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Bukele, nuevamente en el foco: ordena arrestar a empresarios del transporte y dice “Nadie está por encima de la ley”

La Policía Nacional Civil arrestó a al menos tres líderes del transporte público, aunque las autoridades no han aclarado qué delitos se les imputan. Más tarde, el presidente Bukele justificó la medida por la negativa de los empresarios a brindar servicio gratuito durante una semana
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Los motivos legales detrás de la detención de varios empresarios del transporte público en El Salvador siguen sin esclarecerse. Aunque el arresto fue ejecutado por orden directa del presidente Nayib Bukele, las autoridades no han especificado los cargos por los cuales los líderes gremiales fueron privados de su libertad. La falta de información oficial ha encendido el debate sobre el alcance del poder ejecutivo y el respeto a los derechos constitucionales.

Arrestos sin explicación judicial clara

Bukele Arresta Empresarios
© Emiliano Vittoriosi – Unsplash

Entre los detenidos figuran Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); Alex Sorto, de la Mesa Nacional del Transporte; y Alejandro Arriza, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Ahuachapanecos (ASOTRA).

Todos fueron arrestados cuando asistían a una reunión convocada por el Viceministerio de Transporte. La prensa local reportó que fueron trasladados en patrullas, aunque no fueron esposados ni presentados públicamente ante tribunales, lo que añade opacidad al procedimiento.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional Civil ni la Fiscalía han informado con claridad bajo qué figura penal se les imputa alguna falta o delito.

La causa detrás de los arrestos: la negativa a prestar servicio gratuito

Bukele Arresta Empresarios
© Nayib Bukele – X

Horas después de que se produjeran las detenciones, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que había ordenado la captura de los empresarios por su negativa a cumplir una disposición presidencial de prestar servicio gratuito durante una semana.

“Esta acción constituye un claro sabotaje al país, y como siempre, el más afectado es el pueblo. La Policía Nacional Civil deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas. Nadie está por encima de la ley”, escribió el mandatario.

La medida de gratuidad fue anunciada por Bukele como respuesta a los problemas de tráfico causados por el cierre temporal del tramo Los Chorros de la carretera Panamericana, una de las principales vías de acceso a San Salvador.

La instrucción: transporte gratuito por una semana

El domingo, Bukele declaró que todos los buses y microbuses urbanos e interdepartamentales operarían gratis del 5 al 11 de mayo. Para garantizar ingresos a los operadores, el gobierno se comprometió a cubrir el 100% de lo que normalmente perciben por día, según informó Casa Presidencial.

No obstante, el lunes varias cooperativas no pusieron en circulación sus unidades, lo que generó largas filas de usuarios y afectaciones en la movilidad. Fue entonces cuando el presidente calificó el paro como “sabotaje” y ordenó directamente a la policía detener a los empresarios involucrados.

Casa Presidencial aclaró que el gobierno está al día con los pagos de compensación a las empresas del sector, lo cual —según la administración— elimina cualquier justificación para no operar.

Clases virtuales y respuesta gubernamental

El Ministerio de Educación anunció que del 5 al 9 de mayo se ofrecerán clases virtuales opcionales para todos los estudiantes que enfrenten dificultades de traslado debido al cierre de Los Chorros. La medida aplica para centros educativos públicos y privados en todo el país, sin implicar la suspensión oficial de clases.

Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que los trabajos viales durarán hasta el 11 de mayo y forman parte de un proyecto de ampliación de la carretera.

Una detención que reaviva el debate sobre el poder presidencial

La polémica en torno a estas detenciones no solo gira en torno al transporte, sino también al tipo de medidas que puede tomar el Ejecutivo sin el respaldo de un proceso judicial claro. Mientras el oficialismo respalda la decisión de Bukele por considerar que protege a la población, organizaciones y sectores críticos han expresado su preocupación por lo que ven como una violación al debido proceso y un uso discrecional del aparato de seguridad del Estado.

El caso sigue abierto, y con los detenidos aún sin cargos formales, las interrogantes sobre el equilibrio entre autoridad y legalidad en El Salvador continúan creciendo.

[Fuente: AP]

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