El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk sigue arrasando con el gobierno federal como un virus. DOGE ha pasado de un organismo burocrático a otro, deteniéndose en cada uno para despedir empleados, tomar el control de datos y, en general, causar caos y angustia. Ahora, mientras las demandas comienzan a acumularse, esta organización con una agenda pro-corporativa y anti-gubernamental está fijando su atención en dos agencias que afectan directamente a millones de estadounidenses: la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social.
El jueves, una fuente anónima le dijo a Semafor que DOGE pronto pondría su mira en la Administración del Seguro Social. Según el medio, al menos un integrante de DOGE ya se está preparando para «colaborar con la agencia». Aunque hay poca información sobre lo que el grupo de Musk pretende hacer con este programa público tan popular, su modus operandi ha sido aplicar recortes drásticos a todas las agencias con las que ha trabajado, por lo que resulta difícil imaginar que los cambios vayan a beneficiar al ciudadano común.
«Dependerá de lo que encontremos», dijo una fuente anónima con conocimiento de los planes de DOGE a Semafor. «Habrá reestructuraciones en todo el gobierno, en cada agencia». Otra persona entrevistada por el medio describió la estrategia general del grupo de la siguiente manera: «Creo que hay un impulso por hacer una limpieza, tal vez congelar el financiamiento ahora y, si algo es realmente importante, se destacará por sí solo y lo reactivaremos… Hay que moverse rápido, integrar rápido y luego arreglar sobre la marcha».
Durante una conferencia de prensa el viernes, el presidente Trump aseguró que la Seguridad Social no se vería afectada por DOGE. «La Seguridad Social no será tocada, solo será fortalecida», afirmó.
Esta semana, DOGE también llegó a la CFPB, la agencia que protege a los consumidores de estafas y abusos financieros. En un comunicado, el sindicato de la agencia denunció la llegada del grupo de Musk, describiéndolo como un «publicador profesional de Twitter y confidente de Jeffrey Epstein», y nombrando a los miembros de DOGE que irrumpieron en sus oficinas: «Chris Young, un cabildero de la industria farmacéutica y exorganizador de campaña del exgobernador Bobby Jindal, junto con los fanáticos de Elon, Nikhil Rajpal y Gavin Kliger». Según el comunicado, Rajpal «lideró un grupo de estudiantes libertarios en la universidad pública UC Berkeley y trabajó en el prestamista automotriz Tesla y en la fallida procesadora de pagos Twitter». Sobre Kliger, el documento señala que su «padre abogado trabaja en Experian, la misma empresa que la CFPB demandó en enero por encubrir errores en los informes de crédito con investigaciones fraudulentas».
El comunicado continúa: «El no electo Musk anunció recientemente planes para una nueva plataforma de pagos operada conjuntamente por Visa y ‘X’ (anteriormente Twitter). Ahora, ha trasladado su intento de acaparar poder a la CFPB, en un claro esfuerzo por atacar a los trabajadores sindicalizados y desmantelar la única agencia que limita la codicia de las empresas de pagos y prestamistas automotrices como Tesla».
Por otro lado, CNN informó el jueves que un «exbecario de SpaceX de 23 años» se presentó en el Departamento de Energía y, en contra de la recomendación del abogado general de la agencia, se le concedió acceso a los sistemas informáticos del departamento. Dios sabrá quién pensó que eso era una buena idea.
DOGE ahora enfrenta múltiples demandas. El jueves, se anunció que los fiscales generales de más de una docena de estados están preparando una acción legal conjunta contra la organización debido a su acceso a datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. En el anuncio de la demanda se señala que el acceso de los miembros de DOGE a sistemas de pago con información privada de los ciudadanos, como cuentas bancarias y otros datos sensibles, es «ilegal». Los estados involucrados—entre ellos Nueva York, California, Nevada, Arizona, Illinois, Maine, Maryland y Minnesota—afirman que su objetivo es «garantizar que los responsables rindan cuentas».
«Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley», dice el comunicado. «Este nivel de acceso para personas no autorizadas es ilegal, sin precedentes e inaceptable».
