Mantener a más de 11,5 millones de personas presas en todo el mundo es un gasto colosal para los Estados. Estados Unidos lidera con un presupuesto anual de más de 80.000 millones de dólares, seguido por Brasil e India, que también destinan cifras multimillonarias a sus sistemas penitenciarios.
Pero este gasto público no se queda solo en los muros de las prisiones: contratistas privados, bandas criminales y economías informales encuentran en las cárceles una mina de oro. Desde la construcción de celdas hasta las llamadas telefónicas, casi todo se ha convertido en negocio.
Privatización y servicios con sobreprecio
El modelo de gestión privada, especialmente extendido en EE. UU., Reino Unido, México y Brasil, abrió la puerta a empresas que lucran con la vida tras las rejas. Solo en territorio estadounidense, las prisiones privadas reciben más de 3.900 millones de dólares al año, mientras que otros servicios como la comida, la atención médica y la telefonía multiplican sus precios hasta un 600 %.
Para las familias de los presos, esto supone una carga insoportable: una llamada de 15 minutos puede costar 16 dólares, una cifra impensable para hogares que ya viven al límite.
En Brasil, el sistema de pago “por preso” incentiva a las empresas a mantener las cárceles llenas. El resultado: hacinamiento extremo y motines sangrientos, como el de Manaus en 2017, donde murieron casi 60 personas.
El crimen organizado dentro y fuera de los muros
Si las empresas privadas aprovechan el sistema desde fuera, las pandillas criminales lo hacen desde dentro. En Latinoamérica, Europa o Asia, muchas cárceles funcionan como auténticas sucursales de organizaciones delictivas.
En Brasil, el Primer Comando da Capital (PCC) vende drogas hasta 20 veces más caras que en la calle y smartphones que alcanzan los 1.500 dólares en el mercado negro carcelario. En El Salvador, la MS-13 sigue extorsionando a comerciantes desde prisión. En EE. UU., grupos como la Hermandad Aria mezclan racismo, narcotráfico y estafas con contratos penitenciarios.
India no se queda atrás: en la cárcel de Tihar abundan la extorsión y los asesinatos por encargo, mientras que en Sabarmati se han detectado operaciones de blanqueo de capitales y narcotráfico internacional.
Más allá de las grandes mafias, en las prisiones superpobladas florece una economía informal donde el dinero oficial pierde valor. Fideos instantáneos, cigarrillos o jabón se convierten en moneda de cambio.
Allí impera la ley del “toma uno y paga dos (o tres)”, un sistema de créditos abusivos que atrapa a los presos en un ciclo de deudas y violencia. Los reclusos sin recursos terminan convertidos en vendedores de drogas, mensajeros de pandillas o incluso obligan a sus familias a introducir contrabando durante las visitas.
Al salir en libertad, muchos mantienen sus vínculos con el crimen organizado, trasladando la violencia de vuelta a las calles.
El círculo vicioso del encarcelamiento
Lejos de rehabilitar, este entramado convierte a la prisión en una fábrica de reincidencia. El hacinamiento, la falta de programas de reinserción y la presencia de economías ilegales consolidan a las cárceles como centros de reproducción del delito.
Como señaló el politólogo Benjamin Lessing, en países como Brasil las pandillas incluso han llegado a imponer reglas internas “para dar un mínimo de orden”, prohibiendo robos o violaciones dentro de prisión, aunque a costa de mantener un control férreo y perpetuar su poder criminal.
Así, lo que debería ser un espacio de justicia y reinserción se transforma en una red de negocios y violencia, donde los que menos ganan son los propios reclusos, y los que más, quienes saben sacar partido de un sistema roto.
[Fuente: DW]
