En 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-622, que reconoció al río Atrato, en el departamento del Chocó, como sujeto de derechos, una de las primeras decisiones judiciales de este tipo en el mundo. El fallo estableció que proteger al río implica garantizar también los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas y campesinas que dependen de él para su subsistencia. Casi una década después, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia firmó cuatro acuerdos de restauración con los consejos comunitarios de La Molana, Paimadó, Cocomopoca y Cocomacia para empezar a cumplir ese mandato de forma concreta.
165.000 plántulas para recuperar 300 hectáreas
Los acuerdos contemplan la recuperación de 300 hectáreas degradadas mediante la siembra de más de 165.000 plántulas de especies nativas y agroforestales, seleccionadas con criterios técnicos y bioculturales para restablecer la cobertura vegetal, la conectividad ecológica y los servicios ambientales de la cuenca. La degradación que se busca revertir fue provocada, principalmente, por décadas de minería, en especial la extracción ilegal de oro, que afectó tanto la calidad del agua como los ecosistemas circundantes.
El proyecto forma parte de una inversión de 19.700 millones de pesos colombianos destinada a la recuperación integral del río Atrato, que beneficiará a 27 municipios de toda su cuenca, en el marco de un convenio entre el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), dentro del subprograma Atrato, Territorio de Cultura y Vida.
Las comunidades no son solo mano de obra
El modelo de trabajo se apoya en lo que el propio ministerio describe como gobernanza colaborativa: las áreas de intervención fueron identificadas y validadas directamente con los consejos comunitarios, que además liderarán las tareas de plantación, mantenimiento y conservación a largo plazo. El IIAP aporta el acompañamiento científico, técnico y de monitoreo del proceso.
Óscar Puerta, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, explicó que estos acuerdos representan el cumplimiento concreto del mandato judicial de 2016, ejecutado específicamente a través del subprograma financiado por el Fondo para la Vida.
Raíces contra la erosión, y un ingreso legal frente a la minería ilegal
Más allá de su función ecológica, la vegetación cumple un rol defensivo concreto: sus raíces ayudan a estabilizar el suelo, reducir la erosión de las riberas y proteger a las comunidades cercanas frente a inundaciones. El proyecto también incluye una dimensión económica directa, ya que las comunidades que participan en las tareas de siembra y cuidado del territorio reciben ingresos por ese trabajo, lo que ofrece una alternativa económica legal frente a la extracción ilegal de oro que degradó la cuenca durante años.
Un modelo que otros países observan de cerca
El caso del Atrato trasciende las fronteras de Colombia como ejemplo de cómo el reconocimiento judicial de derechos a un ecosistema puede traducirse, con los años, en políticas públicas concretas, inversión sostenida y participación comunitaria real, en lugar de quedar como una declaración simbólica sin aplicación práctica. Ese modelo ya inspiró decisiones similares en otros países que reconocieron derechos legales a ríos y otros cuerpos de agua, entre ellos Nueva Zelanda, India y Ecuador.
