En la zona norte de Costa Rica, a pocos kilómetros del río San Juan, que marca la frontera con Nicaragua, hay un lugar llamado Crucitas que se convirtió en símbolo de un problema regional. Allí, mineros informales excavan la tierra en busca de oro sin permisos ni controles. Lo que extraen viaja luego hacia el otro lado del río. Y lo que dejan atrás es un paisaje removido y aguas contaminadas con mercurio.
Esta semana el tema escaló a otro nivel. La Embajada de Estados Unidos en San José publicó un mensaje en el que vincula a empresas mineras chinas que operan en Nicaragua con el aumento de mineros que cruzan a Costa Rica para extraer oro de forma ilegal. Según la embajada, esas compañías suelen usar métodos coercitivos contra pequeños productores nicaragüenses, como comprarles el mineral por debajo del valor de mercado. El mensaje no mencionó qué empresas ni cuántas personas estarían cruzando la frontera.
Una expansión minera sin precedentes
La acusación llega en medio de un crecimiento acelerado de la minería en Nicaragua. Según datos de la organización ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y junio de 2026 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó concesiones sobre 84 lotes a 22 empresas de capital chino. En conjunto suman alrededor de 1,28 millones de hectáreas, cerca del 10% del territorio del país, e incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes.
Las licencias suelen durar 25 años e incluyen derechos de exploración, extracción y construcción de plantas de procesamiento, en algunos casos a cielo abierto. El gobierno nicaragüense sostiene que todas fueron otorgadas conforme a la ley minera y publicadas en el diario oficial.
El motor de esta expansión es el precio del oro. En 2025, el precio promedio de la onza subió casi 42%, y las exportaciones de oro de Nicaragua alcanzaron unos 1.970 millones de dólares, según datos del Banco Central del país. El oro es el principal producto de exportación nicaragüense desde 2020 y ya supera por más de 1.000 millones de dólares a la carne y el café. Ese crecimiento se explicó más por el alza del precio que por el aumento de la producción.
Lo que ocurre del lado costarricense
Costa Rica ya había llevado el problema al plano diplomático. En febrero, el gobierno pidió formalmente a Nicaragua reforzar la vigilancia sobre el río San Juan, por donde, según las autoridades, se traslada a Nicaragua el sedimento con oro extraído ilegalmente en Crucitas. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que los mineros ilegales, conocidos localmente como coligalleros, venden ese material a empresas chinas que operan del otro lado del río.
Según datos oficiales, la superficie afectada por la minería ilegal en la zona pasó de 900 a 3.000 hectáreas. En un operativo en el cerro Conchudita, unos 70 kilómetros al este de Crucitas, las autoridades decomisaron 16.000 sacos de sedimento, aunque estimaron que una cantidad mayor ya había cruzado la frontera.
Crucitas tiene una larga historia. En 2010, una empresa canadiense planeaba abrir allí una mina a cielo abierto, pero el proyecto fue anulado por la justicia tras un largo conflicto legal. Desde entonces, la zona fue ocupada de forma intermitente por mineros informales.
El metal invisible que deja la fiebre del oro
El costo ambiental de esta actividad tiene nombre propio: mercurio. La minería artesanal de oro suele usar este metal porque es barato y eficaz. Al mezclarse con el sedimento, el mercurio se une a las partículas de oro y forma una amalgama. Después, esa amalgama se calienta para evaporar el mercurio y dejar el oro. Sin equipos para capturar los vapores, casi todo el mercurio termina en el aire que respiran los propios mineros, o en el suelo y los ríos.
En Crucitas, los efectos ya están documentados. Un estudio del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica detectó niveles elevados de mercurio en peces, plantas, agua y sedimentos, y advirtió que la remoción de suelo y las lluvias intensas pueden desplazar el contaminante río abajo, hacia el San Juan. De 94 peces pequeños analizados, 92 superaban los valores de referencia ecológicos.
Otro trabajo independiente, liderado por el geólogo Esteban Gazel, de la Universidad de Cornell, junto con investigadores de universidades costarricenses, encontró en los sedimentos de los ríos valores de mercurio entre 5 y 200 veces superiores a los niveles naturales de la zona, además de signos de drenaje ácido. Ambos estudios tienen ya varios años, y la actividad minera no ha hecho más que crecer desde entonces.
El problema es que el mercurio no se queda donde se usa. En el agua, las bacterias lo transforman en metilmercurio, una forma mucho más tóxica que se acumula en los peces y sube por la cadena alimentaria hasta llegar a aves, mamíferos y personas. Por eso un río contaminado en una zona fronteriza termina siendo un problema compartido.
Un problema que se repite en todo el mundo
Lo que ocurre en Crucitas no es una excepción. La minería de oro artesanal y en pequeña escala es la mayor fuente de emisiones de mercurio generadas por la actividad humana en el planeta, con más de un tercio del total, según estimaciones de la Alianza Mundial sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se calcula que entre 10 y 15 millones de personas en unos 70 países trabajan en esta actividad y están expuestas a ese metal.
El Convenio de Minamata, vigente desde 2017, obliga a los países firmantes a reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal. Pero cada vez que el precio del oro se dispara, como ocurre ahora, la presión para extraer más rápido y con menos controles crece. Y en zonas fronterizas, donde la vigilancia es más débil, esa presión se convierte también en un problema diplomático.
