En 1878, cuando buena parte del mapa mundial seguía pintándose desde los despachos coloniales europeos, el sultán Jamalul Alam de Joló firmó un acuerdo con dos empresarios británicos. El texto regulaba el uso de un territorio al norte de Borneo, pero sus ambigüedades plantaron la semilla de un conflicto que, más de un siglo después, activaría procedimientos judiciales en al menos cinco países.
Para los descendientes del sultán, aquel documento representaba un arrendamiento. Para los británicos, una cesión definitiva. Y para España —potencia administradora indirecta de la región— un acuerdo ajeno que nadie imaginó que volvería algún día.
Con la firma del Protocolo de Madrid de 1885, España renunció a cualquier reivindicación territorial en Borneo y reconoció la autoridad británica. El caso parecía cerrado para siempre. No lo estaba. Gracias al informe realizado por Xataka, analizaremos esta apasionante historia.
La riqueza bajo el suelo cambió todo
Durante décadas, el acuerdo de 1878 se mantuvo como un formalismo histórico: una cuota simbólica de apenas unos 1.100 euros al año que Malasia, heredera administrativa del territorio desde 1963, seguía pagando a los descendientes del sultán de Joló.
Todo cambió cuando se descubrieron importantes depósitos de petróleo y gas en Sabah. Lo que antes era un territorio periférico pasó a ser un enclave estratégico. Y en ese nuevo contexto, la interpretación del acuerdo dejó de ser una cuestión histórica para convertirse en una disputa económica millonaria.
Malasia defendió la validez de la cesión. Los herederos reclamaron el retorno del territorio. El conflicto empezaba a mutar.
De la tensión política al choque armado
En 2013, la disputa dio un giro inesperado: un grupo armado de 235 personas, leales a los herederos del sultán, entró en Sabah para reivindicar la soberanía del territorio. El episodio, conocido como el Conflicto de Lahad Datu, desató la intervención militar de Malasia y terminó con decenas de muertos y numerosos detenidos.
Como respuesta, el gobierno malasio suspendió los pagos simbólicos al linaje del sultanato. La ruptura de esa tradición abrió la puerta a una estrategia distinta: llevar el caso a los tribunales internacionales.
Y ahí es donde aparece España, de la forma más inesperada.
El arbitraje que se convirtió en un laberinto jurídico
Los herederos argumentaron que, dado que en 1878 el territorio estaba bajo administración española, España tenía jurisdicción histórica suficiente para actuar como sede neutral del arbitraje. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designó al abogado Gonzalo Stampa como árbitro.
El problema es que, tras revisar el caso, ese mismo tribunal se declaró incompetente y le ordenó detener el proceso. Pero Stampa decidió continuar por su cuenta, trasladó el arbitraje a París y en 2022 emitió un laudo sin reconocimiento oficial en el que condenaba a Malasia a pagar 14.920 millones de dólares a los herederos.
A partir de ahí, el caso se convirtió en un rompecabezas diplomático:
- Francia declaró nulo el laudo.
- España procesó al árbitro por desacato y usurpación.
- Malasia denunció la irregularidad del procedimiento.
- Los herederos intentaron embargar activos de Petronas en Europa.
Ningún tribunal avaló el arbitraje, pero la maquinaria legal ya estaba en marcha.
De la reclamación a Malasia a la demanda contra España
En paralelo, los herederos del sultanato presentaron una querella contra el Estado español por 15.500 millones de euros, acusándolo de obstaculizar la ejecución del laudo internacional y de haber perjudicado sus derechos.
Esa cifra habría supuesto el mayor pago público de la historia judicial española.
El caso llegó al CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, que debía decidir si la reclamación tenía base. La resolución acaba de ser emitida y el fallo no deja lugar a dudas:
- los demandantes no tenían una “inversión protegida” bajo derecho internacional,
- España no incurrió en responsabilidad alguna,
- y los herederos deberán asumir los costes del proceso.
España queda fuera de un conflicto que nunca buscó, pero que casi le cuesta una factura histórica.
Un enredo del siglo XIX que sigue vivo en pleno siglo XXI
El arbitraje fallido de París es solo un capítulo dentro de una saga mayor. Las reclamaciones contra Malasia continúan en varios tribunales, y el caso mantiene activos frentes diplomáticos en Asia y Europa.
La paradoja sigue ahí: un contrato escrito con tinta colonial en 1878 ha terminado activando embargos preventivos, procedimientos internacionales y enfrentamientos armados más de 140 años después.
La historia no está cerrada. Y en un conflicto que mezcla petróleo, herencias, memoria colonial y lagunas jurídicas, el desenlace sigue lejos de ser definitivo.
