Brasil acaba de atravesar la primera vuelta de unas elecciones presidenciales extremadamente ajustadas. Pero mientras Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputaban cada voto, otra pregunta empezaba a crecer fuera de las urnas: ¿estaba Estados Unidos financiando organizaciones destinadas a intervenir en uno de los principales conflictos políticos del país?
La Policía Federal brasileña ya está intentando averiguarlo.
Su director general, Andrei Rodrigues, confirmó que la Dirección de Inteligencia abrió una investigación preliminar por posible interferencia extranjera después de recibir una denuncia de la Advocacia-Geral da União (AGU). Todavía no existe un sumario policial formal: se trata de una fase previa destinada a determinar si hay elementos suficientes para avanzar. Y todo comenzó con una investigación periodística publicada apenas cuatro días antes de las elecciones.
Hay un millón de dólares y todavía falta una pieza fundamental
The Guardian accedió a documentos sobre una reasignación de 176,9 millones de dólares del Human Rights and Democracy Fund, uno de los principales fondos del Departamento de Estado destinados tradicionalmente a promover derechos humanos y democracia en el extranjero.
Dentro de esos programas aparece uno particularmente sensible para Brasil. Se llama “Countering Lawfare and Censorship in Brazil” y tiene asignado un millón de dólares. Su objetivo descrito es financiar organizaciones de la sociedad civil que se opongan a lo que el programa estadounidense considera excesos judiciales y censura por parte del Supremo Tribunal Federal brasileño.
La gran incógnita es quién debía recibir ese dinero. La AGU pidió precisamente identificar posibles organizaciones brasileñas beneficiarias y determinar si el financiamiento podía constituir una estructura de injerencia externa en asuntos internos. Criticar al Supremo no constituye por sí mismo ninguna ilegalidad; el problema que investiga Brasil es si recursos de un Gobierno extranjero fueron utilizados para intervenir políticamente durante un proceso electoral.
Hay además un matiz importante. Una fuente citada por The Guardian aseguró que los fondos habían sido comprometidos antes del cierre del ejercicio fiscal estadounidense. El Departamento de Estado, sin embargo, respondió que los programas continuaban en “deliberación activa” y que los destinatarios pasarían por los procesos habituales de evaluación.
El dinero apunta directamente a la mayor batalla política de Brasil
El destino del programa tampoco es neutral dentro del escenario brasileño. El STF y, particularmente, el juez Alexandre de Moraes se han convertido en enemigos centrales del movimiento bolsonarista. Moraes supervisó procesos relacionados con el intento de golpe posterior a las elecciones de 2022, mientras los seguidores de Jair Bolsonaro acusan desde hace años al tribunal de extralimitarse y practicar censura. El Gobierno de Donald Trump también ha cuestionado abiertamente algunas de sus actuaciones.
La Administración estadounidense ha rechazado las acusaciones de interferencia electoral. En septiembre, cuando Reuters reveló que la inteligencia brasileña había informado a delegaciones francesas y alemanas sobre presuntas operaciones estadounidenses y rusas, Washington sostuvo que no buscaba intervenir en el proceso brasileño.
La controversia llega, además, en un momento especialmente delicado. La primera vuelta del 4 de octubre terminó con Flávio Bolsonaro por delante de Lula, 47% frente a 45%, dejando la presidencia pendiente de una segunda vuelta el próximo 25 de octubre. Trump no ha respaldado formalmente a Bolsonaro, aunque lo recibió en la Casa Blanca y lo ha elogiado públicamente.
Ahora Brasil tiene tres semanas para averiguar qué ocurrió
Eso convierte la investigación en algo bastante más urgente que una disputa diplomática. Por ahora no existe evidencia pública de que ese millón de dólares haya alterado votos, financiado ilegalmente una campaña o llegado siquiera a organizaciones concretas dentro de Brasil. Eso es precisamente lo que la Policía Federal deberá determinar.
Lo que sí está documentado es que había un programa estadounidense específicamente diseñado para financiar grupos enfrentados al Supremo brasileño, que la AGU consideró suficientemente grave como para pedir una investigación y que la Policía Federal abrió averiguaciones mientras el país votaba.
Brasil salió de las urnas sin presidente electo y con tres semanas de campaña todavía por delante. Ahora tiene también un millón de dólares cuyo recorrido puede terminar convirtiéndose en otra parte de la elección.
