El avance de uno de los principales paquetes de exploración minera de Mendoza volvió a quedar bajo la lupa. En el sur de la provincia, un conjunto de 71 proyectos atraviesa el proceso administrativo que podría conducir a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero los informes técnicos no recibieron una aprobación uniforme.
La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) mantuvo objeciones especialmente fuertes sobre algunos expedientes. En tres casos, directamente sostuvo que los informes presentan problemas que impiden su aprobación en los polígonos propuestos. En otros 14, pidió rehacer el estudio ambiental desde el comienzo.
El debate se concentra especialmente en un punto: cuánto conocimiento debe existir sobre el territorio antes de autorizar el avance de los proyectos.
Tres proyectos quedaron bajo una observación especialmente severa
La UNCuyo ratificó su recomendación de no aprobar y rechazar los informes de impacto ambiental correspondientes a tres proyectos: Serrucho, Pinot IX y otro expediente incluido en el conjunto de evaluaciones consideradas ambientalmente inviables.
En el caso de Serrucho, el principal cuestionamiento está relacionado con la presencia confirmada de glaciares de escombros activos y ambientes periglaciares protegidos por la legislación nacional. Según el análisis citado, la aplicación de las áreas de exclusión correspondientes abarcaría prácticamente todo el polígono del proyecto, lo que afectaría directamente la posibilidad de desarrollar allí tareas de exploración.
Pinot IX también recibió una recomendación de rechazo. La evaluación señaló una afectación significativa sobre ambientes periglaciales y vegas, además de su proximidad a la Reserva Natural Laguna del Atuel.
La UNCuyo cuestionó además que el análisis de este proyecto se realizara de manera aislada, sin incorporar suficientemente los posibles efectos acumulativos y sinérgicos sobre la cabecera de la cuenca. Entre las cuestiones señaladas aparecen el riesgo hidrológico y biológico sobre vegas altoandinas y el posible impacto sobre el hábitat de la ranita del Pehuenche.
También fue mencionada la cercanía con la Ruta Nacional 145 y con el complejo de esquí Real del Pehuenche, dos elementos que agregan otros usos y actividades dentro del área de análisis.
Otros 14 expedientes podrían tener que empezar de cero
El segundo grupo concentra una cantidad mucho mayor de proyectos. Para 14 expedientes, la UNCuyo planteó que el informe ambiental debería invalidarse y elaborarse nuevamente desde su concepción.
La discusión tiene un componente metodológico central. Según los dictámenes, Impulsa Mendoza busca postergar determinados estudios de línea de base (incluidos relevamientos hídricos, glaciológicos, biológicos y sociales) para una etapa posterior a la eventual obtención de la DIA.
Para la FCAI, esa información debe estar disponible antes de evaluar los posibles impactos. La razón es que, sin datos primarios obtenidos en el territorio, resulta más difícil establecer las condiciones ambientales existentes y determinar qué cambios podrían producir las actividades de exploración.
Las observaciones abarcan situaciones muy diferentes. Cobre Bajo fue cuestionado por no incorporar adecuadamente otras actividades presentes en Pata Mora y Cañadón Amarillo, además de presentar vacíos sobre acuíferos, riesgo volcánico y circulación vial.
En El Fierro, la evaluación señaló deficiencias en el análisis de la cuenca del Río Grande y en la identificación de mallines y zonas de recarga. El Vasco recibió observaciones vinculadas con glaciares de escombros, permafrost, vegas de altura y superposiciones territoriales.
Otros expedientes, como Gemelos, Alto Pehuenche y Cobre Rosario, fueron observados por cuestiones relacionadas con ambientes periglaciares, cuerpos de hielo, vegas altoandinas y posibles impactos acumulativos.
También aparecen problemas particulares en Corcovo, Galáctica, La Adrianita y Lucía, relacionados con actividad petrolera preexistente, redes hídricas, cavidades kársticas, rutas, caminos y otras infraestructuras.
En La Valenciana W y La Valenciana I, Mayorga y Kili Malal, NIN I y San Francisco, las observaciones incluyen desde riesgos sobre permafrost y glaciares hasta superposiciones territoriales, caminos de montaña, cuencas hídricas y posibles efectos sobre masas de hielo.
Seis proyectos también deberán resolver observaciones
Existe además un tercer grupo compuesto por seis proyectos que recibieron cuestionamientos específicos, aunque no la misma recomendación de rechazo que los primeros expedientes.
Entre ellos se encuentra Cobre San Romeleo, cuya superficie se superpone completamente con otros proyectos mineros. La UNCuyo señaló que esta situación todavía no fue resuelta y podría complicar la delimitación de responsabilidades ambientales.
Los otros cinco expedientes son San Joaquín, La Victoria, Don Pedro, Don Tomás y La Tosca. En estos casos, una parte de las observaciones está vinculada con la intención de postergar determinados monitoreos hídricos, periglaciales y bióticos.
El panorama administrativo queda así dividido entre expedientes con observaciones estructurales, otros que deberían rehacer sus estudios y un conjunto que puede continuar siempre que complete la información requerida.
Los informes se encuentran bajo análisis de la Dirección de Minería y posteriormente deberán pasar por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental antes de llegar, cuando corresponda, a la instancia de Audiencia Pública.
Mientras tanto, los restantes 48 proyectos continúan su recorrido hacia la DIA, aunque la UNCuyo mantiene como criterio que los relevamientos de campo deben contar con información suficiente para que la evaluación ambiental pueda cumplir una función preventiva.
[Fuente: Diario UNO]
