OpenAI vuelve a moverse en el terreno donde la inteligencia artificial deja de ser solo tecnología y empieza a convertirse en política de Estado. Según reportes basados en información del Financial Times, la compañía mantiene conversaciones preliminares para explorar una propuesta inédita: entregar al Gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa.
La iniciativa, impulsada por Sam Altman, no se presenta únicamente como una forma de acercarse a Washington. También busca instalar una idea más amplia: si la inteligencia artificial va a generar una enorme riqueza en los próximos años, una parte de ese crecimiento debería llegar directamente a la población y no quedar solo en manos de accionistas privados.
El plan todavía está en una fase conceptual y podría requerir aprobación del Congreso para avanzar. Pero el simple hecho de que se esté discutiendo muestra hasta qué punto la IA se convirtió en un sector estratégico para Estados Unidos, especialmente en medio de la competencia con China, las tensiones regulatorias y el debate sobre seguridad nacional.
Una participación que podría valer miles de millones
La cifra propuesta es pequeña en porcentaje, pero enorme en dinero. Una participación del 5% en OpenAI equivaldría a unos 42.600 millones de dólares si se toma como referencia la valoración de 852.000 millones de dólares atribuida a la compañía en su ronda de financiación de marzo.
(1/2) Ante las presiones de Trump, OpenAI podría ceder hasta el 5% de su negocio al gobierno de EE UU pic.twitter.com/gje6xgsSlg
— WIRED en español (@wiredenespanol) July 2, 2026
La idea no sería limitar el esquema a OpenAI. Según los reportes, Altman también habría planteado que otros grandes desarrolladores estadounidenses de IA, como Anthropic, Google o Meta, aporten una participación similar a un vehículo de inversión público. Por ahora, no está claro si esas empresas estarían dispuestas a participar ni bajo qué condiciones.
El modelo se inspira en fondos soberanos como el Fondo Permanente de Alaska, que administra parte de los ingresos petroleros del estado e invierte esos recursos para distribuir dividendos entre sus residentes. En este caso, la lógica sería trasladar ese mecanismo al crecimiento económico generado por la inteligencia artificial.
OpenAI ya había defendido públicamente una idea similar en su documento Industrial Policy for the Intelligence Age. Allí propuso crear un “Public Wealth Fund” para que todos los ciudadanos, incluso quienes no invierten en mercados financieros, puedan tener una participación en el crecimiento impulsado por la IA.
Una propuesta que también busca mejorar la relación con Washington
La lectura económica es solo una parte del movimiento. La otra es política. OpenAI y el resto de las grandes empresas de IA operan en un momento de creciente presión gubernamental. Sus modelos son vistos como una oportunidad económica, pero también como una fuente de riesgos: desinformación, seguridad nacional, empleo, dependencia tecnológica y competencia internacional.
En ese contexto, tener al Gobierno como accionista podría cambiar la relación entre Silicon Valley y Washington. Para OpenAI, podría ser una forma de mostrar que la empresa no quiere quedarse sola con los beneficios de la IA. Para la Administración Trump, significaría participar directamente en el crecimiento de una de las compañías más valiosas del sector.
Pero el plan también abre preguntas incómodas. Si el Gobierno posee una parte de OpenAI, ¿cómo debería regularla? ¿Podría actuar con independencia frente a una empresa de la que también se beneficia financieramente? ¿Ese respaldo público le daría a OpenAI una ventaja política frente a otros competidores? Axios recogió críticas de inversores y expertos que ven la propuesta más como una jugada política que como una solución real para repartir los beneficios de la IA.
La propia OpenAI insiste en que el futuro de la IA debería distribuir poder y beneficios de forma amplia. En una publicación reciente, la compañía defendió que una buena transición hacia la inteligencia artificial avanzada no puede concentrar la capacidad y las ganancias en pocas instituciones.
La propuesta, sin embargo, todavía está lejos de convertirse en realidad. Falta saber si el Gobierno la aceptaría, si el Congreso tendría que intervenir, cómo se estructuraría el fondo, qué derechos tendría esa participación y si otras empresas aceptarían entregar parte de su capital.
Aun así, el debate ya está instalado. OpenAI no solo está peleando por liderar la carrera técnica de la inteligencia artificial. También está intentando definir cómo se repartirá el valor económico de esa carrera. Y si su plan avanza, la IA podría inaugurar una nueva etapa: una en la que el Estado no solo regula a las grandes tecnológicas, sino que también se convierte en accionista de ellas.
