Al menos 188.000 residentes de las áreas que rodean la presa de Oroville en California han tenido que evacuar sus hogares mientras los trabajadores luchan para prevenir una brecha catastrófica. Ahora los medios informan de que las autoridades locales habían sido advertidas sobre los problemas de seguridad de la presa hacía 12 años, e hicieron poco para mitigarlos.
Además de servir como una dosis de miedo a toro pasado, estos informes son un triste recordatorio de que los expertos llevan mucho tiempo advirtiendo sobre el envejecimiento de la infraestructura de la nación. En la mayoría de los casos, no han conseguido mucha atención.
Más allá de que la edad promedio de las presas del país es de 56 años, los cambios ambientales —desde los patrones cambiantes de los ríos hasta los cambios en los patrones climáticos— son un factor importante que alimenta la creciente crisis de infraestructura. En la presa de Oroville, el cambio ambiental llegó en forma de lluvias más pesadas de lo normal, algo que había sido advertido a las autoridades hacía más de una década.
Mercury News publica:
Tres grupos ambientalistas —Friends of the River, Sierra Club y South Yuba Citizens League— presentaron una moción ante el gobierno federal el 17 de octubre de 2005 como parte del proceso de relicenciamiento de la presa de Oroville, instando a los funcionarios federales a exigir que el aliviadero de emergencia de la presa fuera blindado con hormigón en vez de seguir siendo una ladera de tierra.
Los grupos presentaron la moción a FERC, la Comisión Federal Reguladora de Energía. Decían que la presa, propiedad de California, y construida por el estado en 1968, no cumplía con los estándares de seguridad modernos ya que, en caso de lluvia extrema e inundaciones, el rápido aumento del agua desbordaría el aliviadero de hormigón principal, el agua fluiría por el aliviadero de emergencia y podría causar una fuerte erosión que causaría inundaciones para las comunidades aguas abajo, pero también podría causar una falla conocida como “pérdida del control de la cresta”.
Finalmente, los aliviaderos primario y de emergencia que previenen el desbordamiento de la presa han quedado dañados por la erosión. Si la erosión debilita el borde de hormigón de 530 metros de largo que corre a lo largo de la parte superior del aliviadero de emergencia, una pared de agua de 10 metros podría caer sobre los residentes de las ciudades cercanas. Los trabajadores de emergencia están tratando de reparar la presa, y los niveles de agua parecen estar cayendo. Pero la previsión del tiempo para el miércoles muestra una nueva oleada de precipitaciones en dirección a la presa de Oroville, y los problemas podrían empezar otra vez.
Según la Asociación de Funcionarios de Seguridad de Presas del Estado (ASDSO), Estados Unidos contabilizó 173 fallas y 587 incidentes en sus presas entre el 1 de enero de 2005 y junio de 2013. (“Incidentes” se define como “episodios que, sin intervención, habrían resultado en una falla de la presa”). La mayoría de esas fallas fueron atribuidas a condiciones climáticas extremas.
Lori Spragens, directora ejecutiva de la ASDSO, explica a Gizmodo que es posible que hubieran más incidentes que hayan pasado inadvertidos o no fueran reportados. No hay ninguna regla general sobre cómo reportar los incidentes, dice. “Depende del estado. Algunos estados solo regulan las presas de alto riesgo, algunas regulan los tres niveles de peligro”. Bajo, significativo y alto, según la ASDSO.
Un boletín de 2013 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles dio a la infraestructura general de Estados Unidos una calificación de “D+”, que significa pobre. La puntuación fue aún más baja para las 84.000 presas de Estados Unidos, que recibieron una “D”. (También vale la pena señalar que la edad promedio de las presas con fallos era de 62 años, 10 más que la media nacional).
De todas esas presas, las más preocupantes son las 2000 que han sido categorizadas como “deficientes de alto riesgo”. Se prevé que las presas de alto riesgo causen la pérdida de vidas humanas si fracasan. Muchas fueron construidas como presas de bajo riesgo, pero a medida que las poblaciones crecieron y el desarrollo avanzó, más gente comenzó a vivir en la zona de peligro.
Una de las complicaciones de controlar la integridad de la presa es la propiedad. El gobierno federal solo controla un 4% de las presas, y un 69% son privadas. Las demás están dirigidas por gobiernos locales y estatales. Es importante destacar que las presas que no son controladas por los federales solo están reguladas a nivel estatal, donde la negligencia ha supurado. Alabama, por ejemplo, no tiene un programa de regulación de seguridad de presas, pero tiene 201 presas de alto riesgo.
En el estado de Carolina del Sur, después de un periodo de fuertes lluvias en 2015, 36 presas colapsaron y 19 personas murieron en las inundaciones subsecuentes. Un informe del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur del pasado mes de diciembre registró 51 infracciones confirmadas desde la inundación de 2015. Y en Hawái, James Pflueger, dueño de la presa de Kaloko, fue acusado de homicidio involuntario después de que la presa fallara en marzo de 2006 y murieran siete personas. La presa de un siglo de antigüedad nunca había sido inspeccionada, a pesar de que la ley estatal requiere una inspección cada cinco años.
A medida que los políticos hacen campaña para reconstruir una infraestructura en ruinas, en la mayoría de los casos los recursos se han dedicado a medidas que requieren poco sacrificio. En uno de sus actos finales como presidente, Obama autorizó la Ley de mejoras de infraestructura de agua, que asignó $12.000 millones de dólares a una serie de proyectos relacionados con el suministro de agua de la nación. Pero solo una parte del dinero está destinado a mejorar las presas de alto riesgo del gobierno federal. La Asociación de Funcionarios de Seguridad de Presas del Estado estima que se necesitarían más de $57.000 millones para rehabilitar todas las presas de la nación.
Todavía no se sabe lo que hará Donald Trump —el plan de infraestructura que presentó antes de las elecciones se basa en incentivos fiscales para las empresas privadas—, pero el reloj sigue haciendo tic tac.