Elon Musk ha vuelto a generar polémica con decisiones que, aunque legales, rozan límites éticos y levantan cejas en los organismos reguladores. Esta vez, el foco está en los recortes dentro de una agencia que supervisa los vehículos autónomos, incluidos los de Tesla. La trama va mucho más allá de simples despidos: toca el corazón de la regulación y el futuro de la conducción sin conductor.
Las decisiones de DOGE que inquietan al mundo tecnológico

En febrero de 2025, bajo la administración de DOGE, se ejecutaron recortes en la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Se despidió al 4% de sus 800 empleados, pero lo más delicado es que entre ellos estaban tres de los siete especialistas que desarrollaban la normativa para los vehículos autónomos de Tesla y los nuevos Cybercab.
Esta oficina, que ya tenía ocho investigaciones abiertas contra Tesla por irregularidades relacionadas con su sistema Full Self-Driving (FSD), pierde así parte de su equipo más capacitado para detectar fallos y establecer estándares de seguridad. Como reveló The Verge, muchas de estas investigaciones terminaban en revisiones obligatorias o actualizaciones de software para corregir errores graves.
Uno de los técnicos cesados alertó de que la NHTSA quedaría debilitada para evaluar las tecnologías emergentes. Otro, más directo, señaló que si DOGE limita la capacidad reguladora, será irónicamente Tesla la más perjudicada.
Tesla en riesgo: El robotaxi sin volante que depende de regulaciones

Tesla está a punto de lanzar su flota de robotaxis en Austin, con vehículos sin volante ni pedales, lo que requiere una autorización especial del programa AV STEP. Sin suficiente personal cualificado en la NHTSA, esa aprobación podría retrasarse, poniendo en jaque uno de los proyectos más ambiciosos de Elon Musk.
Un gerente interno de Tesla lo resumió sin rodeos: “Despedir a quienes regulan la conducción autónoma es sabotear nuestras propias posibilidades. Si no se desarrolla un marco nacional fuerte, nuestra tecnología FSD y los robotaxis están condenados a quedarse en el papel”.
El robotaxi representa para Musk no solo una revolución del transporte, sino la clave para reducir costes y liderar un mercado aún sin dueño. Empresas como Waymo (Alphabet) y Zoox (Amazon) ya están en la carrera, y Tesla no puede permitirse retrasos regulatorios.
Viejos fantasmas: La sombra del conflicto de intereses

No es la primera vez que las decisiones de Musk al frente de DOGE afectan a organismos que vigilan sus propios negocios. Ya sucedió con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Administración Federal de Aviación (FAA), cuando se investigaban operaciones de Starlink y SpaceX.
Además, también hubo recortes en la Inspección de Trabajo justo cuando se indagaba la muerte de un operario en una planta de Tesla. Según The Guardian, senadores demócratas ya trabajan en una propuesta legal para evitar que quienes tienen intereses empresariales en juego puedan desmantelar las agencias que deberían supervisarlos.
¿Casualidad? ¿Estrategia? Lo cierto es que, una vez más, Elon Musk se mueve en un terreno gris, donde la legalidad y el beneficio propio se cruzan de forma peligrosa. Y en esta ocasión, lo que está en juego es el futuro de la conducción autónoma.