La reciente decisión de Donald Trump de movilizar fuerzas federales y tomar control de la Guardia Nacional de California, sin consentimiento del gobernador y sin citar la Ley de Insurrección, reaviva una incómoda pregunta: ¿puede el presidente actuar como comandante absoluto incluso frente a la oposición de los estados? El debate legal y político no ha hecho más que empezar.
Un despliegue polémico con base legal ambigua
Frente a las protestas en Los Ángeles por las redadas migratorias, Trump federalizó la Guardia Nacional citando una antigua disposición que permite al presidente actuar en caso de invasión, rebelión o incapacidad para hacer cumplir las leyes. Aunque la Casa Blanca asegura que se cumplen esas condiciones, el gobernador Gavin Newsom no lo aprueba. La tensión se centra en la dualidad de mando que rige a estas fuerzas: estatal y federal al mismo tiempo.
El despliegue recuerda otras situaciones históricas: Eisenhower usó tropas para garantizar derechos civiles; Lyndon B. Johnson lo hizo en Alabama para proteger a manifestantes. Pero en todos esos casos se invocó la Ley de Insurrección, algo que Trump ha evitado formalmente. Esto levanta sospechas entre expertos, como Elizabeth Goitein del Brennan Center, quien alerta que la orden presidencial, al no limitarse geográficamente, podría permitir movilizaciones militares en todo el país.
¿Una nueva interpretación del poder presidencial?
Según CNN en español, para figuras como Adam Kinzinger, excongresista y miembro de la Guardia Nacional, lo que está en juego no es solo legal, sino constitucional: ¿puede el presidente utilizar fuerzas armadas en contra de los deseos de un gobernador? Si Trump considera que las protestas equivalen a insurrección, ¿por qué no invocó la ley correspondiente?
Mientras tanto, unos 700 marines fueron desplegados para proteger a agentes del ICE en Los Ángeles, aunque no participen directamente en labores policiales. Para analistas como Kori Schake, esto parece más una teatralización que una respuesta necesaria. La Ley Posse Comitatus prohíbe en principio que el Ejército actúe como policía dentro del país, salvo que se active la excepción de insurrección.
La delgada línea entre seguridad y autoritarismo
La falta de una base legal clara genera inquietud. Goitein advierte que permitir al presidente usar al Ejército como herramienta de orden interno sin parámetros definidos abre la puerta a abusos de poder. No se trata solo de quién da la orden, sino de bajo qué condiciones puede hacerlo.
En palabras de Newsom, esta decisión vulnera la soberanía del estado. California ya ha demandado al Gobierno federal y el gobernador incluso ironizó con que Trump debería arrestarlo, a lo que el presidente respondió con tono desafiante. El conflicto recuerda un pasado turbulento, cuando la fuerza federal fue usada contra ciudadanos estadounidenses bajo criterios muy discutibles.
La historia, la legalidad y la tradición democrática parecen chocar en este nuevo episodio. Y aún no está claro si se trata de una excepción… o de un nuevo precedente.
