Olvídate de los pantalones cortos color caqui y los binoculares. Hoy la conservación de la vida silvestre se ha transformado en algo que ya ni parece ser la protección de los elefantes, sino más bien un videojuego. Pero sus consecuencias se dan en la vida real. Con sistemas de vigilancia con IA, drones militares que sobrevuelan parques nacionales, contratistas con fuerzas especiales formadas por personal retirado e imágenes satelitales, la antigua figura del guardabosques en los safaris ya quedó atrás. Estamos en el campo de batalla del siglo 21, y las especies en riesgo muchas veces pasan desapercibidas para los que suelen preocuparse por la biodiversidad, ahora que avanzamos rápidamente hacia la Sexta Extinción.
A lo largo de los años, la “disciplina de crisis” de los conservacionistas ha convertido cada decisión en la desactivación de una bomba a pocos segundos de que explote. La extinción de especies se acelera, y gran parte de la industria ya piensa con la mentalidad de una tierra devastada, desplegando tácticas de contrainsurgencia como las de Irak y Afganistán, militarizando a los guardabosques y guardaparques en unidades paramilitares, y convirtiendo los espacios silvestres de África en zonas de conflicto monitoreadas. Ahora, organizaciones como African Parks, una ONG, gestionan una fuerza de 2.000 guardabosques en todo el continente, un ejército privado más grande que el de algunas naciones, como informó hace poco Mongabay.
Pero la militarización del conservacionismo no es solo un despliegue distópico ya que a menudo se informan violaciones a los derechos humanos, además de que la vigilancia en masa acaba con la privacidad de las comunidades, y las poblaciones locales que ya son marginalizadas por políticas de la era colonial sufren violencia debido a que se tienen que cumplir determinadas reglas. Mientras tanto, las causas de la caza furtiva que incluyen la terrible pobreza, la pérdida de territorios y la injusticia histórica, quedan de lado. En 2018 se destinaron millones de dólares en esfuerzos de conservación, y ahora los expertos dicen que como la administración Trump está eliminando la ayuda al extranjero, se creará un peligroso vacío que llenarán ONGs y actores del sector privado.
En la aldea de Huntingdon, en el sur de África, la tragedia comienza con un sonido que viene del cielo. Cerca del parque nacional Kruger los residentes describieron su terror porque los helicópteros de vigilancia volaban a tan baja altura que hicieron temblar los techos de las viviendas y despertaron a los niños, señal de que la aldea estaba vigilada, y que sería inminente un allanamiento policial o algo parecido. Eso se publicó en 2022, en un trabajo de investigación.
Para todas esas familias la tecnología abre las puertas a la brutalidad. Uno de los residentes dijo que cuando llegaron las fuerzas de seguridad, que se basaban en datos de la vigilancia, pateaban las puertas y aterrorizaban a los habitantes. El costo humano ha sido terrible porque en casos extremos ataban a los sospechosos con una banda elástica en los genitales durante las sesiones de tortura, buscando información.
También ha habido consecuencias fatales. “Seas cazador furtivo o no, si te encuentran dentro del parque te matarán”, dijo un residente en otra parte de un trabajo de investigación sobre el parque Kruger. La tecnología para proteger a las especies en peligro ayudó a convertir algunas áreas de conservación en zonas donde “la vida silvestre se valora más que la vida humana”, según lo describen los residentes.
A lo largo de los meses hemos presentado varias solicitudes de apertura de registros públicos del gobierno de EE.UU., entrevistamos a docenas de funcionarios de Sudáfrica y Uganda, y buscamos información de investigadores que estudian la militarización y vigilancia del África subsahariana. Pero lo más importante es que entrevistamos a personas que viven cerca de las áreas protegidas y que han formado parte de los esfuerzos globales por combatir el tráfico de vida silvestre, como los habitantes de Huntington. Aunque en esta historia hay muchas cosas que se mantienen ocultas, todos señalan hacia lo mismo: no hay precedentes, y no se sabe de qué manera continuarán en el futuro estos esfuerzos de conservación con financiación internacional.
Sudáfrica: violencia verde y ecos del apartheid
Al pasar por una escuela preuniversitaria cerca del parque nacional Kruger de Sudáfrica, Anika * ve “postes, cámaras, cajas en los cercos, escaneo de vehículos, y dos veces quedó registrada mi camioneta. Ahora siento ansiedad, si conduzco para ir a una reunión comunitaria sobre derechos a la tierra propia, ¿van a ponerme en una lista negra? Es un efecto escalofriante y empiezas a autocensurar tus movimientos” (* se usó un seudónimo para proteger la identidad de la testigo porque teme represalias de las autoridades).
Mientras tanto, un líder de una comunidad cercana sugiere que los sistemas de vigilancia les han dado “más seguridad y libertad”, pero advierte que la responsabilidad y rendición de cuentas no parecen tan bien definidas porque a los sospechosos se los interroga y libera sin siquiera obtener información de la comunidad. Es una frágil paz que transformó la región en lo que Anika describe como “corredor industrial de la conservación”.
Han cambiado muchas cosas, y otras no tanto, desde que el parque nacional Kruger ingresó en el escenario mundial como modelo de conservación y protección de las especies.
Sigue siendo modelo de conservación en el continente africano, y alberga a algunas de las especies de vida silvestre más emblemáticas de Sudáfrica. Se creó en 1898 como reserva sudafricana de biodiversidad, debido a su famosa infraestructura que atrae a millones de visitantes cada año. Pero dependiendo de con quién hables, también es un monumento a la violencia estatal, que lleva una máscara ambientalista. El arquitecto de la estrategia moderna contra la caza furtiva en el parque nacional Kruger fue Johan Jooste, general de la era del apartheid que importó el manual de contrainsurgencia que se perfeccionó contra los movimientos de liberación de los negros, y lo reformó para aplicarlo a los cazadores furtivos. Hay casos informados de personas locales que viven en extrema pobreza y que cazan para comer, pero son arrestadas como blancos de este sistema de vigilancia.
No hay en los donantes internacionales protestas en cuanto a qué tipo de conservación se despliega y a quién hay que proteger. Aunque parece que el parque nacional Kruger y muchas ONG ambientalistas de Sudáfrica y más allá cambiaron su discurso y hablan ahora de la militarización verde, falta responder algunas preguntas.
“Sí, se ha mejorado la relación con las comunidades pero no diría que hayan desmantelado la infraestructura”, dijo Annette Hübschle, investigadora de la Universidad de Ciudad del Cabo que estudió la militarización del Kruger durante años. Dijo también que al retirarse el apoyo de donantes internacionales, la estrategia retrocedió a mayor velocidad y se cancelaron programas muy buenos que trabajaban en la participación con las comunidades, el bienestar social y las iniciativas educativas.
El mismo Jooste defendió el enfoque militar como cuestión necesaria. En una entrevista con Hübschle argumentó que la crisis de caza furtiva de rinocerontes en Kruger había llegado a un punto sin retorno. “Cuando ves los números te preguntas si ya es demasiado tarde para el rinoceronte de Kruger o para toda la especie”, y señaló que hay que entrenar a los guardaparques como paramilitares con el fin de que sobrevivan a los encuentros diarios con cazadores furtivos que van armados. En un libro que luego se convirtió en película insistió en que su campaña era profesional, que estaba siguiendo reglas de participación, reforzando la vigilancia con cámaras, perros entrenados, y plataformas de inteligencia. Según él, los servicios de guardaparques respetan a las comunidades y siempre han sido instruidos en que “nadie puede señalarte con el dedo y sugerir que abusas de tu autoridad fuera del parque”.
Pero en el ámbito académico independiente eso no es lo que se ve. Ashwell Glasson describe la naturaleza híbrida del ambientalismo militarizado diciendo que el equipamiento, las tácticas y la mentalidad se confunden en una doctrina de seguridad con raíces en el legado colonial y del apartheid. “A menudo, dice, oye sobre la integridad del área protegida, pero en realidad se trata de un ejército militarizado de guardaparques que son fuerzas del orden y que ‘protegen’ las áreas”. Como resultado, se privilegia la vigilancia y la fuerza por sobre la confianza con la comunidad o el trabajo ecológico, y eso lleva a la situación del trabajo de contrainsurgencia en el parque Kruger.
Las cifras de las comunidades vecinas al Kruger son una grave señal. En un estudio publicado en 2022 pero que se hizo una década antes, el geógrafo Mbuelo Laura Mashau señaló que en las aldeas de Justicia y Huntingdon los miembros de la comunidad que han convivido con la vida silvestre durante generaciones son testigos de una cultura de acciones militarizadas que buscan conservar las especies. Los guardaparques armados del Kruger no investigan cuando se mata a un animal dentro del parque: directamente invaden. El 88,7% de los residentes de Justicia y el 98,7% de los de Huntingdon dicen haber sufrido allanamientos de sus viviendas con agentes armados, que saquearon sus casas buscando partes de animales cazados de manera furtiva.
Aunque la ley sudafricana no es explícita en cuanto a estas cuestiones, sí hay una ley que regula los procedimientos en allanamientos.
Según los resultados de Mashau, entre el 95,4% y el 100% de los miembros encuestados en las dos aldeas informaron que quien es sospechoso de caa furtiva se enfrenta a golpizas sistemáticas o tortura. Casi todos han sido testigos de esta brutalidad, o la han sufrido de primera mano en esas comunidades. En Huntingdon el 100% de los encuestados dicen que los sospechosos de ser cazadores furtivos suelen ser asesinados dentro del parque, sin que haya siquiera un intento de arrestarlos o enjuiciarlos.
“A pesar de la escala de la economía de vida silvestre en esta región, las comunidades locales, en especial las de Mozambique y el límite oeste del Kruger, siguen excluidas de las oportunidades económicas a largo plazo. Los modelos de conservación de hoy mayormente limitan a las comunidades locales a puestos de bajos ingresos en unidades que combaten la caza furtiva, o en trabajos de mantenimiento y servicios al turista”, afirma la investigadora en sustentabilidad Taylor Marie Oulette.
En respuesta a las preguntas más detalladas un vocero del Kruger dijo que “SANParks no está al tanto de esas afirmaciones. Nuestra jurisdicción está dentro de los límites del parque nacional Kruger”. SANParks no brindó comentarios sobre instancias que se hayan dado dentro del parque, aunque se les solicitó varias veces.
Uganda: autoritarismo y vacío legal
En el este de África el aparato ambientalista de Uganda opera en un contexto político que las organizaciones de derechos humanos describen como “semiautoritario”. El presidente Museveni, recientemente reelecto y del Movimiento de Resistencia Nacional, ha estado en el poder desde mediados de la década de 1980 y siempre ha utilizado la autoridad de los guardaparques como apéndice de la violencia estatal. Ejemplo de esto es la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA), considerada como “auxiliar del ejército nacional y por ello, parte de los actores estatales armados que se consideran relevantes, no solo para la conservación sino para la seguridad del régimen”, según señala el científico en política Christopher Day.
Las autoridades de Uganda usan drones y sistemas de IA como EarthRanger y Ecoscope en las áreas protegidas. Son tecnologías que hasta hace poco se donaban desde occidente, entregando herramientas de vigilancia a un régimen notorio por ser violento con el disenso político.
EarthRange es una plataforma de gestión de la conservación en tiempo real, con datos de collares GPS, radios, registros de patrullas, vehículos, aeronaves y sensores que muestran a los animales salvajes, a los guardaparques y los incidentes en un mapa operativo en vivo y generan alertas y registros históricos detallados. Si se le entrega a las leyes del orden sin salvaguardas legales, sin supervisión independiente, esta clase de sistemas puede convertirse en herramienta de vigilancia de personas, no solo de animales. Además, se pueden monitorear comunidades, reconstruir en retrospectiva los movimientos de una persona, compartir datos o utilizar más allá de los propósitos de la conservación de especies.
EcoScope es la parte analítica del ecosistema EarthRanger, con datos de patrulla, personas y eventos de los sistemas de conservación, que traza automáticamente tableros, mapas y cuadros de números. Puede centralizar datos en grandes volúmenes, con vistas de dónde están las patrullas, dónde se concentra la vida silvestre, o cómo se agrupan determinados incidentes que requerirían de trabajo estadístico. Pero una herramienta que visualiza el movimiento histórico y en tiempo real podría facilitar trazar perfiles de áreas y grupos para trabajo policial intensivo, reconstruyendo el patrón de vida de las personas suponiendo que se alimente de datos de teléfonos, vehículos o cámaras, y que suelen monitorear los funcionarios del parque. Si no hay límites legales estrictos, el sistema EcoScope tiene el potencial de servir como sistema de vigilancia de alta resolución y de ubicación de objetivos mediante el uso de datos.
“No podemos hacer el trabajo de conservación de especies como se hacía hace 50 años”, dijo Bashir Hangi, vocero de la UWA, área responsable de la protección de la vida silvestre dentro y fuera de las áreas protegidas. “Hemos tenido que adaptarnos a la tecnología que existe y hasta adaptar la tecnología para poder trabajar con efectividad”.
Gran parte de los fondos de EE.UU. para el trabajo de conservación de especies en Uganda se eliminó poco después de la asunción de Donald Trump. Incluía unos 60 a 77 millones de dólares, más otros 47 a 74 millones desembolsados entre enero de 2020 y junio de 2025, aunque no todas las actividades han sido financiadas por el tío Sam.
El Departamento de Estado se negó a brindar su opinión sobre esas cifras.
Aunque los gobiernos extranjeros dejan de financiar a Uganda, el país sigue ávido de tecnología de vigilancia. Los documentos con solicitud de presupuesto para el año fiscal 2026/2027 que comienza en julio de 2027 indican que el gobierno piensa gastar unos US$3 millones en un helicóptero para “patrullas aéreas, vigilancia de la vida silvestre, censos de animales y operaciones de rescate en particular para los animales atrapados en trampas de cazadores furtivos”. También, US$8,4 millones serán para construir cercos eléctricos en los parques Queen Elizabeth y Murchison Falls, en tanto que solo US$3 millones se asignarán para compensar a víctimas de conflictos entre humanos y animales silvestres.
Los riesgos de la tecnología y vigilancia militar en Uganda afectan tal vez de la peor manera a comunidades como los Batwa que han habitado tierras ancestrales mucho antes de que los límites coloniales recortaran su territorio.
Las autoridades, mediante el acoso sistemático y los desalojos, desplazaron a miles de personas desde 2001, según organizaciones como Survival International. En 2013, guardaparques armados recorrieron el territorio tradicional de los Batwa incendiando sus viviendas y arrestando a los residentes por ocupar territorio que sus ancestros han ocupado durante milenios. Hay grupos internacionales como WWF que financiaron el primer parque Batwa y a menudo han señalado que es necesario imponer reglas contra la caza furtiva.
Según Survival International, hay patrones generales que se observan en todo el continente africano. Paul Renault, perteneciente a campañas de la ONG, argumenta que “eso no representa un gran cambio de estrategia porque durante décadas se han desplazado y desalojado a publoso indígenas, con apoyo de tecnologías menos avanzadas. El uso de herramientas tecnológicas más nuevas refuerza estrategias ya existentes desde hace mucho tiempo”,
La WWF de Uganda no ha emitido comentarios para este artículo.
Hay muchos expertos en conservación de la vida silvestre que, al igual que las autoridades de Uganda, destacan que los esfuerzos contra la caza furtiva han dado resultados notables en el país. Los programas de capacitación y las unidades de perros interceptaron con éxito productos de la vida silvestre que se intenta contrabandear en fronteras y aeropuertos, como lo explica Moses Olinga, representante de International Fund for Animal Welfare.
Pero en ciertos aspectos la batalla se ha trasladado a los tribunales de Uganda. Los traficantes de vida silvestre, los que trafican marfil y pangolín de a toneladas, suelen eludir y desobedecer las sentencias con acuerdos o con multas.
“La mayoría de los sospechosos, en especial los tipos de arriba de la organización, suelen elegir el pago de una multa”, dice Moses. “Y así, quedan libres. Si pagas unos US$13.000 y quedas libre, tu red criminal queda intacta y sigue operando”.
Mientras tanto, el aldeano que tenga un pedazo de carne de animal silvestre podría pasar varios años en prisión, debido a las estrictas interpretaciones de las sentencias mínimas.
