Hubo un momento en que el futuro de los bosques de Costa Rica parecía bastante sencillo de predecir: cada vez quedarían menos. La expansión de la ganadería, la agricultura y una serie de políticas que durante décadas favorecieron transformar selva en tierras productivas provocaron una caída brutal. En 1987, la cobertura forestal había llegado aproximadamente al 21% del territorio, según documentos del Banco Mundial.
Hoy la fotografía parece pertenecer a otro país. Los últimos datos comparables del Banco Mundial sitúan el área forestal de Costa Rica en el 60,4% de su superficie terrestre en 2023. El organismo la considera el primer país tropical del mundo que consiguió revertir la deforestación.
No ocurrió simplemente porque la naturaleza recuperara terrenos abandonados. Costa Rica hizo algo mucho más interesante: decidió que mantener un bosque debía generar dinero para su propietario.
Durante décadas, cortar árboles tenía más sentido económico que conservarlos

El problema original no era únicamente ambiental. Tal como explica Naciones Unidas, durante los años 70 y 80 Costa Rica sufrió una de las tasas de deforestación más elevadas del planeta. Existían créditos baratos para la ganadería, leyes de propiedad que indirectamente premiaban desmontar terrenos y una red de carreteras que facilitaba expandir las explotaciones agrícolas.
En otras palabras, un árbol podía valer más muerto que vivo.
La Ley Forestal 7575, aprobada en 1996, ayudó a invertir esa lógica. De ella nació el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, y se consolidó uno de los experimentos ambientales más interesantes del mundo: el Programa de Pago por Servicios Ambientales.
El principio es simple. Si un bosque captura carbono, protege agua, conserva biodiversidad y además sostiene un paisaje del que depende parte del turismo, esos beneficios tienen valor aunque no aparezcan en el precio de la madera. Así que el Estado empezó a reconocerlos económicamente.
FONAFIFO paga a propietarios y poseedores de tierras que protegen bosque, permiten su regeneración, reforestan o implementan sistemas agroforestales. La propia institución recalca que no lo considera simplemente un subsidio: es un “reconocimiento económico” por los servicios ambientales proporcionados por esos ecosistemas.
Costa Rica convirtió un impuesto a los combustibles en árboles

Había, naturalmente, una pregunta complicada: quién pagaría todo aquello.
Una de las principales respuestas fue el propio consumo de combustibles fósiles. El programa recibe recursos de un impuesto a los combustibles, además de cánones vinculados al agua, mercados de carbono, acuerdos públicos y privados y financiación internacional. Naciones Unidas contabilizaba ya más de 524 millones de dólares invertidos y 1,3 millones de hectáreas incorporadas a contratos de servicios ambientales.
La idea continúa funcionando casi 30 años después. FONAFIFO mantiene en 2026 contratos para protección de bosques, recursos hídricos, regeneración natural, reforestación y sistemas agroforestales, y sigue publicando estadísticas actualizadas del programa. Eso no significa que cada árbol recuperado pueda atribuirse al sistema de pagos.
La caída del precio de la carne, el abandono de algunos terrenos agrícolas, el crecimiento del ecoturismo, la creación de áreas protegidas y cambios económicos más amplios también ayudaron a que los bosques regresaran. Pero el propio Banco Mundial y la FAO consideran al sistema costarricense una pieza central del proceso que permitió alinear los incentivos económicos con la conservación.
El truco no fue convencer a todo un país de que dejara de ganar dinero

Fue cambiar de dónde podía salir ese dinero. Durante buena parte del siglo XX, destruir bosque abría espacio para ganado o cultivos. A finales del siglo, Costa Rica empezó a construir un sistema en el que conservarlo también podía pagar facturas.
El resultado no ha sido únicamente recuperar árboles. Los contratos protegen carbono, biodiversidad y cuencas hidrográficas, mientras otros programas internacionales ya pagan al país por emisiones evitadas: en 2022 Costa Rica recibió 16,4 millones de dólares por reducir 3,28 millones de toneladas de CO₂ durante 2018 y 2019.
Hay una ironía especialmente potente en todo esto. Costa Rica no salvó sus bosques convenciendo a miles de propietarios de que ignoraran la economía. Los salvó consiguiendo que, por primera vez, la economía también pudiera estar del lado de los árboles.