La Amazonía peruana atraviesa una crisis ambiental sin precedentes. Un nuevo informe revela que, en poco más de dos décadas, el país ha perdido una superficie de bosques equivalente a once veces la capital. Detrás de estas cifras se ocultan intereses ilegales, cambios drásticos en el uso del suelo y una profunda desprotección de territorios clave para el equilibrio ecológico global.
Ucayali: el epicentro de una emergencia forestal
Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), entre 2001 y 2023 se han perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía del país. La cuenca del río Ucayali y sus afluentes concentran casi la mitad de esta deforestación, impulsada por rutas ilegales y la expansión del cultivo de coca en parcelas pequeñas y dispersas.
El 70% de la deforestación reciente se concentra en solo cuatro regiones: Ucayali, Loreto, San Martín y Huánuco, con Madre de Dios como caso adicional de alarma. Entre 2019 y 2023 se sumaron 602 mil hectáreas a este escenario de pérdida forestal, intensificando los efectos ya visibles sobre biodiversidad, clima y salud ambiental.
En el sur amazónico, especialmente en Madre de Dios y áreas vecinas de Cusco y Puno, la minería ilegal ha sido el motor principal de la destrucción forestal reciente. Regiones como Tambopata, Manu y Tahuamanu destacan por la rápida expansión de esta actividad informal y altamente contaminante.
Actividades ilegales y tierras sin control
El informe ‘Deforestación, cambio de uso de la tierra y actividades ilegales en la Amazonía peruana’ identifica que casi la mitad de las áreas deforestadas terminan convertidas en campos agrícolas o ganaderos. Otra parte muestra señales de regeneración natural. Sin embargo, en el 49% de los casos se trata de territorios sin títulos de propiedad definidos, lo que favorece actividades sin supervisión estatal.
La cuenca media del Marañón, entre Amazonas y Loreto, se suma como nuevo foco de alerta. Allí, el narcotráfico y la minería ilegal provocaron la pérdida de más de 51 mil hectáreas solo entre 2019 y 2023. El Bajo Amazonas, por su parte, aunque con una deforestación menor (36 mil hectáreas), está en la mira por su exposición al crimen transnacional.
Comunidades indígenas y áreas protegidas: dos mundos en tensión
El 19% de la deforestación total del país ha ocurrido en territorios de comunidades indígenas: más de 582 mil hectáreas perdidas. La tala ilegal, el tráfico de tierras y el avance de cultivos ilícitos han puesto en jaque sus derechos, culturas y formas de vida. En contraste, las áreas naturales protegidas y las concesiones para conservación, ecoturismo o reforestación muestran tasas de deforestación menores al 5%, gracias a marcos de vigilancia formales.
La Amazonía peruana sigue siendo una reserva crítica de biodiversidad y servicios ecosistémicos para el planeta. Pero su creciente vulnerabilidad ante el avance extractivo evidencia la necesidad urgente de políticas públicas integrales. Solo así se podrá preservar el bosque, garantizar derechos territoriales y promover un desarrollo sostenible que incluya a quienes dependen directamente de este territorio vital.
