En lo que muchos califican como un paso más hacia el autoritarismo digital, Rusia ha aprobado una legislación que sanciona a quienes consulten contenidos etiquetados como “extremistas” por el Estado. El texto, ratificado por la Cámara Alta el pasado viernes, establece multas para los usuarios que simplemente realicen búsquedas en internet relacionadas con materiales prohibidos.
Aunque el Kremlin asegura que esta medida está orientada a frenar la propaganda extremista y los discursos de odio, numerosos expertos, activistas y hasta figuras cercanas al gobierno alertan de sus consecuencias. Lo que hasta ahora se castigaba si se compartía públicamente, como un comentario en redes sociales, ahora bastará con buscarlo para ser considerado infracción.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es que también penaliza la promoción de redes privadas virtuales (VPN), herramientas fundamentales para millones de ciudadanos rusos que intentan eludir la censura y acceder a información independiente. En otras palabras, el gobierno no solo limita lo que se puede decir o compartir, sino también los medios para acceder a fuentes alternativas.
La protesta silenciosa y el eco de Orwell
Aunque las protestas públicas en Rusia son cada vez más infrecuentes por temor a represalias, la aprobación de esta ley provocó una pequeña manifestación frente al Parlamento. Entre los presentes se encontraba Boris Nadezhdin, político liberal y ex candidato vetado a las presidenciales de 2024, quien portaba un cartel que decía: “Orwell escribió una distopía, no un manual”.
La referencia a 1984 no es casual. Los críticos ven en esta ley una institucionalización del “delito de pensamiento”. Nadezhdin lo resumió con una frase tan sencilla como inquietante: “Primero prohibieron los sitios web. Ahora prohíben buscar. Lo siguiente será castigar por pensar”.
El nuevo marco legal establece que cualquier persona que acceda a contenidos registrados como extremistas —aunque no los comparta ni los promueva— podrá ser sancionada con una multa de hasta 55 euros. Y lo que se considera “contenido extremista” es una lista gestionada por el Ministerio de Justicia, que actualmente supera los 5.000 elementos. Desde panfletos y canciones hasta libros, películas o publicaciones críticas con el gobierno.
¿Qué es realmente “extremista” en la Rusia actual?
Oficialmente, esta lista pretende incluir materiales que promueven el odio interétnico o ideologías violentas. En la práctica, sin embargo, ha terminado siendo una herramienta para perseguir a disidentes y voces críticas. Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el gobierno ruso ha ampliado drásticamente esa base de datos, incluyendo en ella a escritores, periodistas, artistas y blogueros con opiniones contrarias al Kremlin.
Incluso figuras normalmente alineadas con el gobierno han expresado su preocupación. Margarita Simonyan, directora de la cadena estatal RT, publicó en redes sociales que esta ley le dificultaría investigar a grupos radicales, una tarea que ella misma realiza como parte de su labor informativa. La reacción refleja el malestar creciente incluso en sectores afines al poder.
Desde el Parlamento se ha intentado restar importancia al impacto de la norma. Sergei Boyarsky, vicepresidente de la Duma Estatal, aseguró que los usuarios no serían sancionados por usar redes sociales como Facebook o Instagram —bloqueadas oficialmente en Rusia— o por acceder a contenidos de personas designadas como extremistas. Sin embargo, sus declaraciones han sido vistas como un intento de calmar las aguas, ya que la ley no aclara bien qué se entiende por “búsqueda sistemática”.
Un nuevo instrumento de persecución política
La ambigüedad legal es lo que más preocupa a los defensores de los derechos humanos. Dmitry Zair-Bek, del proyecto jurídico Pervy Otdel, advierte que la aplicación de esta norma quedará en manos de quienes patrullan, inspeccionan o detienen, y su interpretación será arbitraria. “Dependerá de la persona con uniforme a la que le toque decidir si has cometido una infracción”, señala.
Los controles en fronteras ya han comenzado a incluir revisiones de móviles, lo que permite a las autoridades buscar historiales de navegación o aplicaciones VPN instaladas. Si se aplica este sistema de forma sistemática, la privacidad digital en Rusia quedará reducida a la mínima expresión.
A finales de 2024, la organización Memorial estimó que ya había más de 10.000 presos políticos en Rusia. Esta cifra podría aumentar con la entrada en vigor de la nueva legislación, que amplía considerablemente las vías para castigar la disidencia.
Desde la invasión de Ucrania, se han endurecido leyes contra la “difusión de noticias falsas” sobre el ejército y la “desacreditación” de las fuerzas armadas, medidas con las que se ha perseguido a ciudadanos por utilizar términos como “guerra” en lugar de “operación militar especial”. Esta nueva ley parece ser un paso más en esa misma dirección: blindar el relato oficial y silenciar cualquier alternativa.
[Fuente: DW en Español]
