Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile aprobó 23 proyectos mineros por 3.275 millones de dólares, casi el doble de los 13 aprobados en el mismo período del año anterior, con otros 34 proyectos adicionales ingresados al sistema por más de 18.000 millones de dólares en inversión declarada. Ese repunte, concentrado en las zonas desérticas del norte del país, choca de inmediato con una pregunta ineludible: de dónde va a salir el agua necesaria para sostenerlo.
Según la última proyección de demanda hídrica de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el consumo de agua de la minería del cobre pasará de 18,5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20,6 en 2034. Suena a un incremento menor, pero equivale a llenar una pileta olímpica cada 20 minutos. El cambio más profundo no está en el volumen total, sino en su origen: la proporción de agua de mar en ese consumo pasará del 40,7% actual al 67,6% en el mismo período.
Una ley nueva después de siete años de debate
En mayo de 2026, tras siete años de tramitación en el Congreso, Chile promulgó su primera ley específica de desalinización, que crea un régimen jurídico propio para este tipo de proyectos, una concesión especial de desalinización y una Estrategia Nacional de Desalinización todavía en elaboración. La norma también obliga a que las plantas de gran escala y los proyectos de extracción intensiva de agua de mar pasen por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según la Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Aguas (ACADES), el país ya cuenta con 24 plantas que producen en conjunto más de 11.000 litros por segundo, una capacidad que los proyectos en construcción podrían aumentar en cerca de un 30% este mismo año.
El punto ciego de la nueva ley: la salmuera
El vacío más señalado por las científicas consultadas por Mongabay Latam tiene que ver con la salmuera, el residuo líquido de alta concentración salina que queda después de separar el agua dulce mediante ósmosis inversa, la tecnología más usada en estas plantas: el agua de mar atraviesa membranas que retienen buena parte de la sal, y esa fracción concentrada suele devolverse al océano a través de emisarios submarinos. La ley habilita al Ministerio del Medio Ambiente a dictar una norma específica sobre estas descargas, pero no lo obliga a hacerlo, así que hoy no existe un límite de salinidad definido ni una lista de contaminantes aplicable a este tipo de vertidos.
El impacto empieza antes de la descarga
La atención suele concentrarse en lo que sale de las plantas, pero investigadoras del área advierten que el primer impacto ocurre en la captación misma. El proceso funciona, en palabras de una oceanógrafa consultada, como una gran bomba que succiona todo: junto con el agua de mar pueden ingresar fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas de distintas especies. Estudios de campo realizados en Caldera, ciudad costera de la región de Atacama con al menos tres grandes plantas desalinizadoras en funcionamiento, encontraron cambios en la composición de la fauna cercana a los emisarios: organismos fijos al fondo marino, como ciertas algas y moluscos, disminuyen, mientras que otras especies más tolerantes ocupan su lugar. El impacto, señalan las investigadoras, no siempre aparece como una mortalidad evidente e inmediata, sino como una transformación gradual de la biodiversidad local.
Cuánta industria puede soportar una bahía
Las desalinizadoras rara vez operan solas: comparten bahías con puertos, descargas sanitarias, acuicultura y pesca artesanal, lo que abre una pregunta todavía más difícil de responder que el impacto de una sola planta: cuántas actividades industriales puede absorber un mismo ecosistema costero antes de deteriorarse. Desde febrero de 2025 el SEA cuenta con un criterio técnico para incorporar impactos acumulativos y sinérgicos en sus evaluaciones, y una guía específica para plantas desalinizadoras publicada en 2026 exige evaluar el efecto conjunto cuando existan captaciones o descargas cercanas. Para las científicas consultadas, sin embargo, todavía falta un paso previo: conocer con precisión la condición original de cada ecosistema antes de sumarle más presión industrial.
El otro costo escondido: la energía
Desalinizar agua consume electricidad para separar la sal, pero en la minería se suma un gasto energético todavía mayor: bombear esa agua desde la costa hasta faenas que a menudo están a cientos de kilómetros de distancia y a gran altura sobre el nivel del mar. Cochilco proyecta que el consumo eléctrico asociado al uso de agua de mar en la minería del cobre llegará a 5,4 teravatios hora en 2034, equivalente al consumo anual de unos dos millones de hogares chilenos, con casi el 80% de esa energía destinada exclusivamente a impulsar el agua cuesta arriba. La nueva ley no fija estándares mínimos de eficiencia energética ni condiciona las concesiones al uso de energías renovables, así que esa variable queda, por ahora, fuera del marco regulatorio.
