Sobre el papel, Santa Martha es una inmensa comunidad indígena de la Amazonía peruana. Su territorio oficial supera las 14.000 hectáreas y debería permitir que sus aproximadamente 1.140 habitantes cultiven, cacen, recorran el bosque y protejan los recursos de los que dependen.
En la práctica, sus habitantes aseguran que solo pueden sentirse seguros en las 16 hectáreas donde se concentran sus viviendas. Más allá de ese pequeño núcleo aparecen zonas deforestadas, sembríos ilegales de coca, incursiones de madereros y caminos que conducen hacia pistas clandestinas utilizadas para sacar cargamentos de droga.
El mapa dice que el territorio les pertenece. El narcotráfico les ha enseñado que entrar en él puede costarles la vida.
Esperaron 25 años para confirmar sus fronteras y el nuevo plano llegó con 106 hectáreas menos
Santa Martha fue reconocida como comunidad nativa en 1979 y recibió su título territorial en 1986, según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas de Perú. Sin embargo, sus dirigentes pasaron casi un cuarto de siglo reclamando una georreferenciación moderna que estableciera con precisión dónde comenzaban y terminaban sus tierras.
El proceso concluyó en diciembre de 2025, pero trajo una sorpresa. La resolución aprobada por el Gobierno Regional de Huánuco estableció una superficie de 14.379,76 hectáreas: 106 menos que las reconocidas en el plano histórico utilizado por la comunidad.
Los comuneros sostienen que durante el recorrido técnico colocaron los hitos de acuerdo con los límites originales y que el plano presentado en la asamblea no mostraba cambios. Cuando apareció la resolución definitiva, el territorio se había encogido. Por eso, 35 habitantes salieron en julio de 2026 con machetes, equipos de precisión y provisiones para abrir su propia trocha demarcatoria. La misión terminó frustrada por la lluvia, el barro y el temor a cruzarse con los grupos que ya controlan parte del bosque.
En la selva apareció una tercera pista que nadie tenía registrada
Durante el recorrido realizado por Mongabay Latam, un dron permitió observar tres trazos abiertos entre los árboles. Dos pistas presentaban cráteres y vegetación, señales de una aparente inactividad. La tercera parecía reciente y penetraba en uno de los extremos de Santa Martha.
Los comuneros explican que la policía destruye estas pistas mediante explosivos, pero las organizaciones criminales vuelven a repararlas en poco tiempo. En el río Sungaruyacu encontraron incluso los restos de una avioneta, un recordatorio de que los vuelos denunciados por la población no son una amenaza abstracta.
La pérdida de bosque pasó de 46 hectáreas en 2024 a 220 en 2025. Entre marzo y agosto de 2026 también se registraron más de 8.000 alertas dentro de la comunidad. La plataforma estatal Geobosques confirma que la pérdida amazónica de 2025 corresponde a deforestación provocada por actividades humanas.
La coca sigue creciendo donde el Estado apenas consigue entrar
El último monitoreo oficial de los cultivos de coca contabilizó 89.755 hectáreas en Perú. De ellas, 16.466 se encontraban en territorios indígenas. Solo en Santa Martha y la vecina Unipacuyacu, las plantaciones superarían conjuntamente las 870 hectáreas.
La amenaza ya fue reconocida fuera del país. En marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al pueblo kakataibo en aislamiento tras considerar que la deforestación, los asentamientos irregulares y las pistas clandestinas ponían su vida en riesgo.
Santa Martha tiene un título, una resolución y miles de hectáreas dibujadas en un documento oficial. Lo que ya no tiene es libertad para recorrerlas. Mientras sus habitantes abren fronteras con machetes, quienes ocupan el bosque trazan las suyas con motosierras, coca y pistas capaces de desaparecer bajo la selva hasta el siguiente vuelo.
