Una sentencia del Tribunal Supremo ha reavivado uno de los debates más encendidos sobre inmigración en Estados Unidos. Donald Trump no solo celebró la decisión judicial como un triunfo de su agenda, sino que aprovechó el momento para renovar su promesa: eliminar el derecho de ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular. Las implicaciones legales, políticas y sociales podrían ser profundas.
Un fallo que redefine el poder judicial
El Tribunal Supremo anunció este viernes un fallo histórico que limita el alcance de los jueces federales, impidiendo que sus decisiones tengan efectos más allá de los casos concretos que atienden. La resolución, impulsada por una mayoría conservadora, fue interpretada por Trump como una “victoria monumental” para la Constitución y su programa de gobierno.
El fallo está vinculado a un decreto que el presidente firmó en su primer día de vuelta en la Casa Blanca. Esta orden ejecutiva eliminaba la concesión automática de la nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense, lo que provocó demandas judiciales inmediatas. Aunque los tribunales bloquearon su aplicación, ahora solo podrán fallar en casos específicos, debilitando el efecto nacional de futuras sentencias.
Trump intensifica su ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento
Durante su comparecencia, Trump conectó el fallo con su cruzada contra lo que considera “abusos” del sistema de inmigración. Arremetió contra los “jueces izquierdistas radicales”, acusándolos de sabotear su mandato y obstaculizar las políticas que, según él, “eligió el pueblo estadounidense en cantidades récord”.
Aprovechó también para lanzar una nueva ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento, a la que calificó de “fraude” en su red Truth. Según el presidente, este derecho fue creado para garantizar ciudadanía a los hijos de esclavos liberados tras la Guerra de Secesión, y no debería aplicarse a hijos de inmigrantes temporales o indocumentados. El decreto de Trump también afectaría a hijos nacidos en EE. UU. de madres con visados legales pero temporales, siempre que ninguno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
Un agradecimiento con mensaje a la jueza Barrett
Trump aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a la jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria en el fallo, a pesar de las críticas que había recibido de seguidores trumpistas. Esta vez, su voto reforzó la narrativa del presidente, que ve en ella una pieza clave para consolidar su agenda.
La fiscal general Pam Bondi también intervino, celebrando el “fin del poder imperial de los jueces liberales” y apuntando que la mayoría de las decisiones que frenaron a Trump surgieron de solo cinco jurisdicciones, todas de mayoría demócrata. Bondi aseguró estar convencida de que el Supremo revisará próximamente la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento y fallará a favor de la Casa Blanca.
El peso de la historia en la disputa legal
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, tras la abolición de la esclavitud. Su objetivo fue garantizar la ciudadanía a los descendientes de esclavos nacidos en territorio estadounidense, en respuesta a un fallo anterior del Supremo que les negaba ese derecho por su origen.
La ofensiva actual, por tanto, no solo enfrenta un reto legal, sino que reabre heridas profundas sobre el concepto mismo de ciudadanía y quién merece ser considerado parte del país. Aún no está claro si el decreto sobrevivirá a futuras demandas, pero está claro que Trump ha elegido este campo de batalla para reafirmar su visión de Estados Unidos.
Y lo que se debate ahora no es solo una política migratoria, sino una reinterpretación del alma misma del sistema constitucional estadounidense.
