Actualizado (06/07): los tres detenidos han sido absueltos por el juez de Gijón, no consta que pertenecieran al grupo Anonymous.
El 10 de junio de 2011, la Policía Nacional anunció la “desarticulación de la cúpula de Anonymous” en España y el jefe de la brigada tecnológica posó sonriente junto a una máscara de Guy Fawkes. Este miércoles arranca el juicio contra los tres detenidos. ¿Fue la detención un montaje político contra el 15-M?
Han pasado casi cinco años desde aquel titular. La foto fue recibida con burlas por las redes sociales y los indignados, que todavía seguían acampados en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Cómo pudo la policía detener a la “cúpula” de Anonymous cuando Anonymous se describe como un movimiento descentralizado, sin estructura jerárquica ni líderes? La Fiscalía ha trabajado estos cinco años junto a la policía para vincular a los acusados con el 15-M, como se refleja en las 1.600 páginas del sumario judicial. El juez tendrá que decidir ahora si hubo irregularidades en ese proceso, tal y como aseguran las defensas de los acusados. Los tres abogados pedirán la nulidad del juicio.
Un juicio rodeado de posibles irregularidades
Hoy se sientan en el banquillo Rodrigo Tuero Sala, Yuri David López Ibáñez y José María Zaragoza Formiga. Están acusados de coordinar un ataque de denegación de servicio contra la página de la Junta Electoral Central (JEC) y otros sitios webs antes de las elecciones municipales de mayo de 2011. El fiscal pide cinco años de cárcel por los ataques continuados, los daños informáticos y la pertenencia a una organización criminal. Los daños acreditados en el sumario ascienden a 700 euros, el correspondiente a dos jornadas de un consultor externo de seguridad para restablecer la página de la JEC tras el ataque.
Las defensas creen que es un “disparate total” que se pidan cinco años de cárcel por unos daños de 700 euros. Carlos Sánchez-Almeida, abogado de Yuri López, asegura que “lo verdaderamente importante es que la Junta Electoral Central no tiene pruebas de que la web se cayese como resultado de la acción de estas tres personas”, por lo que “no hay delito y el caso nunca debió llegar a juicio”. Sin embargo, también se les imputa a los tres hombres un delito de pertenencia a un grupo criminal. El fiscal se refiere a Anonymous como una “pluralidad de usuarios informáticos que organizaban de forma concertada ataques de denegación de servicio”.
Con estas acusaciones, aseguran las defensas, la Fiscalía está intentando justificar las posibles irregularidades y “vulneraciones de derechos fundamentales” que se sucedieron durante el proceso. “La nulidad se establece desde el momento en que las conversaciones abogado-cliente se escuchan y se empiezan a tomar decisiones en base a eso”, explica David Maeztu, abogado de Rodrigo Tuero. La policía pinchó las conversaciones entre Maeztu y Tuero para incorporarlas a la causa. “Se dictaron órdenes de interceptación de las comunicaciones y de petición de datos al proveedor de Internet”, añade Sánchez-Almeida. “Desde ese punto de vista, la causa ya es nula”.
La policía también utilizó agentes infiltrados para comunicarse con los acusados mientras coordinaban el ataque. Sin embargo, la figura del policía encubierto en Internet no estaba regulada por aquel entonces (sólo para delitos muy graves de crimen organizado). Se reguló el año pasado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, la policía no precintó los ordenadores que había requisado —rompiendo la cadena de custodia— ni revisó el servidor de la JEC para tener una prueba concluyente de lo que había ocurrido con la web. “Tampoco son grupo criminal, por la sencilla razón de que no se conocían entre sí”, apunta Sánchez-Almeida. “El caso apesta a nulidad por todas partes”.
La policía encontró los servidores que presuntamente se utilizaron para dar soporte a los ataques en el domicilio de Rodrigo Tuero Sala, en Gijón. Rodrigo usaba los alias Tuerinator y Devnuller y era quien, según la Fiscalía, daba instrucciones sobre los ataques (por eso el juicio tiene lugar en Asturias). José María Zaragoza Formiga, que usaba los alias Mugen, Seraf y Sipias, era uno de los principales administradores del canal de IRC “Anonymous annonet” a través del que se perpetraron los ataques, según el fiscal. David López Ibáñez, conocido como Wicker, Némesis o Irae, es señalado como coordinador del ataque contra la JEC y otro de los administradores del chat de IRC.
Los acusados fueron vinculados con el 15-M desde el principio
La Fiscalía especifica que el ataque se organizó el 18 de mayo de 2011 bajo el nombre “Spanish Revolution”. Los tres españoles están acusados de combinar un ataque DDoS (saturación de una web mediante un gran número de peticiones al servidor para consumir todo el ancho de banda) y un ataque de correo masivo: los buzones de la JEC recibieron 344.944 emails entre los días 19 y 20 de mayo y la página web tuvo picos de más de dos millones de peticiones por minuto. El sumario judicial vincula textualmente la operación con el movimiento 15-M:
Operación “Spanish Revolution”: Dicha operación va paralela con la manifestación plataforma celebrada el día 15 bajo el lema “¡Democracia real YA!”, movimiento el cual generó la acampada multitudinaria de los indignados en la Puerta del Sol. Se centró en el ataque de la página web de la Junta Electoral Central desde el día 18 de mayo, dejándola sin servicio varios días. También hubo ataques contra las páginas web del Congreso y de UGT.
En otras partes del sumario se mencionan las operaciones de Anonymous contra la ley Sinde, los ataques a la SGAE, la Operación Goya, la Operación Hipoteca y la Operación V de Votaciones que llevaron a cabo días antes de las elecciones. “Desde mi punto de vista esto fue un montaje sobre todo político para encontrar algo con lo que ensuciar la imagen del 15-M”, opina Carlos Sánchez-Almeida, una de las voces más conocidas en España por su defensa de los derechos civiles en Internet —normalmente críticas con el gobierno. “Anonymous formaba parte del 15-M y se intentó montar un caso a medida precisamente para deteriorar la imagen que tenía el movimiento ante la opinión pública”.
La Fiscalía identificó a uno de los acusados en la acampada de Sol y, en los chats que revela el sumario, los agentes de policía infiltrados preguntan por la manifestación del día 15. “Se percibe cierto intento de relacionar ambos asuntos”, dice David Maeztu. La participación de los agentes podría explotar ahora en la cara de la Fiscalía: las defensas acusan a la policía de un posible delito provocado. “Había una serie de agentes que estaban interactuando a través de los chats de Internet y lo hacían antes de la denuncia”, comenta Sánchez-Almeida. “La denuncia se presenta el 18 de mayo de 2011 y sin embargo hay chats aportados al sumario desde el 12 de mayo. Y en algunos casos los agentes están están animando a la realización de ataque”. En esta conversación de IRC recogida por El Confidencial, “Sprocket” es un policía infiltrado y “Mugen” es el acusado José María Zaragoza:
may 12 13:47:52 sprocket: estoy profundizando en esto
may 12 13:48:09 sprocket: y necesito info sobre los ataques del dia 20
may 12 13:48:23 sprocket: no se los que seremos
may 12 13:48:28 sprocket: pero bueno
may 12 13:48:34 sprocket: teoricamente
may 12 13:48:48 sprocket: con poquitos podriamos hacer algo grande jeje
may 12 13:49:04 Mugen: bueno
may 12 13:49:08 Mugen: no se cuantos seremos la verdad
may 12 13:49:19 sprocket: pero muchos partidos hay puestos
may 12 13:49:29 Mugen: tu podras poner la botnet?
may 12 13:49:33 Mugen: para el 20
may 12 13:49:51 sprocket: ayer hable con mi colega
may 12 13:49:53 sprocket: sobre ese tema
may 12 13:50:21 Mugen: y que dice?
may 12 13:50:23 sprocket: y a ver
may 12 13:50:31 sprocket: la bot la llevan entre varios
may 12 13:50:37 Mugen: logico
may 12 13:50:50 sprocket: tienen la opcion ddos
may 12 13:50:56 sprocket: en el c&c
may 12 13:51:10 sprocket: teoricamente funciona
may 12 13:51:18 Mugen: si eso lei
“Cuando el policía infiltrado dice ‘con poquitos podríamos hacer algo grande’, está incitando a que se cometa un delito”, dice Sánchez-Almeida. El juez tendrá la última palabra: deberá determinar si hubo un agente provocador y si las pruebas que presenta la Fiscalía deben ser declaradas nulas.“Desde el primer momento se intentó adoptar un lenguaje criminalizador”, lamenta Sánchez-Almeida, refiriéndose a la rueda de prensa de la famosa foto del jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica con la máscara de Guy Fawkes. “Afortunadamente, los jueces tienen la última palabra”.