Algo inquietante está ocurriendo entre los pasillos digitales del gobierno estadounidense. Una estructura poco visible, impulsada por inteligencia artificial y dirigida por figuras de enorme influencia, estaría tomando decisiones que podrían alterar no solo el funcionamiento interno de agencias clave, sino también las libertades de sus empleados. ¿Se está construyendo una nueva forma de poder desde las sombras?
El grupo que nadie eligió pero que ya opera desde adentro
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, es una iniciativa impulsada por la administración Trump con la participación activa de Elon Musk. Oficialmente, su objetivo es reducir el gasto y modernizar estructuras obsoletas del Estado. Sin embargo, múltiples fuentes revelan una dinámica mucho más compleja y opaca: un equipo de tecnólogos operando con libertad inusual, poca supervisión legal y herramientas propias del sector privado.
DOGE no solo trabaja en secreto. Según testimonios recopilados por Reuters, sus miembros están empleando inteligencia artificial para revisar comunicaciones dentro de agencias federales, con el objetivo de detectar mensajes considerados “hostiles” hacia el presidente Trump o incluso hacia el propio Musk. Esta práctica ya estaría aplicándose en organismos como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde decenas de trabajadores han sido puestos en licencia y se anticipan despidos masivos tras recortes presupuestarios de hasta el 65 %.
Una app encriptada, una red invisible
Más allá del uso de IA, lo que ha causado fuerte alarma entre expertos en ética y ciberseguridad es el uso intensivo de la app Signal por parte del equipo DOGE. Esta aplicación, conocida por sus mensajes autodestructivos y su cifrado de extremo a extremo, es incompatible con las leyes de transparencia y archivo de registros públicos en EE. UU. Su uso, en el contexto gubernamental, podría constituir una violación legal directa.
Pero eso no es todo: según diversas fuentes, DOGE evita los canales institucionales para gestionar documentos oficiales. En lugar de versiones controladas y archivadas, el equipo trabaja en tiempo real con múltiples personas editando simultáneamente en Google Docs. Este método, aunque ágil, deja fuera los sistemas de auditoría tradicionales y permite movimientos acelerados sin rastros completos.
La vigilancia como estrategia: ¿reforma o represión?
La administración ha comunicado que busca “optimizar funciones y eficiencias”, pero las acciones de DOGE han sido interpretadas por críticos como un intento de purgar la administración pública de funcionarios considerados no alineados políticamente. Desde enero, DOGE tomó control de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), bloqueando el acceso de más de 100 técnicos a sistemas clave. Solo dos personas mantienen acceso pleno a la nube que contiene datos sensibles de millones de trabajadores actuales y retirados del gobierno federal.
Esto ha despertado sospechas de que se esté consolidando una estructura paralela que concentra poder en figuras políticamente leales y elimina mecanismos de control y supervisión interna.
¿Una nueva arquitectura del poder?
Lo que hace a este caso particularmente alarmante es el cruce entre tecnología de punta, opacidad administrativa y fines ideológicos. Musk, como empleado gubernamental especial, está legalmente impedido de involucrarse en actividades que beneficien a sus empresas. Pero su implicación directa con Grok, su chatbot de IA usado dentro del DOGE, plantea interrogantes difíciles de ignorar.
Además, un fallo judicial reciente ordenó que DOGE comience a entregar registros a una organización de vigilancia ética que demandó acceso bajo leyes federales. Hasta ahora, no se ha entregado ningún documento. El secretismo continúa.
El caso DOGE expone un nuevo tipo de poder: silencioso, digital, con rostro corporativo y sin votación de por medio. La pregunta no es solo qué se está haciendo, sino hasta dónde se permitirá que esto avance. Y sobre todo, qué se está sacrificando en nombre de la “eficiencia”.
