Detrás del tráfico global de cocaína existe una red de violencia, deforestación y abandono que atraviesa los territorios indígenas del Perú. Con más de 500 pistas ilegales y una economía criminal que mueve millones, el narcotráfico ha reinventado su forma de operar. Pero también ha desatado una crisis silenciosa que pone en jaque a la biodiversidad, los derechos colectivos y la gobernabilidad regional.
Un negocio millonario que comienza en la selva
En lo profundo del VRAEM, producir un kilo de cocaína cuesta cerca de 1.100 dólares. Pero ese mismo kilo, tras pasar por manos criminales, fronteras porosas y rutas aéreas clandestinas, puede venderse por hasta 240.000 dólares en las calles europeas. La rentabilidad es tan alta que ni las interdicciones más exitosas han logrado frenar esta economía ilegal. Según Ricardo Soberón, autor del informe citado, el precio se dispara no solo por el transporte, sino por la adulteración del producto que permite triplicar su volumen y, con ello, las ganancias.
Pero el costo real no se mide solo en dinero. Se mide en hectáreas de bosque arrasado —más de 13.000 solo en territorios indígenas—, en líderes amenazados o asesinados, y en cientos de comunidades que viven en un clima de miedo, sin recursos y bajo la sombra del narco.
Las rutas que tejen la telaraña del tráfico
El informe identifica cuatro rutas principales de salida de la droga desde el Perú. Tres de ellas miran al norte: una atraviesa la región Amazonas y conecta con los puertos ecuatorianos; otra cruza el río Ucayali hasta Colombia y Brasil; la tercera opera en la región Ucayali, aprovechando su geografía extensa y su escasa presencia estatal. La cuarta, en cambio, se dirige al sur, articulando vuelos desde Cusco y Madre de Dios hacia Bolivia, Brasil y Argentina. En esta última, la carretera Interoceánica y las pistas dentro del Parque Bahuaja Sonene permiten sacar cargamentos sin mayor dificultad.
Estas rutas no solo afectan el equilibrio ambiental, sino que han provocado una reconfiguración violenta del territorio: pueblos como los Awajún, Ticuna y Yaguas han visto aumentar los cultivos de coca en sus tierras, a la par de la llegada de actores armados y redes criminales.
El narco y la desigualdad: una alianza destructiva
La expansión del narcotráfico no se entiende sin la pobreza estructural que aqueja a las regiones amazónicas. Loreto y Ucayali superan el 45% de pobreza multidimensional, y el acceso a servicios básicos es limitado o inexistente. Esta situación convierte a las comunidades en blanco fácil para el avance de economías ilegales, que además aprovechan vacíos legales y la falta de representación política.
Aunque el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, su legislación interna sigue considerando a los pueblos indígenas como «nativos» o «campesinos», una categoría que debilita sus derechos colectivos y permite la fragmentación de sus territorios mediante programas como la titulación individual impulsada en años anteriores.
La cocaína siempre encuentra un camino
Incluso con decomisos que alcanzan el 70% de la producción total de la región andino-amazónica, la cadena de valor del narcotráfico sigue siendo imbatible. Con solo el 30% de la droga en circulación, las organizaciones criminales sostienen una industria millonaria. Ucayali, antes marginal, se ha convertido en el nuevo epicentro de lo que Soberón llama “la amazonización del narcotráfico”.
La respuesta estatal, centrada en erradicación y sustitución de cultivos, ha demostrado ser ineficaz y hasta contraproducente. No basta con sembrar cacao o café: sin derechos garantizados sobre el territorio y sin participación efectiva en las decisiones, las comunidades seguirán vulnerables ante la oferta narco.
El futuro de la Amazonía en juego
El informe concluye con una advertencia contundente: la mayor amenaza de seguridad para el Perú no viene de afuera, sino de la pérdida de control sobre su propia Amazonía. Protegerla implica más que políticas aisladas: exige un enfoque multisectorial con voluntad política real, donde las Fuerzas Armadas, los ministerios y los gobiernos locales trabajen en conjunto para defender el territorio, la biodiversidad y a quienes lo habitan.
La cocaína puede seguir fluyendo, pero el verdadero precio lo están pagando quienes menos tienen, en silencio, desde la selva.
Fuente: Infobae.
