Ver una película en Netflix, descargar un videojuego o guardar archivos en la nube podría convertirse en una operación fiscalmente mucho más costosa para las empresas que ofrecen esos servicios en Francia. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de octubre una propuesta que establece un impuesto de 0,055 euros por cada gigabyte de información enviado a los usuarios franceses. La iniciativa pretende que compañías como Google, Amazon y Netflix contribuyan económicamente por el enorme volumen de datos que circula por las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, la medida esconde un problema: no distingue necesariamente entre gigantes tecnológicos y pequeños proveedores, y parte de la factura podría terminar llegando a los consumidores.
La propuesta forma parte de las enmiendas al presupuesto francés de 2027 y fue aprobada por un margen mínimo: 11 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Según informó El Confidencial, la votación se produjo pese a la oposición del Gobierno. No obstante, todavía no existe un impuesto vigente: el texto deberá superar el resto del procedimiento legislativo y podría desaparecer antes de la aprobación definitiva del presupuesto.
Un videojuego de 150 GB podría generar 8,25 euros de impuestos, aunque el usuario no tendría que pagarlos directamente
El mecanismo es relativamente sencillo. En lugar de gravar los beneficios de las empresas, Francia quiere cobrar por la cantidad de información que transmiten. Según establece la enmienda I-1358 de la Asamblea Nacional, el pago correspondería a los proveedores de contenidos y aplicaciones, mientras que los operadores de telecomunicaciones deberían medir el tráfico y comunicar periódicamente los datos agregados a la administración tributaria.
Las cifras permiten comprender el alcance de la propuesta. Descargar un videojuego de 150 GB generaría 8,25 euros de impuestos para la plataforma que lo distribuye. Transferir 200 GB desde un servicio de almacenamiento en la nube equivaldría a 11 euros. Y una transmisión de 15 GB, aproximadamente el consumo de ciertos contenidos audiovisuales en alta resolución, representaría 82,5 céntimos. Son ejemplos calculados a partir del gravamen propuesto, no aumentos de precio anunciados para los consumidores.
El texto contempla dos límites: el impuesto no podría superar el 15% de la facturación obtenida en Francia ni el 2% de los ingresos globales de la empresa. Los impulsores calculan que permitiría recaudar unos 10.000 millones de euros anuales, aunque esa cifra es una estimación de los promotores y no una recaudación garantizada.
La polémica también tiene una dimensión relacionada con la privacidad. La propuesta establece que los proveedores de internet identifiquen a las empresas emisoras y midan el volumen transmitido, sin registrar el contenido ni el destinatario individual de los datos. Aunque contempla información agregada y anonimizada, la implementación técnica todavía debería definirse mediante regulaciones adicionales.
El impuesto apunta a Silicon Valley, pero Francia reconoce que también perjudicaría a sus propias empresas
La iniciativa recupera una disputa que lleva años enfrentando a las operadoras de telecomunicaciones con las grandes plataformas digitales. Las primeras sostienen que compañías como Netflix, Google o Amazon generan una parte considerable del tráfico de internet sin contribuir suficientemente a financiar las infraestructuras necesarias para transportarlo. Las tecnológicas, por su parte, defienden que sus servicios generan demanda de conexiones rápidas y hacen más atractivas las ofertas de fibra óptica y telefonía móvil.
Sin embargo, gravar los datos en lugar de los beneficios podría afectar especialmente a empresas que distribuyen grandes cantidades de información, pero obtienen ingresos reducidos. El Gobierno francés advirtió que aproximadamente la mitad de la recaudación prevista podría proceder de proveedores más pequeños, incluidos servicios nacionales. Como recoge LCP, el canal parlamentario francés, esa posibilidad ha generado preocupación incluso entre quienes consideran necesario aumentar la contribución fiscal de las grandes tecnológicas.
Otro interrogante es quién asumiría realmente el coste. Legalmente, el impuesto correspondería a las plataformas, pero nada impediría que algunas decidieran compensarlo mediante aumentos de precios, cambios en sus planes o restricciones en determinados servicios. Eso no significa que Netflix o Amazon vayan a subir automáticamente sus tarifas: por ahora, no existe ninguna decisión comercial anunciada como consecuencia de esta propuesta.
La controversia resulta todavía más llamativa por las circunstancias de su aprobación. Según Le Parisien, la votación ocurrió en un hemiciclo prácticamente vacío. Posteriormente, dos diputados de La Francia Insumisa reconocieron haber pulsado el botón equivocado. Si hubieran votado como pretendían, el resultado habría sido diferente.
Las posibilidades de que el gravamen termine aplicándose siguen siendo reducidas. La televisión parlamentaria francesa señala que el presupuesto podría ser rechazado en su primera lectura, lo que eliminaría esta modificación del texto enviado al Senado.
Por ahora, Francia no ha creado un impuesto definitivo sobre los gigabytes. Pero la votación ha reabierto una pregunta que afecta a toda la economía digital: si internet necesita cada vez más infraestructura para transportar vídeos, videojuegos y servicios de inteligencia artificial, quién debería pagar por ese crecimiento y cómo evitar que el coste termine repercutiendo en los usuarios.
