España se ha convertido en uno de los epicentros del debate global sobre los pisos turísticos. Y ahora, el pulso entre las plataformas digitales y el Gobierno ha entrado en una nueva fase. Airbnb acaba de cumplir una exigencia clave del Ejecutivo… solo para descubrir que hay una lista casi igual de larga de anuncios ilegales esperando turno. Y esta vez, las consecuencias podrían ser más serias.
Una retirada masiva sin precedentes
El Ministerio de Consumo ha confirmado que Airbnb ha eliminado más de 65.000 anuncios ilegales tras meses de advertencias y resoluciones. Todos los anuncios correspondían a viviendas completas para uso turístico que no incluían número de licencia, contenían datos erróneos o simplemente omitían la información obligatoria.
No eran habitaciones individuales, sino pisos enteros. Y su eliminación no ha sido voluntaria: se ha producido tras una fuerte presión institucional y un proceso legal respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El problema no ha hecho más que empezar
La alegría del Gobierno ha durado poco. La Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 54.728 anuncios ilegales en Airbnb, todos ellos sin número de registro, exigido desde el 1 de julio. Y ya han anunciado que seguirán inspeccionando todas las plataformas de alquiler turístico.
Lo que parecía una victoria puntual es solo un capítulo más en la ofensiva del Ministerio para regular un mercado que llevaba años desbordado y sin control claro.
Expedientes, multas y un futuro incierto
Además de esta segunda oleada de anuncios cuestionados, Airbnb tiene pendiente un expediente sancionador por publicidad ilícita. La sanción podría ser de hasta 100.000 euros, aunque, si se demuestra que obtuvo beneficios directos con los anuncios ilegales, la multa podría multiplicarse por seis.
La compañía ha intentado frenar la presión legal con medidas cautelares, pero los tribunales han dado la razón al Gobierno. En casos como el de los 5.800 anuncios de comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid, se obligó a su retirada inmediata.
El efecto colateral: más hoteles, pero también más caros
Barcelona fue pionera en restringir los pisos turísticos, pero los efectos no son los esperados: desde 2014, el precio del alquiler ha subido un 72%, y el de los hoteles, un 30% desde 2019. La presión sobre Airbnb podría llevar más visitantes a los hoteles… pero no necesariamente a precios asequibles.
La guerra por el control del alquiler vacacional está lejos de terminar. Y Airbnb, de momento, sigue en el ojo del huracán.
Fuente: Xataka.
