Nota editorial: este artículo reporta hechos verificables —muertes y desapariciones documentadas— y las preguntas que han generado en el Congreso y entre expertos en seguridad. Las teorías sobre causas o responsables se presentan como lo que son: hipótesis sin confirmar. No hay investigación oficial que vincule estos casos entre sí.
Michael David Hicks llevaba más de dos décadas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Había trabajado en el Proyecto DART, la misión que probó si la humanidad puede desviar asteroides peligrosos, y en la misión Deep Space 1. Murió el 30 de julio de 2023, a los 59 años. La causa de su muerte nunca fue revelada públicamente.
Si su caso fuera aislado, sería una tragedia sin mayor consecuencia pública. Pero desde entonces, otros ocho investigadores y militares estadounidenses con acceso a proyectos de alta sensibilidad han muerto o desaparecido sin que haya explicaciones oficiales claras sobre ninguno de los casos. El conjunto ha llamado la atención de expertos en seguridad nacional y de miembros del Congreso, aunque hasta ahora no ha dado lugar a ninguna investigación formal unificada.
Los casos documentados: qué se sabe de cada uno
El JPL de la NASA aparece como el punto de mayor concentración. Frank Maiwald, colaborador de Hicks en ese laboratorio, murió en julio de 2024 con 61 años. Monica Reza, directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del JPL, desapareció en junio de 2025 durante una excursión de senderismo en el Bosque Nacional de los Ángeles junto a dos acompañantes experimentados; no se la encontró. El astrofísico Carl Grillmair, de Caltech y vinculado al JPL, fue asesinado el 16 de febrero de 2026 frente a su casa. Tenía 67 años. Ese último caso sí tiene una causa documentada: homicidio. Sin sospechoso público identificado.
Fuera del JPL, Nuno Loureiro, director del Centro de Ciencia y Fusión Plasmática del MIT y experto en fusión nuclear, recibió un disparo en su domicilio de Massachusetts el 15 de diciembre de 2025. El general retirado William McCasland, ex comandante del Air Force Research Laboratory en la base Wright-Patterson, lleva desaparecido desde febrero de 2026. En el Laboratorio Nacional de Los Álamos —donde se desarrolló la primera bomba nuclear durante el Proyecto Manhattan— también se registraron desapariciones: Anthony Chávez, ex empleado del laboratorio, desapareció en mayo de 2025; semanas después lo hizo otro asistente del mismo laboratorio; y en verano de 2025 desapareció Melissa Casias, asistente administrativa, cuando salía a llevarle el almuerzo a su hija.
Todos compartían acceso a tecnologías críticas: seguimiento de misiles, fusión nuclear, defensa aeroespacial o desarrollo de materiales avanzados financiados por la Fuerza Aérea.
Qué dicen quienes han expresado preocupación oficial
Chris Swecker, ex subdirector del FBI a cargo de la División de Investigación Criminal, ha señalado públicamente que el patrón le preocupa y ha mencionado la posibilidad de que agencias de inteligencia extranjeras estén operando para neutralizar talento científico sensible estadounidense. El congresista Tim Burchett, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales, ha hecho declaraciones más alarmistas en medios como Newsmax, sugiriendo que ciertos informes a los que ha tenido acceso contienen información que, de hacerse pública, generaría una crisis de confianza institucional.
Ninguna de estas declaraciones va acompañada de evidencia pública que establezca una conexión causal entre los casos. La NASA no ha emitido ningún comunicado sobre la serie de muertes y desapariciones. No existe hasta ahora ninguna investigación oficial que los trate como casos vinculados.
Lo que dicen los datos y lo que no dicen
Hay hechos verificables: nueve personas con vínculos a proyectos sensibles murieron o desaparecieron en un período de tres años, y en la mayoría de los casos no hay explicación pública de causa. Eso es inusual y justifica preguntas. Lo que los datos no dicen, por sí solos, es si hay una causa común detrás de los casos. Los vínculos institucionales son reales pero amplios: el JPL emplea a miles de personas, el Laboratorio de Los Álamos a miles más.
La hipótesis de una operación de espionaje extranjero sistemática es posible en términos abstractos y no sería sin precedentes históricamente. Pero posible no equivale a probable, y probable no equivale a demostrado. Para que esa hipótesis sea más que una conjetura, hace falta evidencia que vincule los casos, y esa evidencia, si existe, no es pública.
Lo que sí es razonable, y lo que el Congreso debería estar exigiendo, es transparencia sobre cada uno de estos casos de forma individual. No porque haya certeza de que algo está mal, sino porque la ausencia de explicaciones en casos que involucran a personas con acceso a tecnología crítica es, en sí misma, un problema de rendición de cuentas.
