John Price, un agricultor británico entonces de 68 años, fue condenado a 12 meses de prisión (reducidos después a 10 en apelación) por destruir un tramo de 1,5 kilómetros del río Lugg, en Kingsland, Herefordshire, un curso de agua protegido y considerado uno de los más prístinos de Inglaterra. Es importante aclarar el momento de los hechos: la destrucción ocurrió entre 2020 y 2021, y la sentencia se dictó en abril de 2023, no en los últimos días.
Según confirmó el propio gobierno del Reino Unido a través de Natural England y la Agencia de Medio Ambiente (Environment Agency), Price utilizó maquinaria pesada, incluidas topadoras y excavadoras, para dragar y remodelar el lecho y las orillas del río, extrayendo grava y removiendo la vegetación con el objetivo de construir un camino y un espacio para sus caballos.
Un ecosistema con 121 especies de plantas destruido en semanas
El río Lugg está catalogado como Sitio de Especial Interés Científico (SSSI) por su excepcional diversidad de vida silvestre: alberga 121 especies de plantas fluviales que a su vez sirven de hábitat para invertebrados, peces y aves. Las obras de Price destruyeron los hábitats de cientos de esas especies, incluidas nutrias, martines pescadores, salmones, truchas y cangrejos de río autóctonos, además de eliminar 71 árboles maduros arrancados de raíz y otros 24 talados directamente.
Esos árboles no eran decorativos: sus raíces mantenían estable el suelo de la ribera, evitaban el desgaste de las orillas por erosión y sus copas regulaban la temperatura del agua dando sombra. Al desaparecer esa protección natural, se alteraron de golpe las condiciones que numerosas especies necesitaban para sobrevivir en ese tramo del río.
Por qué la obra siguió pese a una orden de detención

Las obras violaron varias normativas, entre ellas el Reglamento de Reducción y Prevención de la Contaminación Agrícola Difusa de Inglaterra de 2018, conocido como las Reglas Agrícolas para el Agua, y las restricciones específicas que rigen sobre cualquier intervención dentro de un SSSI. Price recibió una orden de detención (Stop Notice) durante el proceso, pero continuó con los trabajos de todos modos.
Emma Johnson, gerente de área de Natural England, calificó lo ocurrido como una destrucción devastadora para la abundancia y variedad de especies que prosperaban en ese río, y remarcó que el organismo utilizó sus facultades como regulador para que se hiciera justicia y como advertencia clara a cualquiera que no respete las leyes de protección ambiental.
La condena: prisión, 600.000 libras y una orden de restauración
Además de la pena de prisión, el tribunal de Kidderminster ordenó a Price pagar 600.000 libras esterlinas en costos de la fiscalía (unos 700.000 euros al cambio de la época) y lo inhabilitó para ser director de una empresa limitada durante tres años. También se le impuso una orden de restauración bajo la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981, que lo obliga a llevar adelante una serie de acciones concretas para restaurar el río, incluida la replantación de árboles.
Martin Quine, gerente de la Agencia de Medio Ambiente para Herefordshire, señaló que la agencia trabaja activamente para restaurar la salud de los ríos, una tarea compleja que solo puede lograrse en conjunto con los propios propietarios de la tierra, y que aunque se prioriza el asesoramiento y la guía, se aplicarán sanciones o se iniciarán procesos judiciales cuando sea necesario para proteger el ambiente.
Un río que tardará décadas en recuperarse
Según las propias autoridades ambientales, se trató del peor caso de destrucción de ribera que Natural England y la Agencia de Medio Ambiente habían presenciado hasta entonces. Los peces, las plantas y los cangrejos de río nativos podrían tardar años en regresar al tramo afectado, mientras que los árboles maduros necesitarán décadas para volver a crecer y ofrecer nuevamente la sombra que regulaba la temperatura del agua.
El caso no terminó ahí: años después, ya cumpliendo condena, Price fue declarado culpable de organizar la tala ilegal de una zona boscosa cercana a Ludlow, con árboles de alrededor de 50 años de antigüedad, por lo que recibió una multa adicional.