América Latina es una de las regiones volcánicas más activas del mundo. Desde México hasta el extremo sur de Chile y Argentina, sus cordilleras albergan más de 300 centros considerados activos, entre estratovolcanes, calderas, complejos volcánicos y extensos campos de conos pequeños. Millones de personas viven, trabajan o utilizan infraestructuras ubicadas dentro de sus áreas de influencia.
Un nuevo estudio publicado en Journal of South American Earth Sciences analiza los avances alcanzados por la Asociación Latinoamericana de Volcanología y vuelve a señalar una debilidad histórica: gran parte de las políticas públicas se desarrollaron después de una erupción destructiva, en lugar de invertir de forma constante en prevención, educación y sistemas de alerta temprana.
La tragedia que obligó a cambiar la vigilancia
El ejemplo más dramático ocurrió el 13 de noviembre de 1985. Una erupción relativamente pequeña del Nevado del Ruiz derritió parte del hielo de su cumbre y generó lahares, enormes corrientes de agua, lodo y materiales volcánicos que descendieron por los valles.
Los flujos alcanzaron la ciudad colombiana de Armero aproximadamente dos horas después de la erupción y mataron a unas 23.000 personas. Existían señales de reactivación y se había recomendado elaborar mapas de peligro y planes de evacuación, pero faltaban equipos, coordinación institucional y una comunicación eficiente con la población.
La catástrofe impulsó la creación de nuevas instituciones de vigilancia en Colombia y otros países. Sin embargo, la historia de Armero también dejó una enseñanza incómoda: reconocer que un volcán es peligroso no basta. La información tiene que llegar rápidamente a las autoridades y transformarse en evacuaciones, cierres de rutas y decisiones comprensibles para los habitantes.
Más observatorios, pero una cobertura incompleta
La situación regional mejoró considerablemente desde la década de 1980. Un relevamiento publicado en 2021 identificó 17 instituciones que monitoreaban oficialmente 135 volcanes en diez países. Esos organismos representaban aproximadamente una cuarta parte de los observatorios volcánicos existentes en el mundo.
La cifra demuestra el crecimiento científico de América Latina, pero también expone el problema: los centros vigilados representaban menos de la mitad de los 302 volcanes activos contabilizados en aquel estudio. Algunos se encuentran en zonas remotas y pueden observarse parcialmente mediante satélites, pero otros están cerca de ciudades, carreteras, aeropuertos, explotaciones mineras o redes energéticas.
Los satélites pueden detectar deformaciones, cambios de temperatura o emisiones, pero no sustituyen por completo a los instrumentos instalados sobre el terreno. Los sismómetros, sensores de gases, cámaras y equipos GPS permiten reconocer modificaciones sutiles que pueden anticipar una crisis. Mantenerlos exige personal especializado, conexiones estables y financiación permanente.
Por qué un sistema de alerta no alcanza por sí solo
La protección tampoco termina al colocar sensores. Cada comunidad necesita conocer las rutas de evacuación, reconocer las alertas oficiales y entender peligros como la caída de ceniza, los flujos piroclásticos o los lahares. Un aviso técnicamente correcto puede resultar inútil si llega tarde, utiliza términos incomprensibles o la población no sabe cómo reaccionar.
Los investigadores proponen fortalecer las redes existentes, compartir conocimientos entre países vecinos y crear protocolos para los volcanes fronterizos. También recomiendan realizar simulacros, formar docentes, aprovechar herramientas móviles y diseñar los planes junto con las comunidades, en lugar de imponerlos desde oficinas alejadas.
La región ya posee científicos, observatorios y experiencias capaces de reducir el riesgo. El desafío es sostenerlos cuando los volcanes parecen tranquilos. Una erupción no puede evitarse, pero muchas de sus consecuencias sí pueden reducirse cuando la preparación comienza años antes y no después del desastre.
