La imagen se ha repetido en varios tramos del cauce: un río que antes corría transparente ahora exhibe un tono amarillento que preocupa a vecinos, agricultores y autoridades. El cambio no ha pasado desapercibido y ha desatado una investigación urgente para determinar qué está pasando y si existe un riesgo real para la salud y el medio ambiente.
El río cambia de color y las alarmas se encienden en varias regiones
Las primeras alertas surgieron cuando el río comenzó a mostrar una coloración intensa. Pronto se supo que ese tono no se había quedado en un único tramo: la mancha amarilla avanzaba hacia otros ríos conectados, con posibles efectos aguas abajo en zonas agrícolas.
Ante la situación, la Contraloría General de la República en Perú activó un operativo simultáneo junto al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El objetivo: saber si el origen del problema está relacionado con actividades mineras de la zona y evaluar si las empresas están cumpliendo con todas sus obligaciones ambientales.
La principal hipótesis apunta a la presencia de metales pesados, un tipo de contaminación que tiñe el agua y puede afectar tanto a cultivos como a la salud humana.
Durante una inspección en campo, equipos del OEFA y la Contraloría confirmaron el cambio visible en el agua y recogieron datos para los análisis. Según explicó Flabio García Esquivel, subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente, se están revisando todas las medidas que debían cumplir las compañías potencialmente involucradas.
“Queremos verificar si las obligaciones ambientales se están cumpliendo y evitar mayores impactos”, señaló.
Equipos sin registrar datos y estaciones fuera de servicio
Las inspecciones no solo se centraron en el río. Los auditores revisaron las estaciones de monitoreo del aire instaladas por el OEFA en zonas donde operan industrias y empresas mineras. Estas estaciones son clave para evaluar posibles emisiones o partículas que puedan afectar a las comunidades cercanas.
El informe preliminar detectó algo que preocupa a las autoridades: equipos averiados y periodos enteros sin registro de datos. El problema no es menor. Sin registros fiables, resulta difícil saber con precisión qué está pasando en zonas donde la vigilancia ambiental debería ser constante.
La Contraloría advirtió que esta falla debe corregirse cuanto antes porque compromete la calidad de la información utilizada para decidir medidas de protección.
Además, se coordinaron acciones con la Dirección Regional de Salud y la Autoridad Local del Agua para recoger muestras en distintos puntos. El análisis determinará si el agua que consumen los pobladores contiene metales pesados o sustancias peligrosas.
Fallas en sistemas de monitoreo y un estado de emergencia vigente
La visita también incluyó la represa de Pasto Grande, parte esencial del sistema hídrico regional. Allí, los equipos revisaron los sistemas de transmisión y monitoreo en tiempo real que fueron entregados por la Autoridad Nacional del Agua. La sorpresa fue mayúscula: los sistemas estaban inoperativos.
Sin estos dispositivos, es imposible seguir en tiempo real el nivel del agua o su calidad. Esa información es básica para anticipar problemas y reaccionar a tiempo ante cualquier contaminación o variación anómala.
La Contraloría evaluará si esta inoperatividad responde a fallos de gestión, falta de mantenimiento o un problema mayor de infraestructura.
El contexto no ayuda. Días antes, el Gobierno Central prorrogó el estado de emergencia en varios distritos afectados por riesgos de contaminación hídrica. Las autoridades buscan actuar con rapidez para evitar mayores impactos mientras esperan los resultados oficiales de laboratorio que confirmarán o descartarán el origen minero del problema.
[Fuente: Infobae]
