Las grandes obras de infraestructura suelen necesitar años de planificación, inversiones enormes y tecnología capaz de superar obstáculos naturales. En ocasiones, una sola máquina se convierte en una pieza fundamental para hacer realidad esos proyectos. Pero ¿qué ocurre cuando esa tecnología llega después de un costoso traslado y la obra que debía ponerla en funcionamiento termina paralizada?
Eso es lo que sucedió con Majes Siguas II, un ambicioso proyecto de irrigación que buscaba ampliar la superficie agrícola de una región sudamericana. Una tuneladora procedente de China debía abrirse paso bajo las montañas para facilitar el transporte de agua hacia nuevas zonas de cultivo. Sin embargo, el avance quedó muy por debajo de lo esperado y la iniciativa terminó envuelta en un conflicto contractual de cientos de millones de dólares.
Una tuneladora china para abrirse paso bajo las montañas
El proyecto Majes Siguas II fue concebido para transformar parte de la región de Arequipa, en el sur de Perú, mediante la ampliación de las tierras destinadas a la agricultura. La iniciativa contemplaba una inversión total prevista de US$655 millones y la construcción de infraestructura hidráulica para llevar agua a superficies que podrían incorporarse a la producción agrícola.
Uno de los componentes centrales de la obra era el túnel de derivación Angostura-Colca, una infraestructura de más de 16 kilómetros diseñada para conducir el agua procedente de la futura represa Angostura. Para excavar ese paso subterráneo se necesitaba maquinaria especializada, capaz de avanzar a través de terrenos montañosos y completar una tarea que habría resultado mucho más compleja con métodos convencionales.
La solución fue trasladar desde China una enorme tuneladora, una máquina diseñada para perforar el terreno y construir túneles de manera mecanizada. Su llegada representaba un paso importante para el desarrollo de los trabajos, pero también implicaba un desembolso considerable.
El traslado y el montaje del equipo costaron US$29 millones. La inversión debía contribuir a poner en marcha una infraestructura estratégica para el sistema de irrigación. No obstante, el desempeño de la máquina terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más llamativos de una obra que no consiguió avanzar al ritmo previsto.
Según los datos difundidos sobre el proyecto, en septiembre de 2023 la tuneladora había excavado menos de un kilómetro, pese a que había llegado a Perú en 2017. La diferencia entre la magnitud de la inversión y el avance registrado reflejaba las dificultades que atravesaba la iniciativa.
Los millones que quedaron atrapados en un conflicto contractual
Majes Siguas II no dependía únicamente de la tuneladora. Para concretar el proyecto también era necesario coordinar las obras, cumplir los compromisos contractuales y mantener la cooperación entre las autoridades y la empresa concesionaria encargada de ejecutar los trabajos.
En ese contexto, el Gobierno Regional de Arequipa había entregado US$162 millones a la concesionaria para financiar las primeras etapas de la iniciativa. Entre las empresas que participaban en el proyecto se encontraba la española Cobra, vinculada a la ejecución de las obras.
Sin embargo, las diferencias entre las partes terminaron dificultando la continuidad de los trabajos. La iniciativa quedó paralizada y las negociaciones sobre las responsabilidades contractuales dieron paso a una disputa económica de gran magnitud.
En 2023, Cobra reclamó US$421 millones en el marco del conflicto. La cifra generó atención por su dimensión, aunque es importante distinguir entre un reclamo empresarial y una obligación de pago confirmada: ese monto correspondía a la pretensión de la compañía y no significaba que el Gobierno ya lo hubiera abonado ni que la deuda estuviera definitivamente reconocida.
Por su parte, las autoridades regionales buscaron poner fin al contrato, mientras el futuro de la infraestructura seguía sin resolverse. De esta manera, el proyecto acumuló dos problemas difíciles de separar: la falta de avances en las obras y las consecuencias económicas de la ruptura entre las partes.
La situación también dejó en evidencia que disponer de maquinaria especializada no garantiza, por sí solo, que una infraestructura de gran escala pueda completarse. La coordinación institucional, la gestión de los contratos y la continuidad de la financiación son factores igualmente decisivos.
El proyecto pasó al Gobierno nacional, pero el arbitraje siguió su curso
Las dificultades de Majes Siguas II continuaron durante los años siguientes. En 2024, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú sostuvo que el arbitraje de inversiones iniciado por Cobra contra el Estado peruano no debía impedir que el proyecto pudiera continuar.
Ese planteamiento apuntaba a separar, al menos en términos institucionales, la resolución de la disputa contractual de la posibilidad de recuperar una obra considerada importante para el desarrollo agrícola de Arequipa.
Durante ese mismo año se avanzó en la transferencia de la titularidad del proyecto al Gobierno nacional. El objetivo era encontrar una salida a la paralización y definir cómo podía retomarse una iniciativa que llevaba años sin cumplir las expectativas iniciales.
En agosto de 2025, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que Majes Siguas II había sido transferido al ministerio correspondiente. El cambio de responsabilidad abrió una nueva etapa administrativa, aunque no significó que el conflicto económico hubiera quedado resuelto.
El proceso arbitral internacional continuaba por separado, lo que mantenía abierta una de las principales incertidumbres sobre las consecuencias financieras del proyecto.
Los US$29 millones que resumen una obra llena de obstáculos
El caso de Majes Siguas II reúne varios de los desafíos que pueden afectar a las grandes obras públicas: inversiones iniciales elevadas, retrasos prolongados, desacuerdos contractuales y cambios en la administración de los proyectos.
Los US$29 millones destinados a trasladar y montar la tuneladora desde China destacan especialmente porque la máquina debía cumplir una función concreta dentro de una infraestructura de más de 16 kilómetros. Sin embargo, el escaso avance registrado hasta septiembre de 2023 mostró la distancia entre las expectativas iniciales y los resultados obtenidos.
El impacto de la paralización va más allá de la maquinaria. La ampliación de las tierras agrícolas y el acceso al agua eran los objetivos centrales de una iniciativa presupuestada en US$655 millones. Mientras la obra permanezca sin una solución definitiva, esos beneficios potenciales seguirán dependiendo de las decisiones que tomen las autoridades y de la resolución de las disputas pendientes.
La transferencia al Gobierno nacional representó un intento de reorganizar el proyecto, pero no cerró automáticamente los frentes legales y financieros. La historia de Majes Siguas II demuestra que, en una infraestructura de esta magnitud, el verdadero desafío no consiste únicamente en llevar una máquina al lugar de trabajo, sino en conseguir que toda la estructura técnica, económica y administrativa funcione de manera coordinada.
[Fuente: Diario UNO]
