Existe una aparente contradicción en la lucha contra el cambio climático. La mayoría de los ciudadanos afirma que es necesario reducir las emisiones, pero muchas medidas concretas —como limitar los vehículos contaminantes, crear peajes urbanos o gravar los vuelos— provocan protestas y resistencia.
El problema no parece ser únicamente una falta de preocupación ambiental. Una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona concluye que el respaldo cambia según cómo se presentan los costes, los beneficios y, especialmente, sus consecuencias sobre las personas con menos recursos.
El estudio fue dirigido por Marc Guinjoan, junto con Toni Rodon y Joel Ardiaca, y se publicó en la revista West European Politics. Para llegar a sus conclusiones, el equipo realizó dos experimentos con muestras representativas de la población española.
Las pérdidas pesan más que los beneficios prometidos
En el primer experimento, los participantes evaluaron diez políticas climáticas diferentes. A algunos se les proporcionó información sobre sus costes económicos y a otros se les explicaron sus posibles beneficios.
Los resultados mostraron una clara asimetría. Informar sobre el coste de una política reducía significativamente su aceptación, mientras que destacar sus ventajas solo aumentaba el respaldo de manera moderada.
Una medida puede prometer aire más limpio, menos emisiones o una ciudad más habitable. Sin embargo, cuando una persona descubre que también deberá pagar un impuesto, cambiar de vehículo o modificar sus desplazamientos, la posible pérdida inmediata puede pesar más que una mejora ambiental futura.
Esto ayuda a explicar por qué el apoyo general a la acción climática no siempre se convierte en respaldo para las medidas necesarias para aplicarla.
La pregunta decisiva es quién termina pagando
El segundo experimento presentó paquetes hipotéticos de políticas para ciudades ficticias. Los investigadores modificaron su contenido, coste, beneficio y efecto sobre los ciudadanos más ricos y los más pobres.
El factor con mayor influencia fue la redistribución. Los participantes mostraron mucho más apoyo cuando se les informaba de que una política mejoraría la situación de las personas con menos recursos. En cambio, saber cómo afectaría a los sectores más ricos apenas modificó sus preferencias.
El hallazgo sugiere que la aceptación social no depende únicamente de la eficacia ambiental. También importa que la transición se perciba como justa.
Una restricción al automóvil, por ejemplo, puede generar rechazo si afecta a trabajadores que no tienen transporte público ni dinero para cambiar de vehículo. La misma medida podría resultar más aceptable si incluye ayudas, alternativas de movilidad y compensaciones dirigidas a los hogares más vulnerables.
La ideología también divide la respuesta
El estudio detectó diferencias importantes según la orientación política. Las personas de izquierdas mostraron un respaldo general más alto y reaccionaron con mayor intensidad ante las consecuencias redistributivas.
Los ciudadanos de derechas expresaron menos apoyo, mientras que la oposición fue especialmente elevada entre los simpatizantes de la extrema derecha. Los autores advierten que esta polarización puede dificultar la continuidad de las políticas climáticas en Europa.
No basta, por tanto, con repetir que una medida reducirá las emisiones. Tampoco sería aconsejable esconder sus costes: cuando estos aparezcan, la confianza podría deteriorarse todavía más.
La conclusión más útil es que el diseño y la comunicación deben avanzar juntos. Las políticas necesitan objetivos ambientales claros, pero también mecanismos que eviten cargar el esfuerzo sobre quienes disponen de menos alternativas.
El verdadero desafío no consiste solo en convencer a la ciudadanía de que el cambio climático existe. Consiste en demostrar que las soluciones no obligarán a los mismos de siempre a pagar la mayor parte de la factura.
