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Japón enfrenta un problema inesperado por el turismo masivo: crece la prostitución y podría cambiar una ley de hace 70 años

El aumento de visitantes extranjeros está transformando la industria sexual japonesa. En Tokio, el crecimiento de la prostitución callejera reabre un debate sobre las leyes, la seguridad de las trabajadoras y el impacto del turismo.
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Japón atraviesa uno de sus mayores períodos de popularidad turística. Millones de visitantes llegan cada año atraídos por su cultura, gastronomía y ciudades, mientras la debilidad del yen convierte al país en un destino cada vez más accesible.

Sin embargo, este crecimiento también está provocando transformaciones inesperadas. Una de ellas afecta a la industria sexual, un sector históricamente presente en Japón que ahora enfrenta una creciente presión por el aumento de clientes extranjeros.

El fenómeno resulta especialmente visible en Tokio, donde la prostitución callejera está aumentando y las autoridades debaten si una legislación vigente desde 1956 necesita una reforma.

Kabukicho, el barrio de Tokio donde el turismo está cambiando el negocio sexual

Kabukicho, ubicado en el distrito de Shinjuku, es conocido por sus calles iluminadas con neones, bares, karaokes y establecimientos de entretenimiento nocturno.

Durante décadas, la zona concentró diferentes modalidades de servicios sexuales, pero recientemente comenzó a experimentar un cambio significativo.

Antes de la pandemia, apenas tres o cuatro mujeres ofrecían servicios sexuales en determinados espacios públicos. Actualmente, algunas estimaciones periodísticas hablan de entre 30 y 40 mujeres en esas mismas zonas.

Este fenómeno, conocido en Japón como tachinbo, hace referencia a quienes buscan clientes directamente en calles y parques.

La Policía Metropolitana de Tokio detuvo a 112 personas vinculadas con esta actividad durante 2025, según cifras recogidas por medios japoneses.

Las redes sociales impulsan una nueva forma de turismo sexual

El crecimiento del fenómeno está relacionado, al menos parcialmente, con la llegada de visitantes extranjeros.

Plataformas como TikTok y Bilibili difunden videos sobre las zonas donde se ofrecen estos servicios, atrayendo a turistas que buscan experiencias fuera de los circuitos convencionales.

Una trabajadora entrevistada por la agencia AFP aseguró que aproximadamente la mitad de sus clientes eran extranjeros.

Las barreras idiomáticas tampoco parecen representar un obstáculo: algunos visitantes utilizan aplicaciones de traducción para negociar directamente desde sus teléfonos.

Las tarifas mencionadas en distintos reportajes oscilan entre 15.000 y 30.000 yenes por hora, dependiendo del servicio.

Una ley de 1956 que genera cada vez más controversia

Japón regula la prostitución mediante una legislación aprobada hace siete décadas.

La Ley de Prevención de la Prostitución de 1956 establece sanciones para determinadas formas de captación de clientes, especialmente en espacios públicos.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: mientras las personas que ofrecen servicios sexuales pueden enfrentar multas o hasta seis meses de prisión por solicitarlos públicamente, quienes buscan comprarlos no reciben una sanción equivalente.

Esta desigualdad despertó críticas y llevó al Gobierno japonés a estudiar posibles modificaciones.

Una de las propuestas consiste en introducir sanciones para los clientes, con el objetivo de reducir la demanda y combatir situaciones de explotación.

¿Castigar a los clientes o proteger a las trabajadoras?

La posibilidad de endurecer las leyes divide a especialistas y organizaciones de derechos humanos.

Algunos sectores consideran que penalizar a los compradores permitiría reducir los abusos y desalentar el turismo sexual.

Sin embargo, Human Rights Watch advierte que criminalizar estas transacciones podría empujar la actividad hacia lugares clandestinos, aumentando los riesgos de violencia y dificultando las denuncias.

La organización propone priorizar la seguridad, la protección social y el acceso a servicios sanitarios.

El desafío japonés va más allá del turismo: consiste en decidir cómo actualizar una legislación histórica sin incrementar la vulnerabilidad de quienes trabajan en una industria que está cambiando rápidamente.

 

 

Fuente: Xataka.

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