Durante décadas, millones de argentinos guardaron sus dólares fuera de los bancos por miedo a las crisis, las restricciones cambiarias y los cambios constantes de reglas. El Gobierno de Javier Milei decidió que una parte de ese dinero debía volver a circular y presentó una solución tan ambiciosa como controvertida: permitir que los ciudadanos utilicen sus ahorros sin tener que explicar continuamente cómo los consiguieron.
La iniciativa comenzó en mayo de 2025 con el llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El Ejecutivo elevó considerablemente los montos a partir de los cuales bancos, billeteras virtuales y comercios debían informar operaciones a la agencia tributaria. Las transferencias y acreditaciones bancarias, por ejemplo, pasaron de reportarse desde un millón de pesos a hacerlo desde 50 millones para personas físicas, mientras que las extracciones en efectivo dejaron de informarse desde cualquier monto y adoptaron un umbral de 10 millones.
Lo que se presentó como una forma de reconciliar a los argentinos con el sistema financiero también abrió una pregunta inevitable: ¿cómo se distingue a una familia que ahorró durante años del dinero que una organización criminal necesita introducir en la economía legal?
Blanqueo sin freno: El riesgo de repetir el pasado
El nuevo esquema no eliminó los Reportes de Operaciones Sospechosas ni liberó a los bancos, escribanos y demás sujetos obligados de sus responsabilidades contra el lavado. El Decreto 353/2025 estableció expresamente que las reformas no podían dejar sin efecto las obligaciones previstas por la legislación vigente.
La Unidad de Información Financiera mantuvo el deber de conocer al cliente, elaborar perfiles transaccionales, vigilar los depósitos en efectivo y detectar comportamientos inusuales. Lo que sí hizo la Resolución UIF 78/2025 fue elevar diversos umbrales y eliminar algunos requisitos documentales, como la necesidad de presentar declaraciones impositivas en determinadas operaciones. Para la compra de automóviles, por ejemplo, el perfil económico del cliente comenzó a exigirse a partir de los 115 millones de pesos.
A finales de 2025, aquella política se transformó en la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal. La norma creó un régimen simplificado de Ganancias y limitó la capacidad de ARCA para utilizar consumos personales o variaciones patrimoniales como punto de partida automático para nuevas fiscalizaciones. Su reglamentación exige que las operaciones pasen por canales autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores y aclara que las normas contra el lavado continúan vigentes.
El riesgo, por tanto, no consiste en que todo control haya desaparecido. Está en que, al reducir los reportes automáticos y confiar más en evaluaciones individuales de riesgo, el sistema pasa a depender mucho más de la capacidad de bancos, inmobiliarias, escribanos y organismos públicos para detectar cuándo una operación aparentemente normal esconde algo diferente.
Cuando el dinero del delito desfigura la economía legal
El lavado no consiste únicamente en depositar una suma sospechosa en una cuenta bancaria. Las organizaciones criminales pueden adquirir propiedades, crear sociedades, comprar vehículos, invertir en comercios o fragmentar el dinero en operaciones pequeñas hasta conseguir que parezca procedente de una actividad legítima.
Cuando esos fondos entran en la economía, compiten con dinero que sí necesita producir beneficios. Una organización dedicada al narcotráfico puede pagar por encima del precio de mercado, mantener empresas que trabajan con pérdidas o utilizar inmuebles como simples depósitos de valor. Para los negocios legales, enfrentarse a capital que no busca rentabilidad sino ocultar su origen resulta una competencia imposible.
El problema no es hipotético. En su evaluación de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional identificó como principales amenazas de lavado en Argentina al narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas. También señaló deficiencias en sectores de riesgo como el inmobiliario, los valores y los proveedores de activos virtuales.
El GAFI reconoció que Argentina había mejorado sus leyes desde la evaluación anterior, pero cuestionó sus resultados. El país consiguió 91 condenas por lavado durante el periodo analizado, una cifra que el organismo consideró reducida para el tamaño de su economía y su perfil criminal. También advirtió que las cantidades confiscadas seguían siendo modestas y recomendó proteger la independencia operativa de la UIF.
Un escenario delicado: las amenazas ya están dentro
La defensa del Gobierno es que perseguir cada movimiento cotidiano no permitió terminar con la evasión ni con el lavado. Por el contrario, habría empujado a ciudadanos comunes a mantener sus ahorros fuera del sistema, privando a la economía de depósitos, créditos e inversiones.
Desde esa perspectiva, formalizar el dinero puede incluso mejorar la trazabilidad: una vez depositados los fondos o utilizados mediante canales regulados, los movimientos dejan un registro que antes no existía. El problema aparece cuando la confianza inicial se interpreta como una prohibición de hacer preguntas incluso ante señales evidentes de riesgo.
Argentina no figura en la lista gris publicada por el GAFI en junio de 2026. Sin embargo, permanece bajo un proceso de seguimiento reforzado debido a las debilidades detectadas en la eficacia de su sistema antilavado.
La propia UIF recordó en febrero de 2026 que la Ley de Inocencia Fiscal no reemplaza los controles contra el lavado y pidió a las entidades mantener actualizados sus sistemas de prevención basados en riesgo. Estar adherido al régimen puede funcionar como un antecedente favorable, pero no convierte automáticamente en lícito cualquier patrimonio ni impide investigar delitos.
La apuesta argentina no transforma por sí sola al país en un paraíso fiscal ni legaliza el dinero criminal. Lo coloca, eso sí, ante un equilibrio extremadamente frágil. Si los controles inteligentes funcionan, los dólares legítimos pueden salir de la informalidad y entrar en la economía productiva. Si preguntar menos termina significando no mirar, la misma puerta pensada para recuperar los ahorros puede convertirse en una oportunidad demasiado atractiva para quienes necesitan lavar millones.
Un dato no es menor: Quien impulsa esto, como es Javier Milei, es el principal responsable de haber formado parte de una estafa mundial… No tiene que ver, acaso, todo con todo?
