la luz, y ahora uno de ellos involucra a dos migrantes venezolanos protegidos por el TPS. El caso pone sobre la mesa tanto los riesgos del abuso de fondos públicos como las tensiones alrededor de la política migratoria.
El esquema que desató la investigación
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Freddy Urribarri, de 42 años, y Mairilin Muñoz, de 39, ambos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), por liderar un fraude de 438.000 dólares vinculado al Programa de Protección de Nómina (PPP).
Este programa, diseñado para auxiliar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia, fue utilizado —según la acusación— para presentar documentos fiscales falsificados y solicitudes fraudulentas. Los acusados habrían simulado ser propietarios de empresas individuales y de la compañía FU&MM General Services, para así calificar y recibir los fondos federales.
Una vez aprobado el préstamo, idearon una estrategia para ocultar el origen del dinero y facilitar su uso, además de intentar el perdón del préstamo, presentando más documentación fraudulenta. Parte del dinero se habría utilizado en operaciones superiores a US$10.000, lo que intensificó las sospechas de lavado de activos.
¿Qué implica tener TPS y cómo afecta este caso?
El TPS es un estatus migratorio otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales. Aunque no es una vía directa a la residencia permanente, permite vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
Este caso ha generado atención adicional porque los acusados forman parte de una comunidad migrante bajo protección humanitaria. Las autoridades han enfatizado que, aunque la condición migratoria no es en sí un factor agravante, cualquier delito federal puede afectar su permanencia en el país.
La ofensiva contra los fraudes por Covid-19
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense ha identificado miles de fraudes relacionados con fondos de ayuda, y ha creado grupos de trabajo especiales para rastrear, investigar y procesar a los responsables. El caso de Urribarri y Muñoz se inscribe dentro de esa cruzada legal, liderada en este caso por el fiscal Daniel Bernstein y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
Las autoridades recuerdan que los acusados son presuntos responsables y deben ser considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, el nivel de evidencia y el modus operandi detallado en el informe de la Fiscalía apuntan a una operación planificada y con intención clara de defraudar al sistema.
Un problema extendido: no es un caso aislado
Este tipo de fraude no es exclusivo del caso venezolano. En otros estados también se han reportado estafas similares. Por ejemplo, en Nevada, Lavell Deshon Roberts fue sentenciado a 33 meses de prisión por robar casi 240 mil dólares en beneficios de desempleo. Utilizaba tarjetas emitidas por el estado para extraer dinero de cajeros en Texas.
Su cómplice, Corey Marcus Valrey, también fue acusado y espera sentencia en julio de 2025. En ambos casos, además de la prisión, se exigió la restitución total del dinero robado.
Estas situaciones reflejan una preocupación constante del Departamento de Justicia sobre el uso indebido de los recursos de emergencia, y refuerzan las advertencias sobre las nuevas modalidades de estafa que circulan desde la pandemia.
¿Qué podemos aprender de esto?
Además de los procesos judiciales, las autoridades hacen un llamado a la prevención. Están disponibles líneas telefónicas y formularios para denunciar actividades sospechosas relacionadas con fondos de ayuda por la pandemia. El Centro Nacional de Fraude por Desastres (NCDF) es una de las principales plataformas para estos reportes.
También se recomienda tener especial cuidado con ofertas dudosas de empleo, consultores de préstamos sospechosos, y solicitudes de información personal que se presenten como oficiales. Los fraudes no solo afectan al Estado, sino que desacreditan programas creados para proteger a quienes realmente lo necesitan.
El caso de Freddy Urribarri y Mairilin Muñoz podría ser uno más en la larga lista de fraudes pospandemia, pero su contexto migratorio, la cantidad de dinero implicada y la forma en que se intentó encubrir el delito lo convierten en un ejemplo claro de cómo la corrupción también puede arraigarse en tiempos de crisis… y de cómo la justicia sigue atenta, incluso años después.
[Fuente: La Nación]
