La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves en el caso West Virginia vs. EPA a favor de los demandantes, que argumentaban que la Agencia de Protección Ambiental no tiene poder para regular las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas, la segunda fuente más grande de emisiones de CO2 del país, sin la participación del Congreso.
El fallo frena casi por completo cualquier plan importante para combatir el cambio climático en Estados Unidos, y es probable que tenga implicaciones de gran alcance para las agencias federales que buscan proteger la salud pública bajo leyes fundamentales como la Ley de Aire Limpio. También sugiere que es probable que el tribunal falle a favor en otros casos perjudiciales para el medio ambiente que se encuentran en tramitación.
La votación fue de 6 a 3, con los tres miembros liberales de la corte en desacuerdo. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría, dijo que el Congreso no había otorgado explícitamente a la EPA autoridad para regular las emisiones, lo que pretende el Plan de Energía Limpia.
“No hay duda de que los Estados peticionarios fueron perjudicados, ya que la regla les obliga a regular más estrictamente las emisiones de las centrales eléctricas dentro de sus fronteras”, opinó Roberts.
En una opinión disidente, la jueza Elena Kagan escribió que la decisión de la corte “despoja a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del poder que el Congreso le otorgó para responder al ‘desafío ambiental más apremiante de nuestro tiempo’”.
¿Qué es West Virginia vs. EPA?
Este caso es extraño por muchas razones. Ha habido un camino sinuoso de movimientos legales confusos para llegar a la decisión catastrófica de hoy. La gran cantidad de demandantes, que incluye varios fiscales generales de estados republicanos y dos compañías de carbón, presentó un caso preventivo contra la EPA de la administración Biden mientras esta trabajaba en su propia norma para reemplazar el Plan de Energía Limpia de 2015 de la administración Obama.
El Plan de Energía Limpia, que proponía reducir las emisiones del sector eléctrico mediante el establecimiento de objetivos que los estados habrían tenido que cumplir, en realidad nunca entró en vigor; fue desafiado por conservadores durante años (incluido el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, quien lidera el caso actual) antes de ser derogado por la administración Trump en 2018. Para complicar aún más las cosas, en 2021, durante los últimos días de la administración Trump, un juez federal revocó el rechazo al Plan de Energía Limpia, así como el débil sustituto de Trump.
Aún más extraño es que la administración Biden todavía no haya presentado su política de reemplazo: actualmente no hay una regulación de la EPA activa para el sector energético. Por lo general, los casos de la Corte Suprema se basan en una política real activa, pero este caso se basa en la idea de lo que la agencia podría hacer bajo la Ley de Aire Limpio. El hecho de que la Corte conservadora tomara este caso en contra de una política teórica y fallara a favor de los demandantes indica que está más dispuesta a participar activamente en el desmantelamiento de la capacidad de regulación de las agencias federales de lo que haría normalmente el poder judicial.
“Este es un tribunal que está estableciendo una serie de precedentes como nunca hemos visto en nuestra vida”, dijo Lisa Graves, quien trabajó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ahora dirige True North Research, un grupo de vigilancia de políticas públicas. “Que esta Corte intente quitarle el poder a la EPA es una desviación dramática de la política federal, del precedente legal”.
¿Por qué es importante el fallo del tribunal?
La decisión técnicamente coloca la responsabilidad de regular las emisiones del sector eléctrico en manos del poder legislativo. En una democracia que funcionara bien, el Congreso podría aprobar leyes que luego llevarían a la EPA a regular las emisiones y la contaminación con mecanismos específicos. Pero como cualquiera que haya estado prestando atención al estado de la política nacional de Estados Unidos podrá decirte, la acción climática en el Congreso ha estado estancada una década o más. Esto, dicen los expertos, es una parte central del plan de los que llevaron adelante este caso.
“La Corte no es ingenua”, dijo Graves. “La mayoría sabe que los republicanos bloquearon en el Congreso todos los esfuerzos importantes para mitigar el cambio climático en las últimas décadas. Saben que algunas de las mismas fuerzas que están detrás de los amicus curiae [en este caso] han podido frustrar la capacidad del Congreso para elaborar nuevas leyes que aborden esto”.
Y los intereses alineados detrás de este caso son poderosos. Los amicus curiae presentados en apoyo de los demandantes son un quién es quién de organizaciones que han luchado con uñas y dientes por los contaminadores, incluido el Instituto de Empresas Competitivas, que ha sido una fuerza en la difusión de la negación climática, y la Fundación Estadounidenses para la Prosperidad, un grupo de defensa fundado por los hermanos multimillonarios Koch, posiblemente dos de los financiadores políticos más poderosos a favor del petróleo y el gas, y propagadores de la negación climática en décadas recientes. El propio Charles Koch, dijo Graves, fue una fuerza impulsora notable en la creación de las condiciones para este caso, así como para otros casos que podrían presentarse ante este tribunal. Muchos de los jueces que actualmente integran el tribunal fueron nominados gracias a campañas financiadas por algunos de los mismos donantes a favor de la contaminación detrás de este caso. Y este fallo histórico puede ser solo el comienzo de sus intentos de dar aún más regalos a los contaminadores.
“Este caso representa una victoria para la infraestructura conservadora que ha sido financiada por Koch y otros donantes anónimos para tratar de retirar el poder a nuestras agencias federales para regular industrias, como las industrias de Koch, la industria del petróleo y el gas, y otras”, dijo Graves.