La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, sorprendió al país este lunes al declarar que podría convocar un referéndum sobre la separación de la provincia de Canadá en 2026. Aunque su anuncio ha generado revuelo nacional e internacional, no está claro aún bajo qué fundamentos constitucionales podría realizarse dicha consulta, ni cuáles serían las consecuencias legales inmediatas de un eventual “sí”.
Una propuesta con vacíos legales

La declaración se hizo durante una transmisión en vivo, donde Smith aclaró que personalmente no apoya la independencia, pero que “respetará la voluntad de los ciudadanos” si una petición ciudadana logra alcanzar el número requerido de firmas.
La legislación vigente no contempla un mecanismo claro y directo para que una provincia se separe del país, y no se ha precisado aún cómo la provincia manejaría la votación dentro del marco legal nacional.
Las condiciones impuestas por Smith: tensión con Ottawa

Un tercio de su discurso lo ocupó justificando la propuesta. Smith señaló que si el gobierno federal —liderado por el recién reelegido primer ministro Mark Carney— continúa lo que considera como “ataques” a Alberta, entonces los ciudadanos de la provincia deben tener el derecho a decidir su futuro.
“No pedimos trato especial ni subvenciones. Solo queremos la libertad para desarrollar nuestros recursos y brindar servicios a nuestra gente sin la interferencia de Ottawa”, afirmó Smith.
Entre sus principales quejas están las políticas energéticas federales, que según ella han costado miles de millones a la economía provincial. Además, dijo estar en desacuerdo con la injerencia del gobierno central en temas como educación y salud, competencias reservadas a las provincias.
Recientemente, el gobierno de Smith presentó una reforma a la ley de referéndums en la legislatura provincial. De aprobarse, reduciría el umbral de firmas requeridas para activar una consulta popular desde el 20% del electorado total al 10% de los votantes de las elecciones anteriores, lo que equivale a unas 177.000 firmas. También se ampliaría de 90 a 120 días el plazo para recolectarlas.
Un movimiento estratégico más que independentista

Para algunos analistas, como John Soroski, politólogo de la Universidad MacEwan en Edmonton, la amenaza de separación no tiene como objetivo real la independencia, sino presionar políticamente al gobierno federal.
“Smith está utilizando una estrategia que ya ha funcionado en Quebec: amenazar con separarse para ganar concesiones políticas”, explicó Soroski. “Dudo mucho que esto termine en una separación real.”
Al igual que en Quebec —que celebró referéndums sobre la independencia en 1980 y 1995, ambos fallidos—, la propuesta de Smith parece estar más enfocada en visibilizar el descontento regional que en romper con la federación.
Smith confirmó que ya se reunió con Carney, y aunque dijo haber oído “cosas prometedoras” sobre posibles cambios en las políticas federales hacia los recursos naturales, insistió en que necesita “pruebas tangibles de un cambio real”.
También anunció que encabezará un panel llamado “Alberta Next”, que organizará foros ciudadanos en toda la provincia para escuchar quejas, ideas y propuestas sobre el futuro de Alberta dentro —o fuera— de Canadá.
¿Una crisis federal en gestación?
El anuncio de Smith ocurre justo antes de la reunión de Carney con el presidente estadounidense Donald Trump, en un contexto de nuevas amenazas arancelarias y discursos de anexión por parte del mandatario norteamericano. En ese escenario, el debate separatista de Alberta podría adquirir una dimensión internacional inesperada.
Mientras tanto, Smith insiste en que trabajará “de buena fe” con el gobierno federal, aunque dejó claro que el proceso hacia un eventual referéndum ya ha comenzado. La incertidumbre sobre sus bases legales y su impacto político sigue generando inquietud en el resto del país.
[Fuente: AP]