Durante años, la pregunta parecía doméstica: cuándo darle un celular a un hijo. Cada familia decidía como podía, muchas veces bajo presión: “todos en el curso ya tienen”, “lo necesita para avisar”, “si no, queda afuera”. Ahora esa decisión empieza a cambiar de escala. En varios países de América Latina, madres y padres están intentando convertirla en algo colectivo.
El caso argentino más visible es Pacto Parental, nacido en Mendoza alrededor del Colegio San Nicolás e impulsado por Ignacio Castro. Según recoge WIRED en Español, la iniciativa se extendió luego a otras provincias argentinas y despertó interés de familias de Paraguay, Perú, Colombia y Puerto Rico. La idea de fondo es sencilla: retrasar el acceso al smartphone y a las redes para que el niño que no tiene celular no quede aislado frente a sus compañeros.
No es solo quitar un teléfono: es quitar presión social
Pacto Parental se presenta en su web como “un acuerdo entre madres y padres” para devolver a los hijos tiempo libre de pantallas y poner límites saludables frente a la hiperconexión. El sitio explica que el pacto funciona como un compromiso grupal: se descarga, se comparte con padres del curso o comunidad, se firma y se activa con al menos diez familias comprometidas.
Ese detalle es clave. El problema no es únicamente el dispositivo, sino la soledad de la familia que intenta poner un límite cuando el resto del grupo ya cruzó esa frontera. Si todos los compañeros tienen WhatsApp, TikTok o Instagram, el niño sin teléfono queda rápidamente en desventaja social. Por eso estos movimientos no buscan convencer a una familia aislada, sino mover la norma del grupo completo.
La propia página de Pacto Parental habla de postergar el primer celular hasta los 13 años, mientras que el documento del pacto difundido por la organización incluye el compromiso de no permitir cuentas ni acceso a redes sociales al menos hasta los 16 años.
La bandera de Haidt
Buena parte de este impulso viene del debate abierto por Jonathan Haidt en La generación ansiosa. El movimiento vinculado al libro resume sus propuestas en cuatro normas: no smartphones antes de la secundaria, no redes sociales antes de los 16, escuelas libres de celulares y más juego libre, independencia y responsabilidad en el mundo real. También insiste en una idea que explica por qué estos pactos se expanden: cuando familias y escuelas actúan juntas, los costos bajan y los beneficios suben.
Ese diagnóstico prendió rápido porque muchos padres ya sentían el problema antes de tener un marco teórico para nombrarlo. No se trata solo de tiempo de pantalla, sino de sueño, atención, ansiedad, conflictos en grupos de WhatsApp, comparación social y pérdida de juego presencial. En Argentina, el contexto ayuda a entender la urgencia: según el informe Kids Online citado por WIRED, el 91% de estudiantes de 11 y 12 años tiene celular, y en el último año de secundaria la cifra llega al 97%. El promedio de adopción del primer dispositivo es de 9,6 años.
México armó su propio modelo
En México, el movimiento equivalente se llama No Es Momento. Nació en Monterrey y se expandió hacia ciudades como Aguascalientes, Celaya, Chihuahua, Cuernavaca y Ciudad de México. Según su sitio oficial, el objetivo es promover la conexión humana, el juego libre y la reducción del tiempo de pantalla mediante educación digital y un compromiso colectivo para aplazar el smartphone propio y las cuentas de redes sociales.
Su herramienta central es el Acuerdo No Es Momento. De acuerdo con WIRED en Español, las familias registran a sus hijos, colegio y año escolar, y se comprometen a no entregar celular hasta los 14 años ni acceso a redes hasta los 16. El propio movimiento informa más de 7.000 acuerdos firmados, unas 4.200 familias involucradas y 580 escuelas adheridas.
La lógica vuelve a ser la misma: no transformar a un niño sin celular en una excepción, sino hacer que el curso, la escuela o la comunidad acompañen. En la práctica, el pacto funciona casi como una red de contención para padres que, por separado, sienten que pierden contra una mezcla de presión social, diseño adictivo y miedo a dejar a sus hijos fuera.
Entre la crianza digital y la ley
El movimiento no se limita a acuerdos privados. En Ciudad de México, por ejemplo, la diputada Laura Álvarez presentó una iniciativa para restringir el uso de redes sociales hasta los 16 años dentro de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital. El proyecto también plantea acciones y recomendaciones de las autoridades en esta materia.
El espejo internacional está cada vez más cerca. Australia ya aprobó restricciones para el acceso de menores de 16 años a redes sociales y, según informó Reuters, el Gobierno avanzó en 2026 con más poderes para el regulador y multas más altas contra plataformas que no cumplan con la norma.
Aun así, reducir todo a prohibición sería quedarse corto. La propia iniciativa Kids Online, impulsada en la región con apoyo de organismos como UNICEF y UNESCO, busca generar evidencia sobre oportunidades y riesgos de internet, no negar que la tecnología también puede servir para aprender, comunicarse y participar.
Ahí está la tensión real. Estos padres no pueden devolver a sus hijos a un mundo sin pantallas, porque ese mundo ya no existe. Pero sí intentan retrasar el momento en que una infancia todavía en formación entra sola en un ecosistema diseñado para capturar atención.
La novedad no es que haya familias preocupadas por los celulares. Eso existe desde hace años. Lo nuevo es que empiezan a organizarse como si el problema no fuera de cada casa, sino de todos. Porque quizá la pregunta ya no sea “cuándo le doy un smartphone a mi hijo”, sino cuántas familias tienen que ponerse de acuerdo para que decir “todavía no” vuelva a ser posible.
