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El país que planea revisar redes sociales de inmigrantes antes de aprobar visas y ciudadanía

Las autoridades buscan ampliar los controles sobre la actividad digital de inmigrantes que soliciten residencia, asilo o ciudadanía. La medida generó preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre el impacto en la privacidad y la libertad de expresión. ¿Cómo funcionará esta nueva política y qué consecuencias podría tener?
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El gobierno de Estados Unidos ha propuesto un cambio en los formularios migratorios que exigiría a los solicitantes de residencia permanente, asilo y ciudadanía proporcionar información sobre sus redes sociales. Según las autoridades, la medida busca fortalecer la verificación de identidad y detectar posibles riesgos de seguridad. Sin embargo, críticos advierten que podría afectar la privacidad y dificultar aún más los procesos migratorios.

Cómo funcionará la revisión de redes sociales en inmigración

Redes Sociales
© Nataliya Vaitkevich

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) evalúa incluir en sus formularios preguntas sobre los perfiles en redes sociales de los inmigrantes. Actualmente, algunas solicitudes de visa requieren este tipo de información, pero la nueva propuesta ampliaría la revisión a quienes ya se encuentran dentro del país y buscan regularizar su estatus.

Según fuentes oficiales, la medida se basa en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero por Donald Trump, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. La verificación abarcaría publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes, permitiendo a las autoridades identificar inconsistencias entre la información declarada y su actividad en línea.

Si se detectan contradicciones, como en el caso de un solicitante de asilo que alegue persecución política mientras su perfil muestre apoyo al gobierno de su país de origen, esto podría influir en la decisión de las autoridades migratorias.

Preocupaciones sobre privacidad y derechos civiles

Diversas organizaciones han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la privacidad y la libertad de expresión de los inmigrantes.

  • Efecto disuasorio: La abogada Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, advirtió que muchos inmigrantes podrían limitar su actividad en redes por temor a que sus publicaciones sean malinterpretadas y afecten su solicitud de ciudadanía o residencia.
  • Falta de claridad: Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, señaló que no hay criterios claros sobre qué tipo de contenido podría ser considerado problemático, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias.
  • Posible discriminación: Grupos defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de controles podrían usarse de forma desproporcionada contra ciertos perfiles de solicitantes, afectando a comunidades específicas.

Impacto en la detección de fraudes migratorios

USCIS argumenta que la recopilación de datos en redes sociales permitirá mejorar la identificación de fraudes migratorios y detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.

  • Autenticidad de relaciones: Si un solicitante afirma estar casado con un ciudadano estadounidense pero no hay evidencia de esa relación en sus redes sociales, podría generar sospechas.
  • Vínculos con organizaciones extremistas: La revisión también incluiría conexiones con grupos que puedan estar relacionados con actividades ilegales.

Cantidad de solicitantes afectados y carga administrativa

Se estima que esta medida afectará a 3,57 millones de solicitantes cada año, sumando cerca de 285.999 horas de trabajo adicional para los funcionarios de inmigración.

A pesar de la carga administrativa, USCIS asegura que el proceso no implicará costos adicionales para los inmigrantes y que los datos recopilados solo se utilizarán para fines de seguridad. Sin embargo, abogados especializados han advertido a los solicitantes sobre la importancia de revisar su actividad en redes antes de presentar sus solicitudes.

Cuándo entrará en vigor esta medida

El período de comentarios públicos estará abierto durante 60 días antes de que se tome una decisión sobre la implementación de la normativa. Durante este tiempo, expertos y organizaciones podrán enviar sus observaciones para que el gobierno las evalúe antes de aprobar o modificar la propuesta.

Si se aprueba sin cambios, esta nueva verificación digital podría convertirse en un requisito obligatorio para millones de inmigrantes en los próximos meses.

[Fuente: Infobae]

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