Lo que parecía una medida irreversible para transformar la movilidad urbana en España empieza a tambalearse. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), impuestas por ley desde 2023, han desatado una fuerte reacción en muchos municipios y colectivos, que ahora ven en Francia un espejo posible del futuro español. ¿Estamos asistiendo al principio del fin de estas áreas restrictivas?
Una medida impuesta… pero no del todo aplicada
La Ley de Cambio Climático de 2023 obligó a más de 100 ayuntamientos españoles a implantar Zonas de Bajas Emisiones antes del verano de 2025. De ellas, solo 54 ciudades las han activado hasta ahora, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que otras 95 están aún en proceso y 20 ni siquiera lo han iniciado.
La urgencia es clara: sin ZBE en funcionamiento, estos municipios no podrán acceder a nuevas ayudas estatales para transporte público, lo que ha encendido las alarmas en muchas localidades que dependen de esos fondos para mejorar la movilidad.
El precedente francés que lo cambia todo
Francia, uno de los países pioneros en restricciones urbanas para combatir la contaminación, decidió abolir sus Zonas de Bajas Emisiones tras una votación en la Asamblea Nacional. ¿El motivo? Penalizaban especialmente a hogares con bajos ingresos, al impedirles circular con vehículos antiguos o no ecológicos.
Esta decisión ha sido celebrada por asociaciones automovilísticas como el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), que ya están utilizando este precedente como argumento en sus recursos legales contra las ZBE en ciudades como Bilbao o San Sebastián.
Críticas por “clasistas” y desproporcionadas
El RACVN afirma que las ZBE españolas “no tienen futuro” y que siguen un modelo clasista que impone restricciones sin soluciones viables para quienes no pueden cambiar de coche. Alegan que no existe una obligación legal de la Unión Europea para crear ZBE, sino únicamente para combatir la contaminación, y piden que los ayuntamientos “usen el sentido común” y replanteen sus políticas.
También denuncian la “falta de proporcionalidad” en las medidas, que limitan un derecho fundamental como es el de la libertad de movilidad, y acusan a los gobiernos locales de “engañar a la población” sobre los verdaderos requisitos europeos.
¿Qué dice el Gobierno?
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno, ha reconocido que hay avances, pero también un “redil de municipios negacionistas” que se resisten a aplicar estas zonas, a pesar del impacto comprobado de la contaminación en la salud.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apoya la implantación de ZBE, pero insiste en que deben ir acompañadas de una mejora integral del transporte público y de una planificación estratégica para que la transición sea “eficiente y equitativa”.
El debate está abierto y la presión crece
A medida que se acerca el plazo límite para activar las ZBE, las presiones legales, políticas y sociales aumentan. La posibilidad de que más ciudades presenten recursos o incluso den marcha atrás, como ha hecho Francia, ya no parece lejana. El argumento de la desigualdad social, unido al rechazo en algunos sectores, podría redibujar la estrategia climática urbana de España.
¿Estamos ante el fin de las ZBE tal como las conocemos? Todo apunta a que el verano no solo marcará un límite legal, sino también un punto de inflexión en la lucha entre movilidad sostenible, justicia social y libertad individual. Y, como ya ha demostrado Francia, dar marcha atrás también puede ser una opción política real.
[Fuente: Unión Rayo]
