El 22 de Julio será recordado como uno de los peores días para el desarrollo de Internet en España. La Comisión de Cultura del Congreso acaba de aprobar en votación el texto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, normativa que incluye el polémico Canon AEDE. Y lo peor es que el impuesto, conocido popularmente como "tasa Google", no es la peor parte de la ley.
El texto aprobado de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se enviará ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria tras el verano y quedar aprobado definitivamente en unos meses. Cuando se dio a conocer el borrador de la nueva normativa, el abogado especializado en tecnología e Internet Javier de la Cueva ya adelantaba a Gizmodo en Español los problemas de esta ley, a la que no dudaba en calificar de "disparate".
En esencia, el Canon AEDE supone que las páginas web, sean medios de comunicación o agregadores como Menéame, deberán pagar un impuesto por cada enlace que dirija a páginas de miembros de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Huelga decir que ningún medio digital español está suscrito a AEDE, una asociación formada por medios impresos clásicos adscritos a grandes grupos empresariales. Este canon es obligatorio y afecta a la mismísima Google.
Todo aquel que no pague este canon se enfrenta a multas que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros en caso de que se reincida. La LPI, literalmente, criminaliza el enlace en España y lo equipara a enlazar ilegalmente otros contenidos protegidos por copyright. Los demandantes también podrán solicitar la colaboración de terceros. En otras palabras, se podrá solicitar a los anunciantes que retiren la publicidad de la web sospechosa.
Foto: José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura de España. Getty Images
La ley es una puñalada a todos los medios digitales independientes, pero se muestra especialmente dañina para las páginas web de enlaces y otros proyectos innovadores que buscan mover información por la red. Empresas como la veterana Menéame, se enfrentan al cierre o a cambiar sus servidores de país. La LPI ha salido adelante a pesar de que numerosas sentencias judiciales en España han exculpado de forma casi unánime a las webs de enlaces acusadas en procesos anteriores.
No faltan los estudios como el de AFI, que aseguran que la nueva ley tendrá un impacto financiero directo de 1.133 millones de euros. La AFI explica que, además, el cierre de páginas de enlace y agregadores dificultará la búsqueda de información e incluso podría afectar a la productividad de otras empresas.
El proyecto de ley prevé además restringir fuertemente el concepto de copia privada a aquella que se realiza de un contenido adquirido de forma comercial y sobre un soporte original comprado. Aún no está del todo claro cuál será el alcance de la nueva ley en este sentido, pero todo indica que será aún más restrictiva. De momento, la nueva LPI es un torpedo a la línea de flotación de los emprendedores digitales. Todo con tal de defender un modelo de negocio caduco.
Foto de portada: Pavel Ignatov / Shutterstock
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